Más de una señal ha recibido el gobierno del peligro supuesto en no encarar, aun a costa de sacrificios, la violación de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad de quienes incurren en esas prácticas.
De fuera y de dentro del país han llegado esos avisos y, aun así, el gobierno no manifiesta entender lo que dicen expresamente o entre líneas. Asombra sobre todo que, ante la evidencia de cuanto está ocurriendo en Chile, Brasil, Argentina, Honduras, El Salvador y Guatemala, no actúe por sí mismo pero, sobre todo, con dignidad y soberanía.
En anterior Sobreaviso, Las barbas de la corrupción del pasado 23 de enero, se establecía: "La señal es inequívoca: la corrupción se ha convertido en el talón de Aquiles de más de un gobierno en Centro y Suramérica. Cuando no tira, tambalea o descuadra a sus titulares, los debilita hasta transformarlos en presa fácil de intereses económicos, adversarios políticos diversos o causas ciudadanas justificadas".
Pues bien, el eco de esa señal se oye cada vez más fuerte y cerca. En vez de ignorarlo el gobierno y los partidos deberían hacer suya la iniciativa ciudadana #3de3 o, bien, rechazar el conjunto y asumir la consecuencia.
¿Piensa el gobierno que Estados Unidos atacó la corrupción en la Federación Internacional de Futbol, la FIFA, animado por un entusiasta espíritu deportivo o porque es la insignia de una política que modela una ética pública en el subcontinente?
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Desde el interior y el exterior del país, las tenazas de la pinza que demandan acabar con la sistemática violación de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad se vienen cerrando.
En el campo de los derechos humanos, el activismo de organismos nacionales y extranjeros, oficiales o no gubernamentales, cobra cada vez más fuerza y peso. Si bien es de aplaudir la actividad de los defensores nacionales de esos derechos y de agradecer la solidaridad internacional, es obvio que el país pierde soberanía al pedir o aceptar la supervisión o la intervención foránea.
Sin duda, el gobierno se encuentra atrapado en un serio dilema. Nada fácil le resulta actuar y castigar con firmeza a quienes violan los derechos humanos porque, a veces, forman parte del entramado de la estructura política que lo sustenta o porque, a veces, involucra a las Fuerzas Armadas de las cuales hoy depende, en más de una región, la contención del crimen.
Sin embargo, no tomar una decisión condena al gobierno a permanecer en esa espiral que lo sienta en el banquillo de los acusados de no respetar los derechos humanos.
La realidad ahí está y el gobierno titubea. Hay, sin embargo, un detalle que lo urge a tomar postura. La declaración del vicepresidente estadounidense, Joe Biden, hecha a Reforma con motivo de su visita al finalizar febrero:
"Hemos sido testigos -dijo Biden- de demasiados ejemplos de tortura y violencia utilizadas para intimidar a periodistas mexicanos y civiles, ejecuciones extrajudiciales, cárteles actuando con impunidad y demasiados padres llorando por la pérdida de sus hijos a manos de la violencia".
A esa expresión, añadió otra: "Los derechos humanos son una de nuestras prioridades dentro de la relación con México. Esta es una de las metas claves de la Iniciativa Mérida, y nos encontramos trabajando estrechamente con el gobierno mexicano y la sociedad civil mexicana para promover el Estado de derecho, la transparencia, la anticorrupción y la rendición de cuentas en cada nivel de la sociedad mexicana".
La señal es clara. Se puede aceptar o rechazar su contenido, lo que no se puede es ignorarla.
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En lo relativo a la corrupción, la integración de comisiones nacionales y en algunos casos internacionales para apoyar el combate de esa práctica está a la vista. Su actuación ha dado un respiro al malestar social y un espacio a la intervención foránea.
En el caso mexicano, la observación de dentro y de fuera mirando lo que se hace y se deja de hacer en la materia de corrupción es intensa y creciente. El interés de algunos medios nacionales y estadounidenses escudriñando la acción y omisión gubernamental ante prácticas corruptas es constante. Esa atención la resumió el editorial de The New York Times de principios de año. Es imposible pensar que, en ese campo, cuanto ocurre en los países señalados al inicio de este comentario es resultado de una simple coincidencia.
Hoy, sin embargo, el clamor nacional por encarar la corrupción y no dejarla en la impunidad se tradujo en una iniciativa ciudadana de ley que propone obligar a los servidores públicos a presentar su declaración fiscal, patrimonial y de interés. Más de trescientas mil firmas la respaldan. No es una queja, es una iniciativa de ley. Al aire, el gobierno y los partidos deberían de hacerla suya y atenderla cuanto antes. Resistir esa iniciativa ciudadana hasta el rechazo, mediatizarla en la dictaminación o congelarla en el trámite legislativo puede contener el reclamo, pero no sepultar la exigencia que, hoy -es importante subrayarlo-, todavía corre por carriles nacionales. Insistir en simular interés por crear un sistema anticorrupción al tiempo de encubrir los casos que, día a día, escandalizan a la sociedad y llevan al conjunto de la clase política a confundir la solidaridad con la complicidad sólo tienta la posibilidad de recurrir al exterior o aceptar la intervención de fuera.
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Es evidente que las señales recibidas desde dentro y desde fuera del país, así como lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos no es producto de mera coincidencia.
En el hartazgo social, en la solidaridad internacional y en el interés de Estados Unidos por modelar la conducta de los gobiernos en la esfera de su influencia adquiere fuerza inusitada la demanda de respetar los derechos humanos, combatir la corrupción y acabar con la impunidad.
Pueden el gobierno y los partidos tomar la iniciativa tres de tres o ninguna, lo que no pueden es ignorar que el signo de los tiempos obliga a una decisión.
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