S I no se trata de un simple recurso retórico para adornar o rellenar un discurso sin sentido, convocar a la unidad nacional es algo serio. Exige una serie de acciones para reponer la credibilidad y la confianza en quien tiene por primera obligación "defender los intereses superiores de la patria y proteger el bienestar de la nación".
Lanzar el llamado sin hacer nada, ni renunciar a las prácticas que avivan el malhumor social, puede arrojar un resultado contrario al supuestamente pretendido: dividir y confrontar. Es abrir filas en vez de cerrarlas y, así, no se avanza, se retrocede "en la construcción de un país más incluyente, más equitativo y más próspero".
Hasta ahora, lejos de sustanciar la convocatoria, se percibe el solapamiento de viejas prácticas y vicios que vulneran en vez de amalgamar la unidad. Eso, en lugar de arreglar, descompone aún más las cosas.
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Un jefe de Estado que convoca a la unidad nacional no puede tolerar que el sello de la actuación de su equipo de trabajo sea el de la reyerta o, peor aún, el de la mezquindad que mira en la ruina, la oportunidad de pepenar algo de cascajo.
A nadie escapan los jaloneos y las zancadillas al interior del gabinete animadas por el propósito de eliminar al adversario interno en la carrera sucesoria. Es inocultable la falta de coordinación de los colaboradores y es inaceptable que estos conviertan la crisis en la arena de lucha de su interés y ambición personal.
El señalado aprecio del presidente de la República por Luis Videgaray pese al error histórico cometido, obliga a tomar una decisión: integrarlo o desintegrarlo del equipo y, en cualquier caso, asumir la consecuencia. Si lo reintegra, debe prescindir de quienes lo resisten y conformar otro gabinete donde Videgaray sea el jefe; si lo desintegra, no puede tolerar la actuación sibilina de éste que, así sea eficaz, vulnera la credibilidad en el mandatario y fractura al gabinete justo en las áreas involucradas en la circunstancia: política interior, exterior, financiera y económica.
No se puede llamar a la unidad, sin alinear al equipo que debe construirla.
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Un jefe de Estado que convoca a la unidad nacional no puede sostener en su puesto a un secretario de Desarrollo Social como Luis Miranda que hace de la ignorancia el argumento del desprecio por los interlocutores a quienes debe rendir cuentas.
En el campo de su actuación, ese funcionario se conduce como un operador electoral desinteresado por el efecto social que puede acarrear la deportación de los migrantes y la reducción de las remesas. En la tribuna donde debe dar cuenta de su gestión, se comporta como un patán.
Nadie duda de la ignorancia de Miranda en materia de política social, pero no deja de asombrar su desinterés por saber a quién insulta. Cuando un funcionario debe comparecer, por lo general, se informa de quiénes pueden cuestionarlo o criticarlo. Desconocer la autoridad académica de la diputada Araceli Damián en materia de pobreza y desigualdad, impresiona.
Si, pese a la circunstancia, la misión de Luis Miranda es coaccionar y comprar votos en las entidades donde habrá elecciones el año entrante, el mandatario debe dejarlo en la posición, pero no hablar de unidad. Por el contrario, debe alentarlo a dividir y precipitar la confrontación hasta donde pueda.
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Un jefe de Estado que llama a la unidad y, por lo mismo, a conjuntar el esfuerzo en la defensa nacional está obligado a guardar distancia de su partido, en vez de convertirlo en el foro de su expresión.
No puede ser de otro modo porque, pese al concurso electoral en puerta, el interés superior se cifra en la nación, no en el clan. Es un contrasentido participar en el Consejo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, a días de convocar a la unidad.
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Una convocatoria a la unidad demanda ver qué temas o asuntos provocan división y cuáles la desvanecen.
Si el nombramiento del procurador general de la República suscita dudas sobre su idoneidad para transformarse en el fiscal general, convendría fijar claramente el alcance de la designación. Calibrar, pues, si el asunto divide y confronta en vez de unir. Y, en el contraste, ponderar el aceleramiento del nombramiento del fiscal Anticorrupción a partir de claros criterios de capacidad y verticalidad para mandar la señal de la voluntad de abatir ese cáncer nacional. Valorar la permanencia en el puesto del secretario de Comunicaciones y Transportes, quien de a tiro por licitación deja dudas sobre la transparencia del concurso y no consigue transitar un mes sin tropezar con algún asunto.
Si los servicios de seguridad e inteligencia permitieron la recaptura del criminal Joaquín Guzmán Loera, es difícil entender cómo el presunto criminal y gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, ha burlado los cercos tendidos sobre él. Difícil de creer que un especialista en provocar boquetes financieros, ahora supere al narcotraficante en la construcción de túneles que socavan el Estado de derecho. ¿Está en fuga el presunto malandrín?
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Si la convocatoria a la unidad nacional es la expresión convencida de que ésta es requisito para afrontar la amenaza proferida y reiterada por el próximo presidente de Estados Unidos, es menester revisar qué decisiones y acciones sirven al propósito de sustanciar el llamado. Si el gabinete en funciones es el indicado, si conviene integrar un gobierno de coalición, si hay prácticas políticas viciadas a desterrar, si hay pendientes que resolver en favor de la unidad...
Si, caso contrario, es mero recurso para rellenar un discurso conmemorativo, mejor no insistir en el llamado porque en vez de unir, puede dividir al país en un momento en extremo delicado.
