El pasado 19 de enero, en una reunión ante usuarios de agua de la región, el director general de la Comisión Nacional del Agua (CNA) expresó que para resolver el problema de la sobreexplotación de los acuíferos en la Comarca Lagunera había que tomar una decisión, trascendental para el futuro de la población que residimos en ella y, aunque no fue explícito en qué consistía tal decisión, los ciudadanos laguneros que damos seguimiento a esta problemática debemos opinar al respecto sobre algo que los usuarios de agua subterránea y los propios funcionarios de la CNA ya conocen.
Varios de los acuíferos ubicados en el subsuelo de la Comarca Lagunera se encuentran sobreexplotados debido a que se realizan extracciones de agua mayores a las recargas anuales, provocando un desbalance hidraúlico y propiciando un cambio en su composición química al grado que ese recurso hídrico se contamina; hay evidencias contundentes de que las concentraciones de arsénico y otros elementos como flúor son mayores a las permitidas por las normas oficiales para consumo humano.
De los ocho acuíferos que se abastece la población lagunera, es el llamado Principal que más nos preocupa por los volúmenes que almacena y de los cuales depende el abasto para las actividades productivas y la población, así como por los niveles de abatimiento y contaminación en que se encuentra. A fines de 2015 los expertos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua nos presentaron el estudio técnico de actualización de este cuerpo de agua dulce, donde se refleja el grave deterioro en que se encuentra y la urgente necesidad de recuperarlo, recomendando se priorice reordenar su aprovechamiento anulando las vedas existentes y aplicar nuevas regulaciones que conduzcan a contener la sobreexplotación a que está sujeto.
Hasta ahora la CNA le ha apostado como estrategia central para la recuperación de este acuífero a la tecnificación del riego agrícola, complementado con medidas administrativas como las inspecciones para verificar el estado de las concesiones y los volúmenes extraídos por los usuarios, donde ha programado invertir ocho mil quinientos millones de pesos durante el período 2014-2018, que se aplicarán en adquirir y aplicar tecnologías que aumentarán la eficiencia en el uso del agua y ahorrar volúmenes que se presupone al no extraerse quedarán almacenados en el subsuelo para aumentar los niveles freáticos.
Los usuarios organizados de aguas subterráneas insisten en aplicar tecnologías para monitorear esos niveles mediante una red piezométrica que indique el estado en que se encuentran y poder saber con mayor precisión los abatimientos que presenta el acuífero en diferentes sitios, ya que los almacenamientos y flujos hídricos en el subsuelo no son homogéneos, sino que existen algunos conos que presentan mayores niveles de abatimiento que otros como sucede en el cuadro bajo de Matamoros y Viesca donde se extrae agua a mayores profundidades que otras, cada vez de menor calidad y a mayor costo.
Estamos de acuerdo en que se contemple la asignación de fondos públicos para llevar a cabo la tecnificación del riego agrícola como parte de una estrategia de recuperación del acuífero principal, o de los otros, que son millonarios y quizá finalmente beneficiarán principalmente a los grandes usuarios de agua debido a la concentración monopólica de concesiones que tienen (se asigna un presupuesto para cinco años equivalente a 2.5 años de presupuesto del municipio de Torreón atiende 700 mil habitantes), ya que serán ellos los que podrán aportar los fondos complementarios que exigen estos programas oficiales para acceder a estos recursos, y quizás algunos grupos de campesinos que dispongan o puedan conseguirlos.
Pero esta política hídrica debe complementarse con medidas como la exigencia de una corresponsabilidad de los usuarios beneficiados con dichos fondos públicos, de asegurar que los volúmenes ahorrados con la aplicación de estas tecnologías se queden en el subsuelo, ya que no es posible que "de palabra" asuman ese compromiso cuando, por la razón que haya sido, estén extrayendo desde hace décadas mayores volúmenes de agua que los que les fueron concesionados, es decir, esos excedentes se extraen en forma ilícita y ante ello las medidas administrativas de inspección han sido insuficientes.
Creemos que una acción corresponsable de los usuarios de agua que extraen este recurso del subsuelo es aceptar se establezca un control más eficaz de los volúmenes extraídos mediante una medición telemétrica de ellos, ya que la existente en la actualidad y que además se aplica solo parcialmente, no ha resultado confiable y la CNA ha carecido de capacidades institucionales para obtener ese registro. Es necesario monitorear los volúmenes extraídos diariamente, elaborar un registro satelital de ellos y que sean de conocimiento público como sucede con los datos de calidad de aire registrados que dan a conocer las autoridades ambientales, finalmente el agua es un bien público que es concesionado a los particulares y, por consecuencia, también está sujeto a regulaciones públicas.
Entendemos la preocupación que tienen los usuarios de agua por el impacto que pudiera provocarles el control de las extracciones que realizan en sus pozos, particularmente en la posible reducción de sus superficies de cultivo porque durante años han sembrado parte de sus tierras con el agua excedente a la concesionada y que, por tanto, requieran de tiempo para realizar ajustes en sus programas de producción, pero también ellos deben entender que además de estar cometiendo un ilícito tienen la oportunidad de acceder a fondos públicos para tecnificar el riego en sus predios, regular sus extracciones y ahorrar agua que se quede en el subsuelo como una forma de contribuir a recuperar los niveles freáticos.
Lo cierto es que la tecnificación del riego agrícola no es una medida suficiente para ahorrar agua, ya que existe el antecedente de que al aplicarse los primeros sistemas de riego presurizado los agricultores en vez de dejar el agua en el subsuelo ampliaron la frontera agrícola y continuó el proceso de sobreexplotación de los acuíferos. De entrada estamos de acuerdo con la tecnificación y la red piezométrica en los pozos de bombeo, pero también debe contemplarse a la par y condicionado a la asignación de subsidios para la tecnificación, la corresponsabilidad de cooperar con establecer la red telemétrica que mida confiablemente las extracciones. Quizá a lo anteriormente descrito se refería el director general de la CNA cuando decía que falta tomar una decisión, y quizá ésta deba hacerse desde el nivel central del gobierno.
