Señalado. El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, vive una gran crisis debido al desempeño de su administración en lo económico, en la seguridad, en las relaciones exteriores y por los escándalos en los que ha estado inmiscuido.
La destitución de un Presidente en México es prácticamente imposible si no ocurre alguno de los supuestos que marca el artículo 108 de la Constitución: "sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común".
Esto no significa, sin embargo, que el sistema político mexicano no pueda o deba cambiar para abrir la posibilidad de destitución de un presidente, dice Daniel Vázquez, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
"Pero es un tema muy delicado y con muchas aristas, que no puede abordarse a la ligera porque sí agrega un elemento de inestabilidad fuerte al sistema", advierte Vidal Romero, jefe del Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Explica que los sistemas presidenciales -como el mexicano-, a diferencia de los sistemas parlamentarios, precisamente tratan de evitar esa inestabilidad en el sistema a causa de destituir al Ejecutivo o que el Ejecutivo pueda ser removido en cualquier momento.
"Ese es su lado negativo", dice. Pero hay uno positivo: "al haber algún mecanismo de destitución, se crea una amenaza creíble de que hay consecuencias ante ciertas conductas", afirma Romero.
El reto es determinar bien qué conductas sí podrían ser materia de juicio político en el caso de un presidente, porque si quedan demasiado abiertas las opciones, entonces cualquier conducta podría prestarse a juicio por intereses políticos, y eso lo convertiría en una figura muy peligrosa para el sistema presidencial, advierte el académico del ITAM.
En otro nivel, dice Romero, ya tuvimos la experiencia del intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno del DF, por un asunto que involucraba una calle. Por eso hay que tener cuidado, dice. "Si nos vamos a esos detalles, seguro vamos a encontrar siempre algo y eso hace a la destitución una figura muy peligrosa".
QUEDA PENDIENTE EN NUEVO SISTEMA
Daniel Vázquez, de Flacso, advierte que la falta de un mecanismo de destitución presidencial es un tema que quedó pendiente en el Sistema Nacional Anticorrupción, pues mantiene al presidente "como una figura intocable", dice.
Hasta ahora, dice, los funcionarios públicos enfrentan tres tipos de responsabilidad: la política, la administrativa y la penal. "Tenemos juicios políticos y juicios de procedencia ante las cámaras de Senadores y Diputados, que operan para un montón de servidores públicos, pero no para el Presidente, en la medida en que solo es responsable ante mecanismos penales en los supuestos que cita el artículo 108 de la Constitución.
Pero incluso antes de que se hiciera efectiva una acción penal contra el Presidente, agrega, "primero tendría que pasar el juicio de procedencia ante la Cámara de Senadores y sólo si los senadores lo votan, entonces se puede proceder en su contra".
Frente a esas consideraciones, Vázquez advierte que sí hace falta un procedimiento de destitución, "porque la responsabilidad política claramente es insuficiente".
Explica que en términos institucionales es necesaria una reforma que permita una de dos opciones: "Un proceso de revocación del mandato, y no sólo del presidente sino de todas las autoridades elegidas por voto popular. O un proceso de destitución a través de alguna de las cámaras del Congreso, como sucede en Brasil con Dilma Rousseff".
Son dos cosas muy distintas, dice, porque uno supone la participación ciudadana y el otro restringe la decisión en el círculo de la clase política.
"En ese sentido yo preferiría un mecanismo de revocación del mandato, que no lo tenemos en México, aunque ha estado rondando en las últimas reformas electorales, pero no termina de consolidarse. Cosa rara porque esa es precisamente la figura más democrática para evaluar a los servidores públicos que son elegidos vía voto popular", dice.
Vázquez considera que el diseño institucional más adecuado para una democracia como la mexicana sería un mandato presidencial de 4 años, con elecciones intermedias para la renovación de la Cámara de Diputados y la facultad de revocación del mandato cada dos años.
"Sería lo ideal porque esa elección intermedia permitiría también decidir si el presidente se mantiene para el resto del periodo", afirma.
Para Vidal Romero, del ITAM, "el sistema ideal es uno en donde sí existe la posibilidad de destitución, pero a través del Poder Judicial. "De hecho ya está así en la Constitución. Cuando hay delitos graves, el presidente puede ser juzgado".
El académico considera que la reforma tendría que venir por el lado de una fiscalía. "Se trata de saber quién va a acusar el presidente y en muchos sistemas es un fiscal, equivalente a un procurador. Pero aquí lo nombra el presidente y entonces no lo va a acusar. Lo que tenemos que tener es un fiscal independiente que pueda acusar incluso al presidente", dice.
Por eso, agrega, convertir a la Procuraduría General de la República en una fiscalía es un paso necesario para pensar quizá en un mecanismo de destitución. "El poder judicial actúa a partir de acusaciones, pero resulta que no hay nadie que acuse. El primer paso es que haya un acusador y arreglar al Poder Judicial que también tiene sus problemas. Hay que encontrar quien acuse, pero que no sean los oponentes políticos. Es mejor un fiscal que acuse y luego que lo evalúe una corte, el poder judicial, esos son los procedimientos más democráticos", advierte.
Para ello, sin embargo, no basta con la reforma del sistema nacional anticorrupción, aclara. "Hace falta toda una reforma al sistema de impartición de justicia porque el día que arreglemos el asunto del fiscal también le vamos a pegar al problema de la corrupción".
Si la destitución de un presidente no es hasta ahora una opción viable en el sistema político mexicano, su renuncia sí, pero sólo por "causa grave", como anota el artículo 86 de la Constitución: "El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia."
Esta "hipótesis contenida en este precepto supone la existencia de algún tipo de crisis política que coloca al titular del Ejecutivo en la necesidad de separarse de su alto cargo", anota el texto La Constitución Política comentada por Eduardo Andrade Sánchez, publicado en la biblioteca en línea de la UNAM.
Por lo tanto, "aún tratándose de una causa vinculada con el estado de salud del presidente, la situación tiene que haber llegado a tal extremo que no sea posible sustituirlo temporalmente", advierte Andrade Sánchez.
Lo cierto, dice Vázquez, es que "en México nadie renuncia". La única vez que la Cámara de Diputados aceptó la renuncia de un presidente fue en la XXVI Legislatura del Congreso de la Unión, cuando la presentaron el presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, el 19 de febrero de 1913, en condiciones críticas derivadas del golpe de Victoriano Huerta.
