En esta historia no concluida del caso Humberto Moreira, siguen surgiendo capítulos. Ahora resulta que gracias a que el prófugo de la justicia norteamericana, el exgobernador sustituto Jorge Torres, recibió una donación de su señor padre de tres millones de dólares, ésta lo exime de la presunción de haber cometido un delito, según se desprende de la declaración del subprocurador Norberto Ontiveros.
Con esa declaración, el licenciado Ontiveros quizá pretenda que la opinión pública quede satisfecha de que Torres no incurrió en actos de corrupción; no obstante las autoridades de los Estados Unidos le siguen un proceso por lavado de dinero por otros 2.8 millones de dólares donde el mismo Norberto simplemente dijo que no estaba enterado de ese proceso. Vaya salida.
Lo que hoy existe es una verdadera andanada por reavivar muchos de los negros episodios que se vivieron durante el sexenio del profesor Humberto Moreira (2005-2011) que tienen dos vertientes: por un lado el quebranto multimillonario del que fueron objeto las finanzas de Coahuila y por el otro la permisividad (sino es que la complicidad) de algunas autoridades con la delincuencia organizada que por un período importante sojuzgaron a toda la ciudadanía.
El norte del estado soportó la entonces no investigada matanza de Allende y la toma por parte de los delincuentes del penal de Piedras Negras.
En Torreón se vivieron años de zozobra donde la vida nocturna desapareció casi completamente. Los asesinatos arteros perpetrados a parroquianos del bar Ferry, del antro Las Juanas y de la quinta Italia, son apenas algunos episodios de la barbarie que se acaba de vivir hace algunos años.
La pregunta sin embargo, es por qué hasta ahora se reavivan con mayor intensidad. Cierto es que informaciones de juicios que se llevan a cabo en Texas de delincuentes que han estado cometiendo fechorías en aquel estado norteamericano y en Coahuila, dan lugar para que revelen información de delitos que se cometieron acá, así como acusaciones de colusión con las entonces autoridades coahuilenses que de suyo generan información periodística de mucha valía. Pero también es cierto que existen intereses que remueven el asunto (que bajo ninguna circunstancia debe ser olvidado) por otros motivos: las elecciones del año que entra.
En este momento a menos de un año de que se lleven a cabo los comicios para la renovación de la gubernatura de Coahuila, el oficialismo local -léase el poder del gobernador actual Rubén Moreira- está haciendo todo el trabajo necesario para designar a su sucesor y así entonces perpetuar la inmunidad que de facto hoy goza su antecesor.
Es regla general que así lo hagan los gobernadores, aunque a veces no les salga. Están los ejemplos de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, para no ir tan lejos.
Para lograr eso, el gobierno estatal está haciendo todo lo necesario para alinear toda la estructura priista para apoyar en su momento en este caso a Miguel Riquelme Solís, quien es el precandidato oficial. Por eso quizá esta reciente cargada mediática para maximizar en la agenda pública las cuentas pendientes de la megadeuda y las responsabilidades penales que por supuesto existen de todo lo que se comentó en los tiempos oscuros en que Los Zetas asolaron el estado, obedezca más a desacreditar al gobierno, a que realmente haya una intención justiciera; aunque hay que subrayar que más vale cualquier motivación que logre al menos la presión social para que acaso algunos de los responsables paguen lo que cometieron.
Así entonces esta incipiente ola de información de todas las fechorías que se cometieron en el sexenio de Humberto (llama la atención que hasta ahora nada sólido haya contra la actual administración) pudiera tener como resultante limitar el margen de maniobra de Rubén Moreira para escoger al candidato del PRI para sucederlo, con lo que los ganadores serían en primera instancia todos aquellos priistas que anhelan ser los ungidos, pero saben que están fuera del círculo del gobernador.
Igualmente los panistas comienzan a hacer su trabajo, sabedores de que lo más probable es que nadie le arranque la candidatura a Riquelme Solís, alfil de gobernador, por lo que minar la reputación de este gobierno es el primer paso para obtener la eventual alternancia en el gobierno estatal, cosa que nunca ha sucedido en el estado.
Así pues, hay que estar atentos al devenir de la información que seguirá fluyendo acerca de todas los presuntos delitos y sinvergüenzadas que cometieron muchos funcionarios en el fatídico sexenio anterior, puesto que lo que éstos le hicieron a Coahuila le causaron estragos enormes: cientos de asesinatos impunes que mutilaron familias y en segundo término un desfalco brutal al erario que los coahuilenses tendrán que pagar por décadas y del que hasta la fecha nadie ha pagado por ello.
Pero no hay que dejar de mirar que la misma información puede ser manejada por otros intereses políticos que por un espíritu puro de sed informativa.
