Además del testimonio y las facturas de dos empresas publicitarias, la defensa del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, presentó como parte de las pruebas ante el juez de la Audiencia Nacional española un documento de la Procuraduría General de la República (PGR) del cual hasta ayer se ignoraba su existencia. De acuerdo con una nota de Ana Anabitarte, de la Agencia El Universal y publicada por El Siglo de Torreón, el documento en cuestión es un acta con fecha del 12 de noviembre de 2014 en la que se archiva una denuncia anónima realizada por correo electrónico que acusa al político coahuilense de narcotráfico, protección criminal, nepotismo, "endeudamiento estatal" y enriquecimiento ilícito. En dicha denuncia se incluyen algunos datos sobre los señalamientos, sobre todo los relacionados a los supuestos nexos con el cártel de "Los Zetas" y al presunto aumento del patrimonio privado entre 2008 y 2010 del también expresidente nacional del PRI.
El agente del Ministerio Público federal que firma el acta asegura que no encontró indicio alguno de delito. Es decir, la PGR exoneró a Humberto Moreira; y esta exoneración, desconocida hasta ayer, fue clave para que el juez decidiera decretar la libertad sin fianza con restricciones. Lo más parecido a un as bajo la manga. Por supuesto que este hecho es motivo de muchas interrogantes. Algunas de ellas son: ¿Qué investigó la PGR? ¿Por qué no se dio a conocer la existencia de esta investigación en su momento o al finalizar la misma? ¿Por qué si una denuncia anónima puede propiciar una indagatoria, no ocurre lo mismo con la confesión del empresario Rolando González Treviño dada a conocer por las autoridades judiciales de Estados Unidos y que incrimina al exmandatario estatal?
Las preguntas hechas en torno al documento de exoneración de la PGR se suman a otras tantas que se han planteado a la luz de la información ventilada del caso que se sigue en Estados Unidos y de las inconsistencias que existen en las cuentas públicas del gobierno estatal de Humberto Moreira y Jorge Torres López (2005-2011). Los fiscales estadounidenses han seguido la ruta del dinero, alrededor de 3,000 millones de pesos, que creen fue sustraído de las arcas coahuilenses para lavarlo del otro lado del río Bravo por los participantes de una red de corrupción que operó en la pasada administración y que involucra a funcionarios, empresas, medios y grupos criminales.
De acuerdo con la investigación, Javier Villarreal y Jorge Torres fueron piezas clave de dicha red. En 2008, el primero era subsecretario de Planeación; el segundo, secretario de Finanzas. Ese año, ambos habrían comenzado a sustraer dinero del erario para lavarlo en Texas y Bermudas, según las transferencias detectadas. Empresas a nombre de Villarreal comenzaron a aparecer, mientras en Coahuila empezaba a contratarse créditos bancarios sin control. Villarreal fue ascendido por Humberto Moreira a secretario de Finanzas y luego lo puso al frente del SATEC, una especie de supersecretaría que concentró todas las funciones fiscales y financieras del gobierno. Torres, por su parte, fue nombrado secretario de Desarrollo Social y en 2011 gobernador interino, luego de haber ejercido en 2010 recursos sin precedentes, unos 10,400 millones de pesos, en programas sociales de los cuales sólo se pudo fiscalizar el 14 por ciento.
Humberto Moreira llegó a la presidencia nacional del PRI en marzo de 2011, en lo más alto de su popularidad. Su hermano Rubén, actual gobernador, era diputado federal y había sido hasta 2010 presidente estatal del PRI con una enorme influencia sobre el gobierno de su hermano. ¿En verdad ninguno de los dos sabía lo que Villarreal y Torres estaban haciendo? ¿Es lógico pensar que ambos funcionarios hayan podido actuar a la sombra de su propio jefe y hacer todo ellos solos, sin ayuda de nadie? ¿Por qué la Procuraduría de Justicia del Estado no ha actuado contra Jorge Torres a pesar de que la justicia norteamericana lo ha declarado prófugo? ¿Qué ha investigado el gobierno de Rubén Moreira respecto a la deuda de Coahuila? Hasta ahora nada.
A la par del crecimiento de la deuda de Coahuila, que tuvo su mayor incremento en 2010, es decir, el año previo al salto de Humberto Moreira al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, los índices de criminalidad y violencia comenzaron a elevarse a niveles nunca antes vistos. En 2009, el entonces procurador Jesús Torres Charles fue nombrado por el exgobernador titular de la Fiscalía General del Estado, una megacorporación en la que se fusionaban las funciones de seguridad, procuración de justicia y penitenciarías. De 2008, año previo a la creación de la Fiscalía, a 2012, último año de la misma, la cifra de homicidios dolosos se multiplicó por cuatro, la de secuestros por cinco y la de robos violentos por tres. Las calles se convirtieron en campo de batalla. La población quedó a merced de los grupos criminales. Las policías fueron infiltradas. Las instituciones prácticamente desaparecieron al igual que 1,600 personas. Las autoridades renunciaron a su función de brindar seguridad y justicia.
En diciembre de 2011, ya con Rubén Moreira en la gubernatura, Torres Charles dejó el cargo de fiscal y se convirtió en asesor jurídico del nuevo gobierno. Tres meses después tuvo que renunciar debido a una investigación en su contra por presuntamente haber brindado protección a criminales. Dos años después fue absuelto por un juez. ¿Las autoridades estatales en esos años fueron cómplices o incompetentes? En cualquiera de los casos ¿no tendría que haber investigado la actual administración el proceder de los funcionarios del sexenio pasado?
Hay una versión "oficial" sobre lo que pasó en Coahuila entre 2005 y 2011. Por lo que se ha visto hasta ahora, esa versión exculpa a Humberto Moreira de toda responsabilidad, postura que ya ha asumido también la PGR. Según esta versión, el exgobernador fue "engañado" por sus colaboradores, incluso "víctima" de ellos. En lugar de la hipótesis de la responsabilidad han optado por la de la incompetencia. Ahora resulta que ninguno de los dos Moreira sabía nada de lo que estaba pasando en Coahuila. ¿En dónde estaban, entonces? ¿Hacia dónde miraban? Concediendo que esta versión fuera cierta ¿cómo se puede gobernar un estado con ese nivel de inconciencia, distracción y negligencia? ¿Quién gobernaba en esos años? ¿Quién gobierna ahora? ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Quién las toma ahora? Porque la incógnita es la misma desde hace cinco años: ¿dónde están los 18,000 millones de pesos que desaparecieron de las cuentas públicas? Pero la misma es también la negación a responder.
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