Análisis. Las reformas avaladas por el Congreso de Coahuila, están cargadas para los empresarios, aseguró ayer el gremio.
Las reformas que aprobó el Congreso de Coahuila a leyes estatales para castigar con cárcel a quienes sean proveedores o contratistas de dependencias públicas donde laboren familiares suyos, socios o con quienes sostengan una relación personal, están más cargadas a los empresarios y a los funcionarios públicos "no se les va a tocar ni con el pétalo de una rosa".
Según las cámaras empresariales de La Laguna, son reformas ambiguas que necesitan complementarse.
Agustín Arellano, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), aseguró que sigue existiendo impunidad y coincidió con la diputada panista, Larizza Montiel quien dijo que estas reformas no abonan a la transparencia.
"Tiene razón en ese sentido, se menciona el castigo que se le dará a la persona que cometa ese delito pero a los funcionarios no se les va a tocar ni con el pétalo de una rosa, debe ser pareja la ley", comentó.
Arellano aseguró que el empresariado en las próximas reuniones, analizará esta situación.
Por su parte, Eugenio Treviño, coordinador del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), añadió que los funcionarios públicos también deben tener responsabilidades en estas reformas.
"Y necesitamos complementarlas, al proveedor y al prestador de servicios se le exigen muchas garantías para poder cumplir con todos los contratos pero el Gobierno no está comprometido, por ejemplo, con un pago en tiempo y forma", expuso.
Para Carlos Rangel Orona, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón, apoyó las reformas pero dijo que estarán "en mesa de análisis".
Cabe señalar, que cárcel de 6 meses a 6 años, más sanciones económicas son las penas propuestas y aprobadas para castigar el conflicto de intereses.
En contraste, esta falta es sancionada en la Ley de responsabilidad de los servidores públicos con apercibimientos e inhabilitaciones a funcionarios.
