Aclaran. El vocero del presidencia dijo que no se ha roto el diálogo con el GIEI.
La Procuraduría General de la República (PGR) reiteró que la prórroga para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) termina el próximo 30 de abril. El subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, dijo que no fue una decisión unilateral el anuncio que se dio a los medios de comunicación sobre el tercer peritaje de fuego en el basurero de Cocula.
Comentó que el tiempo que ha permanecido el GIEI en México se ha trabajado de manera importante en la investigación por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y que fue el Estado mexicano quien abrió de manera inédita ejercicios como lo es el acompañamiento de un grupo de expertos independientes en una investigación.
¿La decisión de salir a informar sobre los resultados de peritaje de fuego, fue unilateral como lo señala el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes?
El 20 de octubre suscribimos las bases en Washington, fueron las líneas generales para el desarrollo del estudio de fuego y luego en el acuerdo del 25 de enero y 12 de febrero se determinaron los aspectos que tendría el estudio de fuego y que recibiríamos un informe por escrito el 31 de marzo.
Sería una opinión conclusiva alcanzada por consenso, son acuerdos que acompañaron en todo momento la Procuraduría General de la República y el Grupo de Expertos Independientes. El mensaje a medios que dio el representante del grupo de especialistas de fuego, Ricardo Torres, lo que expresa es en representación del grupo.
¿Por qué no se dio a conocer cómo llegan a esa conclusión y sólo se da un mensaje a medios que se presta a especulación?
Lo que la PGR y el grupo de expertos solicitaron es que brindaran una opinión conclusiva, por escrito, lo que ocurre es que rinden ese informe, pero no incluimos dentro de las bases porque respetamos su autonomía, el proceso deliberativo; nosotros no les requerimos una manifestación de saber de qué manera llegaron a la conclusión.
Chocan CIDH y México
La confrontación entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) vivió un capítulo más ayer jueves, cuando el organismo pidió cuentas a la Federación por los "ataques" a su secretario general, Emilio Álvarez Icaza, al grupo de expertos independientes del caso Ayotzinapa y a su reciente informe sobre Derechos Humanos en el país.
Durante la audiencia pública que solicitó el Estado mexicano y que se realizó ayer jueves en Washington, el comisionado Paulo Vannuchi denunció "los fuertes ataques de las autoridades públicas de México" al trabajo de la CIDH y el "daño irreparable" provocado a Álvarez Icaza por la acusación penal que presentó en su contra el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega.
"Eso fue un poco cobarde, porque debía de haber sido un ataque a la comisión, todo el trabajo de Emilio fue en nombre de la CIDH", sostuvo el comisionado ante los representantes del Estado mexicano y de las organizaciones de la sociedad civil.
En representación del Estado mexicano, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, contestó a las acusaciones que "no hay nadie del gobierno de México involucrado en ninguna campaña de desprestigio ni contra las organizaciones civiles, ni contra la CIDH, ni contra el secretario ejecutivo ni contra el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)".
Vannuchi señaló que "el problema fundamental" de los Derechos Humanos en México es que las leyes incorporan "avances considerables" que "muchas veces están lejos de los hechos, como en el caso del grupo de expertos" de la CIDH que investiga la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa.
"El GIEI fue una operación conjunta que nos costó tiempo de discusión; vamos a hablar en los próximos días", señaló Vannuchi.
En la audiencia -la primera de las cuatro sobre México que celebró ayer jueves la CIDH- ni gobierno ni comisión hicieron referencia al anuncio que el miércoles hizo el GIEI de que rompía la colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) por el nuevo peritaje de fuego realizado en el basurero de Cocula.
Sólo las organizaciones de la sociedad civil criticaron que México decidiera no renovar el mandato del grupo, que termina el 30 de abril, sin consultar a la CIDH, algo que enmarcaron en la "política de hostilidad" del gobierno contra los organismos internacionales y las ONG que velan por los Derechos Humanos.
