Proceso. La Cámara deDiputados retiró el fuero a la diputada Lucero Sánchez, quien fue vinculada con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. (ARCHIVO)
Con 414 votos a favor y 37 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez, para que la Procuraduría General de la República pueda proceder penalmente en su contra, en la investigación por sus posibles vínculos con Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa.
La diputada panista está acusada del delito de uso de documento público falso, por utilizar una credencial para votar con nombre falso para ingresar al penal del Antiplano y visitar al "Chapo" Guzmán, en septiembre de 2014.
Ante los diputados, Arturo Ruiz Toribio, representante del Ministerio Público Federal, aseguró que la las pruebas periciales están plenamente sustentadas y demuestran que la credencial utilizada por la diputada sinaloense era falsa.
Explicó que las autoridades compararon la credencial para votar falsa con la licencia de conducir de la legisladora y la fotografía que la presenta como integrante del Congreso de Sinaloa. Los análisis y peritajes, dijo, concluyeron que existe "semejanza" morfológica entre las fotografías referidas, y la mujer que ingresó al Altiplano, y a quien el líder del Cártel de Sinaloa pidió acreditar como persona de su confianza.
"La falsedad de la credencial para votar que usó Lucero Guadalupe Sánchez López se encuentra plenamente probada con los informes comprendidos por el Instituto Nacional Electoral, de los que se desprende la inexistencia de registros de expedición e incluso que el folio pertenece a otra persona", añadió el MP.
Ruiz Toribio aseguró que Sánchez López sabía que la credencial era falsa y aun así la usó para identificarse ante el personal de seguridad del Altiplano, "vulnerando la veracidad, confianza y seguridad de las credenciales expedidas por el entonces Instituto Federal Electoral".
Al aprobar la declaración de procedencia, en una votación de apenas 5 minutos y una sesión de apenas dos horas, los legisladores coincidieron que "hay elementos suficientes para tener por justificada la existencia del delito de referencia y la probable responsabilidad penal de la citada funcionaria en su comisión", apunta el dictamen.
Por considerar que el desafuero fue una "farsa" y que no había elementos claros en contra de Lucero Sánchez, los diputados de Morena, los perredistas Maricela Contreras y Arturo Santana y el priista Carlos Sarabia se abstuvieron.
Al fundamentar la Declaración de Procedencia solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR), el diputado priista Ricardo Ramírez, presidente de la Sección Instructora, aseguró que después de agotar todas las etapas procesales y evaluar el material probatorio, se concluyó la "existencia del delito de uso de documento falso", que da lugar a proceder penalmente en contra de la diputada de Sinaloa.
En los posicionamientos, el diputado independiente Manuel Clouthier dijo: "Se pretenden presentar casos como individuales para salvar al sistema corrupto, este es el caso de la diputada Lucero Sánchez, donde no se ha señalado a los partidos que la postularon en alianza, y no se ha dicho que su postulación fue por recomendación del gobierno de Sinaloa".
El diputado panista Juan Pablo Piña, emitió su vto a favor del desafuero pero cuestionó si se debe pagar un penal de máxima seguridad cuyo control y sistema de vigilancia tardan ocho meses en advertir que ingresó una persona con una identificación falsa. "¿Por qué no se denunció antes de transcurrido ese plazo? ¿Quién dio la instrucción o quién no quiso formular esa denuncia?", dijo.
Las circunstancias del hecho, aseguró, acusan corrupción e ineficiencia del sistema penitenciario federal y apuntó que hubo omisiones e irregularidades por parte del gobierno federal en torno a la vigilancia y supervisión en el Altiplano.
El diputado Alfredo Basurto, de Morena, consideró que la Sección Instructora no hizo bien su trabajo, y los dictámenes periciales ofrecidos por la defensa de la diputada local y la Fiscalía Federal presentan contradicciones. "El procedimiento está viciado", dijo.
Cuestionó que "hay más de 350 expedientes, empolvados y archivados, contra funcionarios que ostentan cargos públicos, y donde se afecta el patrimonio de la nación". No obstante, agregó, "aquí se distrae con un caso menor de falsificación de documentos".
Por su parte, Rubén Antonio Tamayo, abogado defensor de la diputada Sánchez López, aseguró que las pruebas en contra de su cliente no son suficientes.
