Diferencias. Quedó totalmente desechada la posibilidad de que algún experto del GIEI pueda dar seguimiento a la indagación.
Tras la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la actuación del Gobierno mexicano en torno al caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos contará con una vigilancia internacional basada en informes.
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno mexicano y el Centro ProDH acordaron la creación de un mecanismo especial de seguimiento para que México reporte sobre el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por el organismo internacional y las recomendaciones del GIEI.
A diferencia de la actuación del grupo, con permanencia constante en el país, acceso a diligencias ministeriales y a toma de declaraciones, el mecanismo sólo consistirá en informes periódicos y dos visitas por parte del Relator de la CIDH para México, James Cavallaro.
"Esa etapa del GIEI totalmente terminó. Estamos en una nueva etapa donde la comisión le da seguimiento al tema, de acuerdo a la normatividad y procedimiento de la comisión, (y del) artículo 25 del reglamento", explicó en entrevista Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de Cancillería.
"Es un esquema de seguimiento a través de informes, visitas, reuniones de trabajo, bajo la coordinación del Relator (...) La idea es que haga una o dos visitas a México, y tendrá personal técnico que lo apoye para el intercambio de información", indicó.
Las fechas de las visitas, junto a otros detalles del esquema, aún están por determinarse y serán anunciados en los próximos días, según informó la Cancillería en un comunicado.
Aunque todavía no se ha definido la temporalidad del mecanismo, el subsecretario prevé que dure entre seis y ocho meses, período tras el cual se evaluará su funcionamiento.
Desechan su presencia
Esta semana, los padres de los 43 normalistas exigieron que el esquema de seguimiento cuente con la participación de dos expertos del GIEI, a quienes se les debería permitir visitas periódicas al país y acceso al expediente. "Eso ya quedó desechado porque ellos ya presentaron sus recomendaciones finales, y el Gobierno mexicano está trabajando en la implementación de esas recomendaciones, pero ellos ya no van a participar", reviró el funcionario.
El encuentro ocurrido en Washington contó con la presencia del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de Cancillería, Miguel Ruiz; el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa; el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, y el embajador Luis Alfonso de Alba.
Además, participó Mario Patrón, director del Centro ProDH, y Humberto Guerrero, abogado representante de los padres, así como Antonio Tizapa, papá del normalista Jorge Antonio Tizapa.
