Una de las principales facultades de un Estado es la de castigar las conductas delictivas que llegase a cometer alguno de los integrantes de la sociedad. Pero para que ello ocurra, en un régimen constitucional debe cumplirse a cabalidad un procedimiento por medio del cual se compruebe fehacientemente la culpabilidad del acusado y, en consecuencia, se le dicte una sentencia y la condena correspondiente. Regla fundamental de este proceso es el respeto, en todo momento, de los derechos humanos del imputado, procesado o sentenciado. Dichos derechos se extienden hasta los sitios en donde este último habrá de purgar su condena.
Es precisamente en estos lugares, conocidos como penales, prisiones, presidios, reclusorios o cárceles, en donde una República o Monarquía constitucional está más obligada a aplicar el imperio de la ley, ejercer su potestad y hacer valer el estado de derecho. ¿Cómo calificar, entonces, a un Estado que no puede establecer el mínimo de control y orden en estos espacios cerrados de cautiverio y mucho menos cumplir con el objetivo para el que fueron creados, a saber, el de la readaptación social?
La sangrienta riña ocurrida la madrugada del jueves pasado en el penal de Topo Chico, Nuevo León, es un capítulo más en la larga historia de desórdenes e irregularidades que ocurren en las cárceles del país. Historia que abarca toda una fenomenología de incapacidad, incompetencia, negligencia y corrupción: reyertas, matanzas, abusos, crímenes, motines, autogobiernos y escapes. El sistema penitenciario de México, podrido desde sus cimientos, experimenta con frecuencia estos fenómenos, en algunos casos con mayor escándalo y nivel de proyección mediática que otros.
Luego de 49 muertos y 12 heridos, Topo Chico mostró la cara oculta tras las murallas de lo que, con matices, ocurre en muchos reclusorios. Dos grupos pertenecientes a un cártel del narcotráfico se disputaban el control de la prisión. Los líderes de ambas bandas, sin ponerse ellos en riesgo, movieron a su gente como peones y carne de cañón ante la mirada impasible de la autoridad. Quienes controlaban el penal contaban con todos los privilegios y lujos que incluso muchos no pueden poseer ni siquiera en libertad, y tenían total libertad para hacer lo que quisieran, incluso con otros presos. La sobrepoblación del presidio era del 21 por ciento y para un total de 4,000 reos sólo había 100 custodios por turno. Para sobrevivir, las familias de los reos de "nuevo ingreso" debían pagar alrededor de 110,000 pesos. Hasta la semana pasada Topo Chico era un "microestado paria" dentro del Estado mexicano.
Pero, como ya se mencionó, Topo Chico es un caso más. Pocos días antes de que este polvorín estallara se dio a conocer que entre 2010 y 2012 el penal de Piedras Negras, Coahuila, se convirtió en un verdadero campo de exterminio. Según investigaciones de las autoridades estatales, en ese tiempo el grupo criminal que controlaba el reclusorio privó de la libertad a 150 personas y las llevó ahí para asesinarlas, quemarlas y posteriormente arrojar sus restos al río Bravo. El imperio del terror, pues. En septiembre de 2012, más de 130 reos se fugaron del mismo penal frente a las narices de la autoridad. A la fecha, aunque la mayor parte han sido recapturados y otros abatidos, todavía hay varios sueltos.
Tanto los autogobiernos como las fugas en las cárceles tienen una amplia historia en México. Tan sólo entre 2009 y 2013 se fugaron 1,000 presos de prisiones del país. El año pasado so contabilizaron 75 fugas, entre ellas la que Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien protagonizó lo que se ha llamado "el escape del siglo", por la forma insólita en la que se dio su evasión de un penal de "máxima seguridad". En 2010 se dio a conocer que varios reos del penal estatal de Gómez Palacio, Durango, tenían vía libre para salir, a bordo de vehículos oficiales de la prisión, a cometer delitos y masacres en bares y salones de fiesta de Torreón, Coahuila.
Los motines y las violaciones a los derechos humanos también forman parte de la "normalidad" de las cárceles. Con el de Topo Chico, en la presente década suman ocho, entre ellos el ocurrido en Gómez Palacio en diciembre de 2012. El saldo total es de 242 personas fallecidas. Pero la muerte es sólo la manifestación más violenta del caos que impera en el sistema penitenciario mexicano. Las anomalías inician desde el encarcelamiento masivo sin condena o incluso sin haber iniciado siquiera un juicio. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad, en México 4 de cada 10 reos no ha recibido condena. Este país ocupa el sexto lugar mundial en saturación de cárceles, la cual alcanza un nivel de 25 por ciento por número de reos y de 51 por ciento en cuanto a penales se refiere.
Llama la atención que a pesar de todos estos síntomas de descomposición, las muertes, los abusos y los escándalos que se desatan con frecuencia, el Estado mexicano, en todas sus partes y en sus tres niveles, no haya iniciado una reforma profunda del sistema penitenciario. La pregunta es ¿qué están esperando? ¿Cuántos muertos más tiene que haber?
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