El aterrizaje del helicóptero de la empresa Heliservicios en una de las islas del parque nacional Arrecife Alacranes, área natural protegida en Yucatán, sacó a la luz lo que puede ser un nuevo escándalo de corrupción (vía conflicto de interés) del actual Gobierno federal, ya que la empresa propietaria del helicóptero, supuestamente rentado, forma parte del consorcio de empresas de Alfredo Miguel Afif, uno de los 8 empresarios mexiquenses que se han visto favorecidos con numerosos y jugosos contratos durante el presente sexenio.
Alfredo Miguel Afif, es propietario de la casa en Las Lomas, que ocupó el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, cuando todavía era presidente electo en el 2012. Pero además sus empresas han recibido, al menos, 5 contratos de diferentes dependencias del gobierno federal por un valor de más de 17 mil millones de pesos; y forma parte de Generadora Fénix, empresa que opera varias hidroeléctricas, en la que participa el Sindicato Mexicano de Electricistas.
En el helicóptero que aterrizó en el área protegida viajaban el senador Emilio Gamboa, líder del grupo parlamentario del PRI; Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y el empresario Emilio Díaz Castellanos, quien invitó a los dos servidores públicos a pasar el fin de semana en la Isla de Alacranes.
Inmediatamente después de que se dio a conocer el incidente el senador Gamboa admitió el error y aseguró que el helicóptero lo había rentado Díaz Castellanos, quien lo había invitado, sin embargo, Guillermo Haro Bélchez, titular de la Profepa, declaró de acuerdo con una información divulgada por Reforma el 3 de octubre: "Ayer mismo que tuvimos conocimiento de este incidente, el propietario de la aeronave, el empresario Emilio Díaz, se presentó voluntariamente a la delegación de Yucatán y presentó un escrito donde solicita la inspección para en su caso, hacerse responsable de los daños ambientales que pudieran haberse ocasionado".
La contradicción entre lo que señalaba Gamboa y el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es evidente: según el primero el helicóptero era rentado, pero el segundo señala que el propietario de la aeronave era el empresario. Esta diferencia puede deberse a una confusión del titular de la Profepa, o bien, porque el helicóptero en realidad no era rentado, sino facilitado por el dueño del mismo como una cortesía con los políticos.
Los costos de vacacionar un fin de semana en dicho lugar seguramente alcanzan varias decenas de miles de pesos, cortesía o regalo que de provenir de un contratista del gobierno puede significar eventualmente en una responsabilidad legal para los 2 servidores públicos. Así que éstos se libraban de cualquier problema si quien invitaba era Díaz Castellanos, quien hasta hoy no aparece como contratista del gobierno federal; pero sí están en problemas si quien lo hacía era Alfredo Miguel.
Directamente la empresa Heliservicios tiene contratos con la Comisión Federal de Electricidad, por 3 mil 112 millones de pesos; y Heliservicios Campeche, con Pemex, por más de 7 mil millones de pesos. Y como Miguel se asoció con la portuguesa Mota-Engil para conformar Mota-Engil México, a través de ésta, tiene un contrato de servicios de mantenimiento de la carretera Cardel-Poza Rica por 3 mil 470 millones y otro igual para la Tuxpan-Tampico, por 3 mil 477 millones. Además conformaron con el Sindicato Mexicano de Electricistas, Generadora Fénix.
Gamboa Patrón pudiera librar cualquier responsabilidad jurídica porque su puesto no tiene ninguna relación con el otorgamiento de contratos, aunque es de sobra conocida su influencia en diversas áreas de la administración pública y, particularmente, en la SCT donde fue titular durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, la situación puede ser más comprometedora para Ruiz de Teresa, dado que es un funcionario de alto nivel en una dependencia que le ha otorgado contratos por casi 7 mil millones de pesos.
Sin embargo, como es un hecho que los actos más cuantiosos de corrupción involucran a una red y no únicamente a los 2 contratantes directos: proveedor y cliente, el que en el helicóptero viajarán uno de los contratistas preferidos del sexenio y dos prominentes personajes de este gobierno, genera de inmediato la sospecha de que esto es la punta de un hilo que puede conducir a una madeja.
Quizá por eso Gamboa Patrón se apresuró, mediante un comunicado, a reconocer "Fue un error que el helicóptero nos haya bajado ahí y lamentó que esto haya sucedido". Quizá ese fue el menor de los errores y lo que tendrán que lamentar será mucho más que eso, dado que ese error puede haber puesto al descubierto una eventual red de corrupción.
Y quizá también por eso la Profepa y la SCT se apresuraron a resolver el caso, con una suspensión de la licencia del piloto y una multa de 2 millones de pesos a la empresa propietaria del aparato. Sancionar de inmediato para tratar de cerrar el caso.
Por supuesto que el gobierno, como ha hecho con todos los escándalos, tratará de minimizar el hecho y darle carpetazo; y, aunque en este momento los únicos hechos confirmados es que la aeronave pertenece a una empresa cuyo propietario es uno de los contratistas consentidos del sexenio y en el viajaban dos influyentes políticos, lo cierto es que son tantos los precedentes que ya atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales.
