Además de frenar cambios que se requieren para que las nuevas generaciones tengan acceso a una mejor educación, en especial en algunas de las zonas más castigadas por la pobreza y la exclusión, el conflicto con la CNTE está generando afectaciones muy graves y cuantificables en una muy diversa gama de actividades y en el mismo ánimo de la población.
Una pequeña minoría, conformada por grupos que poco representan a los maestros y en su mayoría responden a intereses particulares, está trastornando la vida económica, social y política del país, con métodos violentos e ilegales.
A los problemas de desabasto de productos básicos para la población de las regiones en las que se concentran las movilizaciones, se agrega el que padecen varias ramas industriales, comerciales y de servicios en regiones amplias e incluso con repercusiones nacionales, debido a bloqueos de carreteras y ferrocarriles.
Hay una disrupción aguda, con efectos en cadena, de ciclos de negocio y procesos productivos que son esenciales para las comunidades y para la subsistencia no sólo de las empresas, sino de sus propios empleados y trabajadores: miles de personas que dependen de su trabajo diario.
No es de extrañar el que, en esas condiciones, se estén dando paros técnicos en centros de trabajo, junto a la acumulación de pérdidas millonarias. El riesgo, totalmente real, es que éstos se multipliquen, no sólo por las causas magisteriales, sino mañana o pasado por reclamos locales o particulares: que cada quien vea por sus propios intereses, sin respetar la ley y el derecho de todos.
En el puerto de Lázaro Cárdenas se estima una disminución en la llegada de contenedores de cerca de 17 %, paralelamente a la suspensión intermitente del servicio ferroviario, en ocasiones con más de 150 trenes detenidos, con un costo promedio diario de 20 millones de pesos.
Súmese a eso las filas de camiones varados de hasta 15 kilómetros que se han registrado en algunas carreteras o casos como el sector siderúrgico, que denuncia pérdidas por alrededor de 700 millones de pesos por falta de materiales.
Pero no solamente se afecta a las grandes industrias y cadenas. Muy señaladamente, están sufriendo también los daños las pequeñas empresas, que además tienen mucho menor margen de maniobra para hacer frente a las pérdidas. A ellos, que invierten su esfuerzo, su trabajo y su patrimonio personal, se les está negando la posibilidad de salir adelante, de superarse y construir un futuro para sus familias.
En el sector empresarial, el reclamo viene tanto de microempresarios locales y Pymes regionales como de corporativos nacionales e internacionales y sus organismos representativos.
Porque los derechos humanos son de todos y éstos no se limitan al de protestar; los reclamos no pueden ser justificación para que se coarten las demás garantías legales que todos tenemos -a circular libremente, trabajar, ir a la escuela-, se violente a las personas y se dañe a las economías familiares. Las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de garantizar el respeto a la ley, evitando la anarquía.
Una sociedad no puede funcionar si no se cumple el requisito mínimo del Estado de derecho: si se viola la ley y no hay consecuencias, si no existe seguridad física y patrimonial, ni justicia efectiva. Más aún, si la intransigencia y la violencia son premiadas con canonjías o claudicaciones, dejando el pésimo ejemplo de que la afectación a terceros es una vía efectiva para resolver problemas o soluciones a demandas, legítimas o no. Si en aras de resolver un problema político desde el diálogo, se concede la no aplicación de la ley y sus consecuencias para quien la infrinja, se generan muy graves precedentes políticos y sociales. Tolerar la infracción sistemática de la ley no va a resolver la problemática; al contrario, la perpetua.
Y en paralelo, se incuba la polarización dentro de la sociedad. El encono de unos grupos contra otros en un enfrentamiento que agrede a terceros afectados y que alienta la fractura social que a nadie beneficia y que no lleva a ningún destino positivo.
El debate educativo se debe dar, para encontrar las soluciones a los temas técnicos, pero en el marco del respeto, y no a cualquier costo: el diálogo es necesario, pero difícilmente puede prosperar bajo chantaje y a costa de los derechos de todos. El quebranto de la ley no puede quedar impune. Las soluciones sustentables están en el respeto mutuo, la legalidad y la convivencia pacífica entre todos los mexicanos. Sólo a través del fortalecimiento de las instituciones, las leyes y el Estado de derecho se podrá generar inversión y desarrollo homogéneo en nuestro país, para todos los mexicanos.
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