Complicado. A pesar de los aumentos, senadores vislumbran un futuro complicado para el país.
Senadores del PAN, PRD y Morena criticaron la decisión del Gobierno federal de incrementar otra vez el precio de los combustibles y las tarifas de luz.
Fernando Herrera, coordinador de los panistas, aseguró que la medida tendrá un impacto negativo en la economía de las familias, pues derivará en un aumento a la inflación.
El legislador aseguró que la administración federal se ha visto obligada a tomar esas medidas ante la corrupción y la incapacidad para aplicar las reformas aprobadas por el Congreso.
"Las reformas han sido mal aplicadas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que provoca falta de resultados en beneficio de la población", dijo.
Herrera demandó al Gobierno detener el ritmo de crecimiento de la deuda pública y comprometerse realmente a reducir su gasto.
En tanto, Dolores Padierna, del PRD, advirtió que el comportamiento del Gobierno para regular el precio del Gas LP evidencia el riesgo de un mayor incremento a la gasolina y la electricidad.
"El Gobierno federal ha perdido el control sobre aspectos fundamentales como el gas LP y está demostrando incapacidad para regular los excesos de las empresas, ¿qué pasará con la liberalización de la gasolina, la electricidad?, lo mismo que está pasando con el gas LP", señaló.
Mario Delgado, senador de Morena, acusó que la deuda pública del gobierno lleva una trayectoria insostenible que podría llevarla a superar 50 por ciento del PIB al cierre del sexenio.
Piden nombres de operadores
El juez responsable del principal juicio iniciado contra Elba Esther Gordillo le pidió al Juan Díaz de la Torre, secretario del SNTE, entregarle el directorio de funcionarios que integraban los organismos responsables de las finanzas de los últimos cinco años de la dirigencia de la Maestra.
También le exigió datos de quienes estaban encargados de la vigilancia del ejercicio de recursos en el mismo período.
El juez Alejandro Caballero Vértiz es el responsable del juicio iniciado contra Gordillo por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, este último por el presunto desvío de mil 978 millones de pesos del SNTE para su beneficio.
