El secuestro de Jesús Alfredo Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en uno de los principales restaurantes de la zona turística de Puerto Vallarta desnuda el fracaso de la estrategia gubernamental de combate al crimen organizado, ya que evidencia la libertad con la que los capos de la droga se exhiben en lugares públicos, así como, los impactos no deseados de su combate.
Resulta inaudito que un grupo de presuntos narcotraficantes festejaran, con absoluta libertad y tranquilidad, el próximo enlace matrimonial de una de sus primas en un lugar público; lo lógico es que un delincuente señalado por la DEA y presuntamente buscado por las autoridades mexicanas e internacionales, tuviera que "ir a salto de mata" (para recurrir al refrán popular) por la vida: escondiéndose continuamente, sin posibilidades de establecerse por mucho tiempo en un mismo sitio, etc. Todo lo que implica intentar escapar de la acción de la justicia.
Sin embargo, los hechos demuestran todo lo contrario, pues es evidente que no únicamente no huyen, sino que ni siquiera se esconden, que actúan con absoluta libertad, a plena luz del día y se pasean por los lugares más concurridos. Y esto únicamente es posible si cuentan no únicamente con la complacencia, sino la protección, de las diversas policías y fuerzas de seguridad mexicanas, pues no únicamente tienen que hacerse de la vista gorda y no atraparlos, sino mantenerlos fuera de la vista de medios de comunicación, curiosos incómodos y otras autoridades que no estén arregladas.
Así que el hecho evidencia que por más fuerzas de seguridad que se involucran en el combate al crimen organizado (policías municipales, estatales, federales, gendarmería, Ejército y Marina) hay elementos de todas las corporaciones que sucumben a su red de corrupción y no únicamente les permiten operar libremente, sino que los protegen para que puedan también divertirse.
Todo hace suponer que este hecho es un segundo capítulo del operativo violento en el pueblo natal de El Chapo, La Tuna en el municipio de Badiraguato, Sinaloa y, por lo tanto, forma parte de los hechos violentos que se desatan a partir del encarcelamiento o aniquilamiento de alguno de los capos de la droga.
Es un hecho ampliamente estudiado y documentado que la ausencia (por encarcelamiento o fallecimiento) del líder de un grupo de la delincuencia organizada casi siempre desata una ola de violencia, que de acuerdo a la académica mexicana Beatriz Magaloni, dura aproximadamente 6 meses.
Esta ola tiene que ver con las luchas que dicha ausencia suscita, fundamentalmente pueden ser por 2 razones: la disputa por el poder al interior del mismo grupo, cuando no hay una línea sucesoria claramente establecida y aceptada por todos; o bien, porque ante la ausencia de la cabeza, otros grupos de la delincuencia organizada buscan arrebatarles posiciones: rutas para el trasiego de la droga, territorios para la producción de la misma, mercados, etc. Dado que este secuestro no es un hecho aislado, es evidente que la guerra está en curso y todavía no se sabe los saldos que pueda dejar.
Por supuesto que esta realidad no puede inhibir o detener el combate a la delincuencia organizada; éste tiene que continuar. Pero lo que sí debe provocar es que las autoridades prevean con toda claridad y anticipación los distintas reacciones el encarcelamiento o muerte de uno de los capos puede provocar y, por lo tanto, tomen las previsiones y precauciones pertinentes para tratar de minimizarlas y contenerlas y, particularmente, para controlar los efectos indeseados -que el ex presidente Felipe Calderón llamó daños colaterales-.
Para lograr este punto es fundamental que las acciones policiacas y militares sean acompañadas de una muy buena labor de inteligencia. En algún momento el expresidente español Felipe González, señaló que el combate a la delincuencia organizada debía combinar adecuadamente el uso de la fuerza y la inteligencia; pero en México -al menos hasta hoy- parece que el balance es mucha fuerza y muy poca inteligencia.
El otro efecto (también a partir de lo señalado por la Magaloni, profesora-investigadora de la Universidad de Stanford) es el llamado hidra, que tiene que ver con aquellos miembros de los cárteles que ante la pérdida del líder abandonan al grupo, pero mantienen su actividad delictiva, aunque ya en las filas de la llamada delincuencia común (asaltos con violencia, extorsiones, etc.), que es un efecto más permanente y para evitarlo requiere de policías bien capacitadas.
En México no se ha podido detener ninguno de los 2 efectos, la escalada de violencia y de índices delictivos es una muestra más que evidente del fracaso de la estrategia gubernamental.
Todo indica que el secuestro de Alfredo Guzmán tiene dos intenciones: uno, obtener información sobre el modus operandi del Cártel de Sinaloa; y dos, aniquilarlo, ya sea para asumir el liderazgo del grupo o para desplazar al Cártel de Sinaloa de plazas, rutas o territorios, pues es impensable que la intención sea una negociación, ya que entre los grupos delincuenciales saben lo peligroso que es una "fiera herida" y eso sería exactamente lo que harían si lo liberaran a cambio de un beneficio inmediato.
En estas condiciones es previsible que en los próximos días se vivirá una escalada de violencia y que nuevamente el gobierno será incapaz de frenarla. Pero lo peor es constatar que después de más de una década de combate al crimen organizado todo sigue igual: se siguen cometiendo los mismos errores y los cárteles de la droga siguen actuando con total libertad.
