Revisiones. La IP señala que ya son fiscalizados por las autoridades, por lo que no temen a la Ley 3 de 3, aunque algunos dicen que los empresarios no manejan el dinero que proviene de los impuestos. (Fernando Compeán)
A los empresarios no les incomoda que los legisladores impusieran la Ley 3 de 3 a las personas físicas y morales en el momento que participen en contratos para obras o servicios con el sector público, ya que aseguran que son fiscalizados y auditados constantemente.
Lo único que temen es que esta manera de revirar la iniciativa que presentó la IP a nivel nacional, al recabar miles de firmas y presionar al gobierno, es que a final los funcionarios públicos no vayan a cumplir con esta disposición anticorrupción.
Ayer se publicó que los legisladores en la madrugada hicieron unos cambios a la iniciativa original presentada, en donde se obliga al sector privado a también cumplir con esta ley. Eduardo Carmona, presidente de la Ciudad Industrial de Torreón (CIT), dijo que "no lo ve mal, hay que estar bien. La transparencia siempre es muy buena y es necesario quitar la corrupción en México".
Mencionó que están a favor que los procesos de licitación sean transparentes y opinó que la verdad siempre tiene que revelarse.
Opinó que la Ley Anticorrupción será muy buena para el país, permitiendo un mayor crecimiento y atracción de inversiones para el futuro, sobre todo porque ayudará a bajar el nivel de corrupción que tiene el país.
REACCIONAN A LA PRESIÓN
Hugo Pérez, presidente de CMIC Laguna, dijo que esto es sólo una reacción que tiene el gobierno a la presión que realizó el sector privado para frenar la corrupción que impera en todo el país, sin embargo, aseguró que "la IP no lo ve como un problema el ser transparente, siempre y cuando los funcionarios también cumplan con su parte".
Roberto Muñoz, expresidente de Coparmex Laguna, enfatizó que La Laguna tuvo el segundo lugar en el mayor número de firmas recabadas que apoyaban la Ley 3 de 3, ya que la gente está harta de la gran corrupción que se da en todo el país.
Indicó que el sector privado cumple con las obligaciones del pago de impuestos y de una mayor fiscalización que realiza el SAT a los negocios, aunque externó que le parece incongruente que los empresarios que no viven de los impuestos del gobierno deban cumplir con esta Ley, pese a que se tiene una gran fiscalización.
José Antonio Baille Smith, presidente de la Canacoto, declaró que están a favor de la transparencia en el manejo de los recursos públicos, por lo que no objeta la aplicación de una Ley 3 de 3 para las personas físicas o morales que participen en proyectos con recursos públicos.
Por su parte, Agustín Arellano Saucedo, expresidente del CLIP, declaró que los legisladores revirtieron la ley para la IP, pero señaló que el sector privado no tiene ningún problema, ya que se cumple con estados de cuenta de bancos y documentos sobre propiedades.
No obstante, enfatizó que "nos parece mal, esto está mal, ya que lo que se busca es que el funcionario cumpla con esta obligación y no los empresarios". Demandó que los funcionarios deben dar el ejemplo y que cumplan con esta ley, ya que se habla que algunos pueden presentar o no la información, en tanto los empresarios no pueden hacer esto frente al fisco. Se quejó de que el dinero que manejan los funcionarios es público, no es de ellos, sino de los ciudadanos. "Los funcionarios son quienes han actuado mal".
NO SE COMPARA
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio, Gerardo Ibarra Rodríguez, dijo que ahora que en el Congreso los legisladores pretenden revirar este reclamo hacia su sector, les parece una acción de defensa, un bloqueo para protegerse entre ellos, con lo cual no están de acuerdo.
"No hay duda de que puede haber empresarios corruptos, pero creo que es una mínima parte".
