A la medida. Los senadores priistas Miguel Romo y Emilio Gamboa Patrón durante la sesión para la aprobación de la Ley de Responsabilidades Administrativas. (EL SIGLO DE TORREÓN)
La aprobación de la Ley de Responsabilidades Administrativas en el Senado levantó la inconformidad de las organizaciones de la sociedad civil que promovieron la iniciativa ciudadana conocida como Ley '3 de 3', al no garantizar en el texto del artículo 29 el formato para la presentación obligatoria de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los funcionarios públicos.
En los términos que fue aprobada la madrugada de ayer miércoles 15 de junio, la Ley de Responsabilidades Administrativas dejó afuera la definición de los formatos para garantizar la información que de manera obligada deberán publicar los servidores públicos al presentar sus declaraciones.
De allí la propuesta de modificación al artículo 29 de la ley que presentó el PAN, con el fin de incluir ya en el texto de la legislación el formato disponible en la plataforma '3 de 3', que opera desde las elecciones intermedias de 2015 y fue la propuesta original de las organizaciones civiles para garantizar los datos que todo funcionario público deberá integrar en sus declaraciones.
El Senado, sin embargo, desechó la reserva con el voto de 59 senadores del PRI, 6 del PVEM y un independiente, la abstención de la senadora Ana Guevara y la ausencia de 17 senadores, entre ellos, los panistas Héctor Larios y Jorge Luis Preciado; los perredista Fidel Demédecis y Luz María Beristáin y Manuel Bartlett y Layda Sansores, del PT.
En los términos aprobados ayer, la Ley de Responsabilidades Administrativas deja en manos de un comité ciudadano -previsto en la legislación- la definición de los formatos que deberán utilizar los políticos para presentar sus declaraciones de bienes, de cumplimiento fiscal y de intereses.
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), expresó su frustración por el resultado de la ley que forma parte del Sistema Anticorrupción, al considerar que no salió en los términos que los ciudanos esperaban.
"Desgraciadamente el PRI y el PVEM cerraron filas contra la posibilidad de trasparentar el patrimonio y los intereses de los servidores públicos y de los propios miembros del Congreso", dijo.
Hubo matices legislativos, afirmó, que dejaron que las declaraciones patrimoniales y de intereses sean públicas siempre que los funcionarios den su autorización, y sólo estarán obligados a presentar la carátula de la declaración fiscal, pero no su contenido.
PRIISTAS DEFIENDEN SU VOTO
La senadora priista por Durango, Yolanda de la Torre, defendió el voto del PRI que detuvo los cambios propuestos por el PAN, al asegurar que fueron las propias organizaciones civiles las que propusieron que el comité ciudadano se hiciera cargo de los formatos de las declaraciones.
Eduardo Bohórquez, como representante legal nombrado por las organizaciones que presentaron la iniciativa #3de3 lo dijo en tribuna, aseguró la senadora. "Él dijo: queremos que el comité ciudadano lo haga y ese fue el acuerdo. Ellos representan a los ciudadanos, ellos impulsaron eso", afirmó.
"Yo voté en contra de la propuesta de modificación que presentaron PAN y PRD al artículo 29 porque contravenía el dictamen que ya se había acordado", aseguró la senadora.
Dijo que el voto a favor de modificar ese artículo iba "en contra del compromiso que ya habíamos asumido con los ciudadanos. Nosotros sí confiamos en los ciudadanos y por eso lo dejamos (la decisión de los formatos) en sus manos".
La senadora priista defendió la responsabilidad que asumirá el Comité Coordinador y su carácter ciudadano, que garantizará su actuación, dijo. "Son ciudadanos nombrados por otros ciudadanos, que van a decidir los formatos".
La legisladora llamó también la atención sobre la actuación de los senadores de PAN y PRD, quienes pidieron incluir la definición del formato en la ley y "casualmente" ya no estuvieron en la votación.
"Ellos son mayoría. La oposición es la mayoría y PRI y PVEM juntos no los superamos", dijo.
Por eso aseguró que estas críticas en contra de su partido son un asunto político y defendió: "Los expertos mismos dicen que es una gran reforma", afirmó.
¿Qué dice el artículo de la discordia?
Las modificaciones a las propuesta 3de3 fueron:
- Las declaraciones patrimonial y de interés serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité coordinador, a propuesta del comité de participación ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.
- En el sistema de evaluación patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la declaración fiscal de la plataforma digital nacional, se inscribirán los datos públicos de los servidores obligados a presentar declaraciones.
- Las secretarías y órganos internos de control realizarán una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales, de interés y evolución del patrimonio de los servidores públicos. De no existir ninguna anomalía expedirán la certificación correspondiente. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda.
"Lo que es una tontería es la exigencia de la declaración 3de3 a cualquier persona que haga contacto con el Estado mexicano”. — Mauricio Merino, investigador del CI
