Ante las inconsistencias de la versión del Procurador, por petición de los papás de los alumnos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para cooperar en las investigaciones iniciadas por el estado mexicano. A los argumentos para explicar la desaparición forzada no les han faltado las simplonas respuestas que pretenden descalificar al emisor, pero que no responden al mensaje.
El informe presentado en septiembre de 2015 por el GIEI señaló que los futuros profesores de escuelas rurales, varios de ellos pertenecientes a grupos originarios, no fueron asesinados en el basurero de Cocula, y apuntó de acuerdo con los expedientes oficiales, que los militares tuvieron conocimiento del trayecto de los estudiantes el día de su desaparición. Recientemente el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, confirmó dicha información mediante el análisis de los videos grabados por las cámaras de seguridad de la ciudad de Iguala. Hasta la fecha el gobierno mexicano no ha facilitado que el GIEI entreviste a los militares.
Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, ambas integrantes del GIEI, denunciaron que grupos vinculados a intereses económicos y cúpulas políticas, han iniciado una campaña de desprestigio en su contra. Entre otras acciones, es relevante la conferencia realizada el 12 de enero de 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, universidad de inspiración cristiana, en la que participó el militar colombiano Luis Alfonso Plaza Vega, sentenciado por desaparición forzada en su país y liberado cinco años después en un proceso muy cuestionado.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) que agrupa 700 mujeres intelectuales y activistas de países como Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, informó que "ambas exfiscales han sido reconocidas a nivel internacional por investigar crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales; así como por juzgar y denunciar la corrupción en sus respectivos países, juzgando principalmente a actores poderosos como los militares, narcotraficantes, políticos, abusadores sexuales, entre otros, logrando sentencias históricas sin precedente".
En el escenario actual de México, donde hay más de 24 mil personas desaparecidas desde el año 2006, la forma en que se resuelva el caso de los 43 estudiantes resulta de vital importancia, entre otras razones, porque la evidencia que acompaña a las primeras conclusiones del GIEI señalan la participación de alguna manera del estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno y la de las Fuerzas Armadas. De asumir esta realidad con sus debidas consecuencias, podría significar un cambio de paradigma en la sociedad mexicana: el Estado, como parte del ejercicio de sus funciones, debe hacer justicia inmediata en este caso y al resto de víctimas de desaparición forzada, sin que los afectados tengan la necesidad de acudir a instancias internacionales.
Las investigaciones de GIEI han demostrado que es científicamente improbable que los hechos ocurrieran tal como lo dio a conocer la PGR. Se han encontrado indicios de tortura previa a la declaración de los detenidos; también está probado que la policía local y el Ejército conocieron los hechos, pues hay registro de que recibieron llamadas de auxilio. Se ha cuestionado por qué la PGR no ha hecho públicos los videos que evidencian la participación de cuerpos policiales. Hasta ahora no se conoce por qué en las investigaciones del gobierno se omitió la mención de uno de los camiones involucrados en los hechos.
La PGR puede y tiene la obligación de ayudar a llegar a la verdad de lo que ocurrió en Ayotzinapa. En el momento actual del proceso, la exigencia del GIEI hasta ahora es clara: entrevistar a algunos miembros del Ejército Mexicano y ampliar su investigación a los cuarteles militares. Arguentos solidos respaldan la petición, la respuesta, al más puro estilo de este sexenio, ha sido: evasiva, mediatica y con intención de descalificar al que presenta argumentos.
