Hay quienes justifican la actuación del gobierno federal en Oaxaca. Otros incluso la aplauden. Me parece que antes de hacer cualquier valoración necesitamos recordar un dato al que en su momento poco se le hizo caso, pero que puede ayudarnos a comprender un poco mejor lo que en el presente estamos viviendo.
En abril de 2013, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM presentó un estudio titulado El combate a la pobreza y la campaña contra el hambre, en el que se revelaba que, entre 1970 y 2012, los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, habían destinado el equivalente a 70 mil pesos mensuales para cada pobre en el país.
Pregunto y quiero una respuesta honesta: ¿en verdad alguien saldría a protestar, a bloquear calles o a manifestarse de cualquier manera, si ese dinero realmente hubiera llegado a sus destinatarios? ¿En qué condiciones viviríamos los mexicanos si cada pobre hubiera recibido las últimas cuatro décadas, ya no digamos el total sino la tercera parte de lo que se gastó para supuestamente acabar con la pobreza? Y ni siquiera hablo de dinero en efectivo. Pienso en escuelas, hospitales y servicios públicos de calidad. ¿Habría protestas?
El problema de fondo, como revela el estudio, es que ese dinero jamás llegó a los destinatarios. En cambio, pasó a los bolsillos de políticos y empresarios corruptos que se apropiaron de algo que no les pertenecía. Son víctimas del saqueo grosero que ha sufrido el país quienes hoy salen a protestar. Se puede o no estar de acuerdo con sus demandas; se puede o no coincidir con sus formas; lo que no me parece posible es que se niegue que quienes le han hecho el peor daño al país no han sido de ninguna manera reprimidos.
¿Dónde está la mayoría de los gobernantes voraces que empobrecieron más a la población? ¿En dónde la mayor parte de los empresarios corruptores que se han hinchado los bolsillos de dinero -proveniente del petróleo y de nuestros impuestos- que debía haber sacado a la población de sus condiciones de miseria? ¿Y la mayoría de los líderes sindicales que negocian con el bienestar de sus agremiados?
Clamemos por el estado de derecho. Pero afinemos bien la puntería del dedo acusador. Comencemos exigiendo que se aplique toda la fuerza de la ley contra los gobernadores y alcaldes que saquean a manos llenas sus estados y municipios. Que se meta a la cárcel a los banqueros que impunemente practican el agio, pese a estar constitucionalmente prohibido. A las empresas contaminantes y a las que explotan a sus trabajadores. A las escuelas de paga fraudulentas, que no les importa regalar las calificaciones con tal de no perder la clientela. En fin, a todo aquel que merca con el bienestar y la prosperidad de las mayorías.
Acabemos así, de esa manera, con las protestas que tanto molestan a nuestras buenas conciencias.
