El debate que se ha abierto en el ámbito internacional y nacional sobre la despenalización del consumo de estupefacientes representa uno de los mayores retos sociales para el sistema de Estados nación. Se trata de uno de esos temas con múltiples aristas y enfoques en el que la discusión se polariza fácilmente con posiciones encontradas que pueden tener argumentos igual de válidos. Se está ante el umbral del cambio de un paradigma que ha prevalecido por más de 100 años, con todas sus contradicciones y consecuencias: el paradigma de la prohibición. ¿Estarán los Estados y sus sociedades preparados para dar el golpe de timón que comienza a plantearse? ¿Hasta dónde pretenden llevar el viraje?
El tema de las drogas abarca aspectos de derechos humanos, salud y seguridad públicas, política, economía, ciencia, convivencia social, ética y moral. Para sostener un debate productivo es importante rebasar la capa de los prejuicios que las sustancias enervantes suelen generar en una revisión superficial. Sólo así puede extraerse la pulpa de los argumentos en cada ámbito que toca. El primero tiene que ver con el derecho que tiene cada persona no sólo al libre desarrollo de la personalidad -consagrado en la constitución de la mayoría de los países- sino también a la libertad de disponer de su cuerpo como desee, atendiendo siempre a las restricciones del principio del respeto de los derechos de terceros.
En materia de salud, existen numerosos mitos que una observación reflexiva de la realidad tumba fácilmente por medio del ejercicio de la lógica y la congruencia. Se habla del daño que provocan sustancias como la marihuana, el opio y la coca para defender su prohibición. Sin embargo, en esta postura suele dejarse de lado que el alcohol y el tabaco, drogas permitidas y reguladas, provocan por lo menos el mismo daño a la salud, aunque más muertes al año, y rara vez se habla de prohibirlas. Y aquí se cruza también el aspecto de los derechos humanos. ¿Por qué quien gusta del alcohol o el tabaco tiene mayores derechos que una persona que gusta de la marihuana o la coca?
Pero también está un aspecto de salud que toca también a la ciencia y al derecho que tienen los seres humanos a recibir tratamientos para la enfermedad y el dolor. El canabidol, una sustancia derivada de la cannabis, ayuda a mejorar considerablemente la calidad de vida de pacientes con algún tipo de epilepsia, como quedó demostrado con la niña Grace que se vio beneficiada por un amparo promovido por sus padres. La morfina, derivada de la amapola, es uno de los mejores analgésicos que existe. Y así se pudieran mencionar otras sustancias médicas. No obstante, el enfoque prohibicionista ha bloqueado el acceso de miles de millones de personas en el mundo a estos medicamentos, con lo cual, además de violar su derecho a la salud, se ha establecido una desigualdad enorme entre quienes por el costo económico pueden tener acceso a ellos, principalmente en países desarrollados, y quienes no, habitantes de países en vías de desarrollo.
Respecto a la seguridad pública, durante décadas se ha creído que penalizar el consumo de estupefacientes es una buena medida para frenar la criminalidad. Pero basta revisar el caso mexicano para saber que eso no es del todo cierto. El resultado de la política prohibicionista ha sido hasta ahora el encarcelamiento de decenas de miles de personas por el simple hecho de portar unos cuantos gramos de marihuana, la droga ilícita de mayor preferencia en México. Cantidades que no son para la venta o el tráfico, sino para el consumo personal. Es decir, para el Estado mexicano hasta ahora una persona que fuma o porta cannabis es un delincuente que merece estar en la cárcel junto a personas acusadas de asesinatos, violaciones, secuestros y venta de drogas a menores de edad. ¿Es justa la pena? ¿Existe lógica en esta criminalización? ¿Tiene sentido llenar las cárceles de fumadores/portadores de marihuana? ¿No sería mejor destinar los recursos del Estado a enfrentar a los verdaderos y grandes criminales?
Pero la arista de la seguridad se ha cruzado con la política en numerosas ocasiones. Tanto en Estados Unidos como en México, la llamada guerra contra las drogas ha sido utilizada como factor de legitimidad del poder frente a una situación de altos niveles de desaprobación o descontento ciudadano. Fue lo que ocurrió en este país desde el sexenio de Felipe Calderón. Es lo que está sucediendo ahora en varias entidades donde sus gobernantes han sido duramente cuestionados por diferentes motivos. Poner la lucha contra los estupefacientes en el centro de la estrategia de la seguridad sólo ha dejado hasta ahora un alto costo social y económico sin que se logre resolver el problema de fondo que tiene que ver con la debilidad del estado de derecho, la corrupción y la impunidad en los delitos de mayor impacto.
Por último, ciertamente el abuso en el consumo de estupefacientes, y sobre todo la exposición de los menores de edad a ellos, puede acabar por minar el desarrollo de una familia y de una comunidad. Ahí están por ejemplo los barrios negros, latinos o blancos de la clase trabajadora en algunas ciudades de Estados Unidos o las zonas de alta marginación de las urbes mexicanas, en donde la proliferación de las adicciones se convierte en una agravante de la violencia y la fractura social. Pero, nuevamente, no es la criminalización del adicto o el consumidor la salida a este problema, sino la intervención del Estado para construir tejido social a través de la prevención de las adicciones y, sobre todo, de la creación de oportunidades a los pobladores de esos sectores para que cuenten con un proyecto de vida, para lo cual, dicho sea de paso, ayudarían mucho los recursos y esfuerzos hoy desviados en el enfoque de la penalización.
Las respuestas a muchas de las interrogantes que plantea el nuevo paradigma con el que se pretende abordar el tema de las drogas apenas están comenzando a construirse. Queda mucho aún para el debate. Pero lo cierto es que se está generando ya un consenso respecto a las contradicciones y desventajas del modelo prohibicionista que, a la vista de muchos, ha fracasado rotundamente. La discusión pues será en torno a un nuevo enfoque de regulación, más que de legalización abierta con libre competencia, como si se tratara de cualquier bien de consumo. Esto último parece descartado. Lo no se puede descartar es la ciencia, la ética, la lógica, el respeto a los derechos humanos y a la libertad individual con responsabilidad, la prevención, la protección de la infancia y adolescencia y la posibilidades médicas de sustancias hoy restringidas. En resumen, de lo que se trata ahora es de cómo generar un esquema adecuado de regulación.
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