Objetivo. Pretenden que sean los mismos proveedores quienes confiesen si existe relación familiar o de negocios con funcionarios estatales. (EL SIGLO DE TORREÓN)
De 6 meses a 6 años de cárcel más multa son los castigos que propone el Grupo Parlamentario del PRI para castigar el conflicto de intereses. Pese a que esta falta ya es castigado en la Ley de responsabilidad de los servidores públicos.
Con las reformas propuestas a la Ley de obras públicas y servicios, se busca que sean los mismos proveedores quienes confiesen si existe relación familiar o de negocios con funcionarios estatales.
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