El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco. El coordinador de la diputación local panista, Arturo Salinas Garza, dijo que al dejar sin castigo penal a su amigo Benavides, sólo con una multa de 7 mil pesos, el gobernador perdió la oportunidad de demostrar que su gobierno era diferente. (Archivo)
Un grupo de ciudadanos protestaron en Palacio de Gobierno por la exoneración de Rogelio Benavides Pintos por parte de la Subprocuraduría Anticorrupción en una investigación sobre la compra de 200 mil cobertores al triple de su valor.
Pedro Alejo Rodríguez, dirigente de la agrupación Ciudadano Empoderado, señaló que acudieron a exigirle al gobernador Jaime Rodríguez Calderón que cumpla su palabra de acabar la fiesta de los bandidos y tener cero tolerancia con la corrupción, como prometió al tomar posesión de la gubernatura, cuando incluso afirmó que le “mocharía la mano a los rateros”.
Pedro Rodríguez expresó que en el caso más claro de corrupción de uno de sus funcionarios, El Bronco lo está encubriendo, por lo que “tal parece que el ex subsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pintos, más que su amigo es su socio, en la adquisición de 200 mil cobijas, con un daño de 20 millones de pesos para el estado”.
Panista pide auditoría. El coordinador de la diputación local panista, Arturo Salinas Garza, dijo que al dejar sin castigo penal a su amigo Benavides, sólo con una multa de 7 mil pesos, el gobernador perdió la oportunidad de demostrar que su gobierno era diferente, y que sí iba a combatir la corrupción; lo único que ha quedado claro es que, contrario a lo que ofreció al tomar posesión, “a los bandidos no se les acabó la fiesta”.
Salinas Garza anunció que hoy presentará un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado realice una revisión sobre la adquisición de las cobijas, en tiempo real, es decir antes de que se supervisen las cuentas públicas 2015 del gobierno estatal.
Expresó que, según los mensajes que recibe, en la ciudadanía hay indignación e incredulidad por la forma en que el gobernador Jaime Rodríguez; la contralora estatal, Nora Elia Cantú, y el subprocurador en combate a la corrupción, Ernesto Canales, trataron el caso. Señaló que mientras la contralora se limitó a multar con 7 mil pesos a Benavides y no lo inhabilitó para ocupar puestos públicos, el subprocurador Canales declaró que no había delito qué perseguir, pero no fundó ni motivó una resolución por el caso de las cobijas que fueron adquiridas en 144.9 pesos, cuando el precio de mercado oscilaba entre 51 y 53 pesos.
