El arribo del Sistema Uber como alternativa al transporte público de en la ciudad de Torreón, hace necesario un análisis desde un punto de vista que la autoridad ha dejado de lado: el interés del usuario.
El servicio público se define, como la actividad del estado para satisfacer las necesidades colectivas. Bajo ese principio el marco constitucional considera que el transporte de personas y mercancías, mediando el pago de dinero, constituye un servicio público que como tal corresponde en exclusiva prestar al gobierno en sus tres niveles, en beneficio de los ciudadanos como destinatarios del mismo.
Lo anterior genera un monopolio que el Municipio de Torreón ejerce otorgando concesiones en favor de particulares, en base a una normativa cuyo objeto es mantener el control de la autoridad sobre la prestación del servicio, para garantizar que sea accesible a los ciudadanos a precio justo, buena calidad y condiciones de seguridad.
La existencia de un monopolio puede tener una justificación por un tiempo, pasado el cual genera consecuencias negativas que en el caso de nuestra ciudad, se concretan en estructuras que favorecen la relación clientelar del grupo en el poder con propósitos de control político de transportistas y ciudadanos, lo que a su vez origina una cascada de vicios que afectan a concesionarios y usuarios, como el alto costo de las concesiones, mercado negro de traspaso, renta de placas, colusión entre autoridad y permisionarios, y como resultado, desorden, mala calidad, unidades chatarra, precios caros, inseguridad, etcétera.
En esta estructura perniciosa los concesionarios juegan el doble papel de víctimas y verdugos, porque a la postre son unos cuantos funcionarios indignos los que se llevan la mayor tajada del pastel, en términos de un perverso aprovechamiento recaudatorio que no se justifica y de componendas al margen y en lo oscurito.
En tal estado de cosas, irrumpe la modernidad tecnológica en forma de una aplicación en las redes sociales, que integra en una empresa competitiva a inversionistas y choferes, que de la noche a la mañana aparecen prestando un servicio de modo más ordenado, de mejor calidad, con mayor seguridad y a más bajo precio.
La situación genera un conflicto de derechos humanos básicos entre los concesionarios que con razón sienten lesionados sus derechos constituidos, porque se les pone a competir cargando sobre sus espaldas el costo de las concesiones y el precio de la extorsión del día a día, frente a los nuevos prestadores del servicio que sin arrostrar el costo de la concesión, también con razón exigen se respete su derecho constitucional de libertad de trabajo.
El argumento de Uber en el sentido de que se trata de una relación entre particulares y por ende no requiere concesión no es suficiente, porque la naturaleza de servicio público que atribuye la Constitución al autotransporte no deriva de la existencia de una concesión sino que es al revés, la condición de servicio público que le confiere la norma legal al autotransporte, genera la posibilidad de que la prestación del servicio sea concesionada a particulares.
El camino para conciliar los intereses de los actores sociales en juego, no consiste en maquillar los actuales reglamentos para que Riquelme pueda "cobrar cuota" a los choferes de Uber. Es curioso que al referir al problema el edil torreonense no trate para nada el tema relativo a la conveniencia del usuario, lo que confirma que una vez más que el interés del ciudadano común es cero a la izquierda para los actuales gobiernos de Torreón y de Coahuila.
Por otra parte, la subsidiariedad como principio rector del bien común que indica que el estado sólo debe reservarse las actividades que la sociedad no pueda realizar por sí sola, en el presente caso manda que el transporte público sea liberado por lo menos, en la parte en que el sector privado se encuentra en condición de prestarlo sin la carga del estado.
Lo correcto es que la autoridad modere su voracidad recaudatoria y piense en el bien común de los involucrados empezando por los usuarios del servicio, y realizar una reforma legislativa que libere de concesiones los servicios que son equiparables a los prestados por Uber, para que los actores compitan en igualdad de condiciones.
