Fraude. Testigos aseguran que la presidenta separada de su cargo no realizó ningún fraude, como se le acusa.
La comisión del Senado brasileño a cargo del juicio político contra la mandataria suspendida, Dilma Rousseff, escuchó ayer a los primeros testigos presentados por su defensa, que negaron que se haya cometido un fraude en unas maniobras fiscales realizadas en las cuentas públicas.
La defensa de Rousseff convocó ayer al exsecretario adjunto de la Casa Civil (Presidencia) Gilson Bittencourt y al exsecretario de Política Agrícola del Ministerio de Agricultura André Nassar para responder las cuestiones de los senadores que analizan el proceso contra la mandataria suspendida. Bittencourt se refirió a los multimillonarios atrasos del Gobierno en los depósitos que debía hacer en el estatal Banco do Brasil para cubrir los recursos destinados a unos planes de apoyo al sector agrícola y que figuran entre los argumentos usados para iniciar un proceso de destitución contra Rousseff. Según la acusación, los reiterados atrasos de esos depósitos acabaron generando costosos intereses al Estado y configurando una "operación de crédito" con el banco público, lo que está prohibido por las leyes brasileñas. El exsecretario, en cambio, negó que se tratara de una operación de "crédito" y sí de una "prestación de servicios" e insistió en que, a pesar de la legalidad de la operación, Rousseff no participó directamente en el "acto", cuya responsabilidad atribuyó al Ministerio de Hacienda.
El argumento de los testigos de la defensa fue en la dirección contraria al presentado la víspera por dos auditores convocados por la parte acusadora, quienes confirmaron las irregularidades fiscales en las que supuestamente incurrió Rousseff.
Las acusaciones sostienen, que entre 2013 y 2015, el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos.
