Al ser preguntado la semana pasada, sobre los índices delictivos publicados en lo que va del presente año por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, el gobernador de Coahuila Rubén Moreira manifestó a la prensa regional que no tiene conocimiento de la existencia del citado Consejo, y que no está de acuerdo con las estadísticas difundidas porque según el mandatario, su gobierno tiene "otros números".
Como es del conocimiento del público, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna trabaja en la Comarca desde el año 2012 con el apoyo técnico y estratégico del Observatorio Nacional Ciudadano, en el acopio y procesamiento información utilizada en el seguimiento de la realidad social y política de la región con la participación de los ciudadanos, con el propósito de diagnosticar y dimensionar situaciones específicas de la realidad social, para coadyuvar con el gobierno en el diseño y aplicación de políticas públicas tendientes a satisfacer necesidades colectivas.
El Consejo recibe la información de distintos órganos de los tres niveles de gobierno y el Observatorio aporta un respaldo profesional basado en procedimientos científicos aplicados mediante sistemas que son alimentados con datos oficiales, que en el rubro de seguridad y para el caso de la Zona Metropolitana de La Laguna, son aportados por la Procuraduría de Justicia de Coahuila y la Fiscalía del Estado de Durango.
Después de tres años de trabajo del Consejo y del Observatorio, la respuesta de Moreira equivale a un tajante "ni los veo ni los oigo…", lo que provocó en el Director del Consejo una expresión de azoro, que lo lleva por una parte a enfatizar que la propia la Procuraduría de Coahuila es la fuente de la información, y a señalar lo mal que hace el gobierno al mantener una doble y contradictoria actitud frente a los organismos de la sociedad civil.
La afirmación del Gobernador de Coahuila cae por su propio peso, y revela además un apego tenaz a la opacidad proverbial que caracteriza al moreirato, que como tal es puesta al desnudo por una lacerante realidad igual de terca, que muestra la imposibilidad de que nuestra vida pública mejore escondiendo la basura debajo de la alfombra.
La política del avestruz que lo anterior implica, se pone también de manifiesto en el caso de la información que para efectos de medir resultados recaba el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social del Gobierno Federal (Coneval), cuya información pretenden manipular funcionarios del gobierno de Moreira en virtud de una estrategia de aleccionamiento a los beneficiarios del Programa Prospera, a los que se les instruye para que respondan como pericos a los cuestionarios de evaluación del programa.
En ocasión de este tema, la semana pasada trascendió a los medios de comunicación el denigrante lavado de cerebro al que son sometidos en la ciudad de Piedras Negras beneficiarios del referido Programa Prospera, para que ofrezcan respuestas aprendidas a modo y conveniencia de la burocracia local, cuando sean encuestados sobre los resultados del programa.
Al ser hecho público el señalamiento de tal irregularidad, el Secretario de Desarrollo Social de Coahuila contesta que dicho aleccionamiento no es tal, sino que corresponde a una "capacitación" que el secretario en cita propone que se aplique a la totalidad de los beneficiarios en el resto del país, lo que para los efectos del empeño del moreirato en ocultar el sol con un dedo, viene a ser lo mismo.
Si en la era del conocimiento la información es un instrumento indispensable como herramienta para el mejoramiento y el progreso, es obvio que la relación entre gobierno y sociedad debe desarrollarse en una ruta en la que la verdad sea el camino hacia la libertad, lo que quiere decir que el vivir en la opacidad y en la mentira con los ojos vendados, conduce en el corto plazo al menoscabo de nuestra calidad de vida y a la larga, a la pérdida de nuestra libertad.
