Cuatro días después de ser aprehendido como presunto responsable de secuestro agravado, el titular de la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado con sede en la ciudad de Monclova, fue liberado al haberse retractado sus acusadores ante el juez que conoció del caso.
Como es del conocimiento del público, el licenciado Genaro Azkary Soto Flores fue detenido por elementos de la Policía Ministerial y de la policía denominada Fuerza Coahuila, bajo una acusación según la cual el funcionario habría participado como autor material en el secuestro de una persona que fue liberada tiempo después, contra la supuesta entrega de veinte mil pesos que de acuerdo a la acusación, habría pagado como rescate la familia de la víctima.
La identificación del presunto responsable se hizo en base a unas fotografías que la Procuraduría de Coahuila dice haber obtenido de YouTube y que la policía presentó a los familiares de la víctima para su identificación sin embargo, al ver a la cara al detenido en el juzgado los testigos de cargo acabaron por retractarse es decir, a desmentir la certeza de la identificación original que fue base de la orden de aprehensión.
Dado lo sorprendente que resulta el consignar a un personaje de primer nivel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como responsable de un delito de tal naturaleza y gravedad, aunado a que el funcionario referido se ha destacado por los señalamientos frecuentes que ha hecho respecto a violaciones a derechos humanos cometidas por la propia Procuraduría y la llamada Fuerza Coahuila en el centro del Estado, surgió la sospecha de que se trata de una venganza de estado, en contra de un elemento incómodo.
No es la primera vez que ocurre un ultraje de tal estilo y gravedad. También la semana pasada fue liberado Noé Garza Garza, hijo del exsecretario de Desarrollo Rural Noé Garza Flores, quien hace ocho meses fue encarcelado como presunto responsable de venta de marihuana a una menor de edad, a raíz de que el padre del inculpado anunció su deseo de competir por la candidatura del PRI a la gubernatura de Coahuila, lo que también originó el cese fulminante de Garza Flores de su cargo en el gobierno de Moreira.
En su momento Noé Garza padre declaró a los medios que la policía de Coahuila "sembró" la marihuana que fue la base de la acusación en contra de su retoño y hoy día la liberación de Noé Garza hijo es consecuencia de la concesión de un amparo de un Juez Federal, que no encontró justificación legal para mantenerlo en prisión.
Las dos pifias que anteceden terminan en la vieja disculpa "usted perdone…" sin embargo, tales acusaciones aunque fallidas consiguen infundir temor ejemplar entre la ciudadanía coahuilense y en particular en la estructura burocrática, y tienen por objeto consolidar al grupo en el poder en base a una política de terrorismo de estado.
A esta política corresponden las declaraciones hechas en forma orquestada la semana pasada por el actual gobernador y su delfín Miguel Riquelme, que aparecieron en los periódicos El Norte, de Monterrey, y El Siglo de Torreón, respectivamente, y se resumen en una frase de Moreira según la cual: "En 2017 está en juego la seguridad de Coahuila es decir, el regreso de la violencia que nosotros queremos impedir…".
A la luz de las acusaciones de la justicia tejana que insiste en señalar al Gobierno de Humberto Moreira como cómplice del crimen organizado, las palabras de Rubén y de Riquelme, suenan a cínica amenaza.
Cada vez es más evidente que el moreirato es un gigante de metal con pies de barro que sin embargo, no caerá si los ciudadanos permanecemos de brazos cruzados. De los coahuilenses depende que sigamos siendo rehenes del grupo faccioso que tiene secuestrado al Estado desde hace diez años, o nos decidimos de una vez por todas a echarlos fuera en las elecciones locales del año entrante.
