SCJN, entre la renovación o la protección

A lo largo de su historia bicentenaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha fortalecido como un tribunal constitucional, con autonomía institucional.

Desde 1987, y con las reformas constitucionales de 1994 y 2011, la Corte ha desempeñado un papel muy importante en la interpretación y protección de algunos derechos, así como de certeza dentro del sistema político, dice Alberto Abad Suárez Ávila, doctor en derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

"Es una institución confiable", dice. Aunque hay temas qué mejorar, como el método de elección de los ministros.

"La forma de elección de los magistrados no es adecuada, porque al elegirlos por terna que propone el Presidente, en realidad no sabes quién de los tres es su favorito", explica Abad.

Con él coincide Humberto Guerrero, coordinador del área de Derechos Humanos de Fundar, quien afirma que hace falta una reforma para modificar el procedimiento de elección de los ministros, con el propósito de darle transparencia y abrirlo a la sociedad civil.

"Los ciudadanos y las organizaciones estamos por completo fuera del procedimiento de elección de ministros. No somos tomados en cuenta", dice.

Durante el ultimo proceso de elección, en el que fueron elegidos la ministra Norma Lucía Piña y el ministro Javier Láynez, los senadores ignoraron todas las propuestas y sugerencias de perfil que aportaron especialistas y organizaciones civiles en los foros organizados sobre el tema.

Lo mismo sucedió con el proceso de elección del ahora ministro Eduardo Medina Mora. "En el dictamen del Senado, en ningún lado aparece alguna referencia sobre los cuestionamientos en su contra por violaciones a derechos humanos", afirma Guerrero.

"En un ejercicio mínimo democrático -dice- se hubiera esperado que el Senado respondiera al menos a esos argumentos".

Por las suspicacias y dudas que despierta el proceso de elección de ministros, Abad Suárez Ávila considera que quizá un método adecuado sea que el Presidente proponga a una sola persona. De esa manera, explica, "habría una mejor auscultación, nos permitiría conocer mejor el perfil de su propuesta, y que el Senado pudiera tomar una decisión más centrada en el candidato".

Otra posibilidad, dice, es que en la conformación de la terna también participara la sociedad civil, aun cuando la propusiera el Presidente. "Por ejemplo -explica-, la sociedad civil podría proponer a diez candidatos y el Presidente elegir a tres de ellos".

Para el especialista, el proceso de terna es como el juego de dónde quedó la bolita. "No sabemos quién es el candidato del Presidente o su elegido, pero sabemos que no es una elección en la que tres tengan posibilidad. Hay uno con posibilidad y dos que lo acompañan en la terna", dice.

Pero lo ideal, asegura, es que la sociedad civil participara y fuera un proceso mucho más abierto.

Opiniones encontradas

Para Humberto Guerrero, de Fundar, la cooptación del proceso de elección de ministros por parte del Ejecutivo evidencia "una clara intención de cerrar la posibilidad de que la sociedad civil participe en los procesos de elección de ministros, para mantener un control sobre ese espacio.

Ahora, en cambio, "hay el riesgo de que la Corte transite hacia posiciones más conservadoras, justo cuando comenzaba a consolidarse como un tribunal de derechos", dice.

Por eso, agrega, para saber si la SCJN es confiable, "vamos a tener que ver qué sucede en los próximos años: si se confirma que sigue caminando hacia la defensa de derechos o va hacia atrás".

Pero la opinión de Abad Suárez Ávila es otra. Para el especialista en derecho, el país "sí tiene una buena Suprema Corte. "Es un poder que está a la altura de los tribunales que hacen interpretación constitucional".

Hace un buen trabajo, y en general es un poder con mayor credibilidad, dice. No obstante, destaca que todavía le faltan temas por abordar. Entre ellos, los derechos sociales. "En conflictos ambientales o laborales -dice-, sigue un poco retrasada, así como en temas indígenas y de multiculturalismo".

Sin embargo, agrega, ha cumplido con su función de discutir grandes temas, aunque no necesariamente su respuesta para cada uno ha sido la más óptima. A pesar de ello, dice, "si queremos una corte que discuta los casos difíciles, pues para eso está diseñado el sistema de control constitucional".

Herrera, de Fundar, advierte que en la agenda de los ministros habrá temas que pondrán a prueba a la SCJN. "Vienen casos importantes que tienen que ver con apertura de la información en el contexto de violaciones graves a derechos humanos", dice.

El especialista en derechos humanos también advierte que llegará a la Corte casos relacionados con la reforma energética y los proyectos extractivos. "En esos temas todavía hay muchas salvaguardas de reserva de información por considerarlos de seguridad nacional".

Advierte además que la Corte también se probará con las sentencias que vengan de tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"La SCJN había dado pasos importantes en ese sentido, al reconocer la obligatoriedad de sentencias que vinieran de tribunales internacionales". Sin embargo, agrega, ya tuvo un primer revire al decir que no serán obligatorios cuando se contrapongan con la Constitución".

Por eso, Herrera considera que una forma de evaluar a la Corte es revisar si el tema de los derechos es el eje conductor de sus resoluciones. Aunque advierte que ahora hay un desequilibrio muy grande entre los ministros. "Encontramos posiciones que pueden ser diferentes, pero que su eje rector son los derechos, y otras que dejan mucho que desear, con posturas donde los derechos ni siquiera son tomados en cuenta como un referente".

El temor, dice, es que este tipo de posturas más solidas en derechos se concentren sólo en unos cuantos ministros que se vayan quedando solos y aislados.

Para Abad Suárez Ávila, hay otra preocupación: la saturación de casos pendientes de resolver en la SCJN. "Atiende muchos casos que no debería resolver una suprema corte, sino los tribunales colegiados", afirma el especialista.

Por ejemplo, dice, "viene una carga enorme con los amparos fiscales que podrían resolver los tribunales colegiados, y no llegar a la Suprema Corte. Esa carga en materia fiscal es enorme y le quita muchísimo de su tiempo".

Esta sobre carga de trabajo, afirma, es un obstáculo para una justicia expedita y eficiente. "La saturación afecta la efectividad de la impartición de justicia", afirma.

De acuerdo con el investigador universitario, doctor en derecho, la SCJN resuelve entre 5,000 y 7,000 casos al año, cuando una corte no debería revisar más de 30 asuntos por semana.

"Si la SCJN pudiera enfocarse a resolver temas importante, en lugar de resolver muchos casos, podría tener mejores resultados", afirma.