E N las últimas semanas los dos partidos políticos con mayor participación electoral en México (PRI y PAN) decidieron suspender sus derechos partidistas a dos de sus más prominentes militantes (Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz con licencia y Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora), acusados de haber utilizado su puesto de gobernador para enriquecerse en lo personal, así como, sus familiares y amigos.
Primero fue el Partido Revolucionario Institucional el que hace casi tres semanas el que tomó dicha decisión, para reforzar la intensa campaña de difusión del presidente de su Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Ochoa Reza, sobre el compromiso del tricolor en el combate a la corrupción, incluso en el caso de que los gobernantes proviniesen de su mismo partido. Y, desde luego, eso le daba pie para emplazar, un día sí y otro también, al dirigente del Comité Ejecutivo Nacional panista, Ricardo Anaya, a hacer lo propio y retirarle su apoyo al ex gobernador de Sonora.
Los blanquiazules se tardaron algunos días, pero finalmente el miércoles 12 decidieron hacer con Guillermo Padrés, quien para ese momento ya contaba con una orden de aprehensión dictada por un juez penal federal.
Lo más importante de la llamada pérdida de derechos partidistas en realidad es el apoyo de dicha fuerza política al político denunciado y tiene mayor fuerza cuando el mismo está protegido por fuero constitucional, es decir, cuando se encuentra en funciones y los legisladores de su partido (en el Congreso de la Unión y/o el Congreso local) pueden ser el fiel de la balanza que permita proceder penalmente contra el inculpado, o bien, decidan cobijarlo e impedir que enfrente la acción de la justicia.
En esta lógica la acción de los tricolores tenía sentido, pues en ese momento Duarte todavía era gobernador de Veracruz y dependía del apoyo de sus legisladores; en el caso de Padrés la decisión es más bien simbólica, pues realmente no tiene ningún efecto directo en estos momentos.
En el pasado, en términos generales, los partidos políticos siempre se habían aferrado a la inocencia de sus gobernantes y, por lo tanto, los habían protegido de la acción de la justicia, salvo en el caso de los priistas cuando la persecución provenía del mismo Presidente de la República, como fue el caso de Jorge Díaz Serrano, al que quitaron el fuero que le brindaba el escaño en el Senado, para enfrentar la acción de la justicia por presuntos actos de corrupción como director de PEMEX. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, en el 2005, los legisladores de izquierda no tenían el número suficiente para evitar el desafuero.
En este mismo espacio he referido que en general el priismo había recurrido a permitir la persecución de sus gobernantes para tratar de responder a la inconformidad ciudadana, sin embargo, lo que hoy hace la diferencia es que ahora las instancias internas de los partidos políticos (en este caso tanto PRI como PAN) les retiran (aunque en algunos casos sea temporalmente a reserva de conocer el veredicto de la justicia) los derechos partidistas y, por lo tanto, prácticamente abren la puerta para que se proceda judicialmente en contra de ellos.
La posición de los partidos políticos evidentemente responde a la inconformidad ciudadana que se ha visto claramente reflejada en las urnas, ya que en ambas entidades votó por los partidos de oposición: en el caso de Sonora, cambió del PAN al PRI; y, en el de Veracruz, fue a la inversa del PRI al PAN.
La gran duda es si esta posición obedece a un cambio de fondo y, efectivamente, los partidos políticos (al menos estos 2) están dispuestos a convertirse en los más severos jueces de los gobernantes y representantes que llegan postulados por su fuerza política; o, simplemente, es parte de un posicionamiento mercadotécnico y, por lo tanto, un cambio cosmético.
En los últimos días son varios los analistas políticos que han expresado su optimismo de que éstas sean las primeras señales de que el voto ciudadano los está obligando a transformarse, sin embargo, lo selectivo de sus posiciones no hace albergar muchas esperanzas.
En el caso del PRI es muy sintomático que hayan procedido tan rápida y comedidamente en contra de Javier Duarte; pero sigan defendiendo a otros gobernadores o ex gobernadores con iguales o peores señalamientos, basta recordar a César Duarte, en Chihuahua; Roberto Borge, en Quintana Roo; Rodrigo Medina, en Nuevo León; y, desde luego, todavía más emblemático los dos Moreira, Humberto y Rubén, en Coahuila, por no hablar de los casos del gobierno federal o incluso las jugosas indemnizaciones de la CFE del mismo dirigente nacional y su equipo.
Aunque el PAN son menos evidentes, también es indicativo que no hayan procedido en los mismos términos en el caso del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, que ha sido aprehendido ya en un par de ocasiones por delitos distintos, aunque ambos casos siguen abiertos y él enfrenta los juicios en libertad bajo caución. Y, desde luego, el que hayan decidido postular como candidato a la gubernatura de Veracruz a Miguel Ángel Yunes, sobre el que también pesan diversas acusaciones de enriquecimiento, aunque ninguna se haya concretado en la integración de una averiguación previa.
Así parece más oportunismo electoral de cara a las elecciones del 2017 y, principalmente, las presidenciales del 2018, sin embargo, lo que sí es un hecho es que los partidos políticos sí están reaccionando frente al voto ciudadano y eso hay que aprovecharlo.
