El diagnóstico, en principio, era adecuado: los esfuerzos por desmontar el presidencialismo en México a partir del mandato de Ernesto Zedillo, habían traído como resultado un excesivo empoderamiento de los gobiernos en los estados que estaba ocasionando problemas de diferente índole a lo largo del territorio nacional. Lucía lógico que se tomaran las medidas necesarias para restar poder a los "virreyes" en las entidades federativas -ahora transformadas en feudos- y volver a centralizar parcialmente algunas de las decisiones.
El Pacto por México, signado por los partidos que mayor votación habían obtenido en las elecciones del 2012, fue en ese sentido -y solamente en ese- una decisión acertada que garantizaba que fueran creadas algunas leyes necesarias para acabar con la rapiña de los gobernadores.
Bajo la etiqueta "ley general", se establecieron nuevas reglas de juego que, al menos en el papel, eran atractivas en términos de su capacidad para acotar el ejercicio desmedido de poder de parte de los "reyezuelos" estatales. La conformación o transformación de instituciones de carácter nacional, como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa o el Instituto Nacional Electoral, compartían también esa finalidad.
Adicionalmente, la Presidencia de la República había tenido éxito al diversificar el discurso gubernamental: pasamos de la monotemática "lucha contra la delincuencia" a una situación en la que se hablaba de otras muchas cosas; incluso, por lapsos importante, el tema de la inseguridad y la violencia desapareció de la agenda nacional. ¿Qué pasó?
Quienes crearon la estrategia para la actual gestión federal olvidaron un pequeñísimo detalle: habían colocado a Enrique Peña Nieto al frente del titular del Ejecutivo. A Peña, le bastaron unas cuantas de sus frivolidades para destruirlo todo. Lo sorprendente es que nadie se haya dado cuenta que no era la persona correcta para ejecutar las acciones que habían sido trazadas.
Hoy México enfrenta un claro vacío de poder. Si bien la situación es delicada y debe manejarse con mucho cuidado, no veo una mala noticia en todo ello. Por el contrario, como nunca hay oportunidades para que los ciudadanos ocupen espacios y participen de manera activa en la búsqueda de solución, al menos de manera parcial, de algunos de los grandes problemas del país.
Las leyes e instituciones que se crearon para fortalecer infructuosamente la Presidencia, pueden ser detonantes de una nueva forma de participación ciudadana. Lo mejor es que, por ahora, ni siquiera hace falta que todos se sumen. Basta en principio con unos pocos, bien preparados, que lleguen a los sitios clave. La manera que se integró la Comisión de Selección del Sistema Nacional, que incluye a connotados ciudadanos y académicos, es para entusiasmar.
¿Seremos los ciudadanos capaces de llenar el vacío de poder que se está gestando? Más aún, una vez empoderados, ¿marcaremos realmente diferencia?
