Exigencia. Ricardo Anaya (Cen.), junto a Javier Corral (Izq.) y Damián Zepeda, pidieron frenar la impunidad de gobernadores.
Para contrarrestar el "paquete de impunidad" que concertó el PRI de Quintana Roo y el gobernador saliente, Roberto Borge, el PAN prepara una ofensiva jurídica que incluiría acciones administrativas y penales.
"El gobernador está en una estrategia de huida para evitar que le pueda hacer algo por todos sus atropellos", advierte el secretario general del PAN, Damián Zepeda. Pero "no lo vamos a permitir", afirma.
En entrevista, explica que su partido analiza las opciones jurídicas para revertir este paquete de impunidad, mediante acciones legales que incluyen amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, responsabilidades administrativas y penales, y aun la revocación del mandato de los funcionarios recién nombrados, "una vez que tome posesión el próximo Congreso que debió decidir estos temas".
Zepeda asegura que hay viabilidad para estas acciones legales y "vamos a hacer uso de todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance", para evitar que Borge y sus colaboradores "salgan impunes de los delitos que han cometido". Destaca que los priistas y el gobierno local "nombraron a quienes podrían investigar, acusar y juzgar la gestión de Borge". Aquí las evidencias, dice: "El fiscal general y el encargado de la auditoría estatal fueron nombrados por los priistas y ahora ellos serán los encargados de fiscalizar a gente incondicional del gobernador".
También nombraron a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y "todavía este martes siguieron con magistrados del área administrativa", afirma. Además, dice, reestructuraron la deuda del municipio Solidaridad, de donde es el pasado candidato del PRI.
"Es un abuso total y una contradicción del gobierno federal que promete combatir la corrupción, pero permite estas acciones de los gobernadores priistas", afirma. El panista explica que cabe la acción penal en el caso de la aprobación de deuda para el municipio de Solidaridad, a partir de la nueva ley de regulación de deuda para estados y municipios que considera candados para evitar abusos.
"Sí estamos en ese proceso de análisis y creemos que sí hay campo de acción para evitar este atropello: son 1,000 millones de pesos sólo en este municipio", afirma.
Zepeda descarta que el PAN recurra a la Secretaría de la Función Pública, porque "el gobierno federal ya tuvo su oportunidad de actuar y no lo hizo".
Paran finiquito
La mayoría priista en el Congreso de Veracruz retiró de última hora los dictámenes con los que aprobaría el plan del gobernador Javier Duarte de donar la Casa Veracruz y diez bienes inmuebles más.
Apenas iniciada la sesión, tras una toma de la tribuna por parte de la bancada panista por el retraso de más de dos horas, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Mariela Tovar, solicitó al pleno sacar del orden del día la votación sobre la enajenación de bienes.
Argumentó que un grupo de ciudadanos le entregó información adicional, por lo que consideró necesario analizarla para emitir un nuevo dictamen. "Presidenta solicito la devolución (del dictamen) a la Comisión, en base al artículo 139 del Reglamento", fue la petición que dirigió a Octavia Ortega, líder de la Mesa Directiva. El primer paquete está relacionado con la Casa Veracruz.
Hartan al PAN los Duarte
El PAN trae atravesados a los Duarte.
El blanquiazul exigió al Gobierno federal intervenir para empujar la remoción del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y pidió a Hacienda no avalar el aumento a la deuda de Chihuahua por 6 mil millones de pesos más, como lo pretende el mandatario local César Duarte.
"En el PAN sostenemos que en Veracruz se ha rebasado ya cualquier límite. La única solución, y es nuestra exigencia, es la remoción inmediata de Javier Duarte como gobernador del Estado. Solicitamos una intervención decidida del Gobierno federal para que así suceda.
"Es la única manera de garantizar una transición ordenada y pacífica como lo merece Veracruz", planteó ayer Ricardo Anaya, líder nacional panista, acompañado por el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes.
En tanto, el gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral, reclamó la intervención de Hacienda para que no permita el aumento a la deuda del estado, aprobada el miércoles por el Congreso con la mayoría del PRI.
"Comprometer en forma total los ingresos carreteros hasta el 2038 nos quita toda posibilidad de manejo de los ingresos propios. (...) Le pedimos a la Secretaría de Hacienda que no avale esta operación", planteó en otra conferencia acompañado por Anaya. (Reforma)
