Al que ahora sí le llovió fuerte fue al director de Obras Públicas de Torreón, Gerardo Berlanga Gotés, quien en la reunión que sostuvo ayer con comerciantes de la avenida Morelos recibió todo tipo de reclamos. Aunque también estuvieron presentes representantes de la empresa encargada de la cuestionada obra del Paseo Morelos, a los locatarios poco les importó y apuntaron sus baterías directamente al funcionario municipal. Cuentan los subagentes disfrazados de boquetes en el pavimento que los quejosos le reclamaron no sólo las fallas en las obras que salieron a flote por las lluvias del fin de semana pasado, sino también los retrasos en las mismas, la ausencia de los incentivos prometidos para amortiguar el impacto de los trabajos, la omisión en la entrega del plan de obras y, en resumen, que nunca cumple lo que promete.
Don Gerardo intentó esquivar los misiles con un mismo argumento: que todo se va a arreglar, que van a tener todo lo que piden y que sólo es cuestión de tiempo. Pero también fue más allá al decir que aunque entiende los reclamos y el enojo de los comerciantes, éstos “no saben de construcción”, como si se necesitara saber para darse cuenta de lo evidente: que hubo fallas en las obras. Pero dicen que quien anda harto mortificado con todo este escándalo es el alcalde Miguel Riquelme, ya que esta obra sólo ha generado dolores de cabeza cuando estaba considerada una de las principales acciones de su gobierno para levantar el Centro Histórico. Cuentan que tanta fue su mortificación que le propinó una regañiza marca diablo a Berlanga al enterarse de lo sucedido por la mala imagen que todo esto le está generando y porque va a ser muy difícil revertir ahora la percepción de que esas obras están mal hechas. Pero, sobre todo, el munícipe le reprochó su actitud de defensa a ultranza de los contratistas a quien don Miguel quiere dejar como responsables únicos del desbarajuste. Ayer, el alcalde lanzó una declaración que evidencia su temor por lo que pudiera pasar si el Paseo Morelos no cumple con las expectativas: “sé lo que me estoy jugando”, dijo. Los más avezados en la cosa pública prestos se aventuraron a decir que tal vez lo que está en juego son sus aspiraciones. Vaya bronca en la que está Berlanga.
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Parece que con el cambio de año se relajaron los controles en el ayuntamiento ya que al triste caso de los hundimientos en la avenida Morelos se han sumado otros que dejan entrever que varios directores están papando moscas en vez de atender su trabajo. Uno de ellos tiene que ver con el tremendo susto que se llevaron el lunes varios ciudadanos al presenciar un aparatoso despliegue policiaco y de agentes de Vialidad en la calzada Colón para que pudiera llevarse a cabo la filmación de un cortometraje que participará en el Tercer Festival Nacional de Cine de Torreón. El detalle es que ninguna autoridad tuvo la precaución de avisar al público y no faltó quien pensara que se trataba de una balacera o un asalto bancario, por lo que la alerta no se hizo esperar. O sea que tache para el jefazo de la Policía, Adelaido Flores, y el director de Vialidad, Ricardo Hamdan. Otro “incidente” se registró la madrugada del mismo lunes en el Canal de la Perla, que está a cargo del Instituto de Cultura que encabeza Ruth Idalia Ysáis. Resulta que cuando se cumplió el horario de visitas la noche del domingo, los encargados del paseo turístico fueron a cerrar las puertas, como se hace cada noche. El problema es que dejaron adentro a una joven pareja que no se percató de la hora (quién sabe qué andarían haciendo) y cuando quisieron salir ya era demasiado tarde. A gritos, los muchachos pidieron auxilio para que les abrieran la puerta del Canal, lo cual desató tremenda movilización policiaca en plena madrugada para “rescatar” a los desafortunados y despistados paseantes. Con esto se evidencia que los encargados de la vigilancia del lugar no se dan cuenta de quién entra y quién sale, para lo cual bastaría un simple ejercicio de aritmética: si entran 20 y salen 18, pues entonces faltan dos. Por último, el director de Protección Civil, Alberto Porragas, volvió a ser noticia la semana pasada cuando se reportó que una camioneta oficial de su dependencia estaba estacionada en el sótano de conocido centro comercial. Aunque don “Tito” jura y perjura que fue a recoger el pan que cada año les regalan para entregarlo a las personas de escasos recursos, lo cierto es que algunos clientes del negocio dicen haberlo visto aprovechando la visita para hacer compras junto con su familia. En fin, parece que hace falta apretar unas tuercas en la administración o, de plano, cambiar algunas.
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En misivas anteriores, nuestros subagentes disfrazados de malletes nos habían reportado de los supuestos enjuagues en lo oscurito que andan haciendo algunos magistrados para facilitar la salida de prisión de varios malandrines vinculados con sonados secuestros en Torreón. Pues ahora, quien le pone nombres y apellidos a este caso es el conocido empresario Pedro Luis Martín Bringas, quien sin pelos en la lengua (como suele ser su costumbre) denuncia lo que llama “la mafia del poder judicial” al asegurar que los magistrados José Francisco Gómez Gómez, mejor conocido como “Pancholín”, y Luis Martín Granados Salinas, son los que están haciendo los “arreglos” en algunos expedientes de secuestradores que conformaban una banda, detenidos y sentenciados en Torreón, a fin de que vuelvan a las calles. Don Pedro Luis dice tener conocimiento de otros empresarios que han sido víctimas de la citada banda y del temor que tienen por la posible liberación de los hampones, pues sin duda, bajo el manto de la impunidad que todo lo cubre, volverían a hacer de las suyas en la Región Lagunera, como lo hicieron por un tiempo. Pero lo más curioso (si consideráramos que este país es serio) es que sean los mismos encargados de impartir justicia quienes estén tratando de gestionar la libertad de los secuestradores que fueron atrapados bajo el mando del exdelegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y actual delegado de la Procuraduría General de la República, Fernando Olivas Jurado. Martín Bringas dice que en la sede del Tribunal de Justicia, en la urbe de adobe, ya están enterados de estas travesuras o, al menos lo estuvo el expresidente del máximo órgano judicial del estado, Gerardo Pérez Mata. Habrá que ver si éste dejó para la entrega-recepción este pesado asunto como uno de los pendientes a resolver por la nueva presidenta, Miriam Cárdenas.
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En reportes de otros lares de la provincia, cuentan que el que ya no siente lo duro sino lo tupido es el alcalde panista de Monclova y suspirante por la gubernatura, Gerardo García, a quien el diputado priista Melchor Sánchez ha agarrado de punching bag para golpearlo un día sí y otro también haciendo uso del medio de comunicación que recientemente compró. Y no es que la administración de don Gerardo sea un dechado de eficiencia, pero es claro que el trasfondo en este pleito tiene que ver con la contienda electoral que se avecina. Pero el munícipe, que dicen es de mecha corta, no se ha quedado callado y aprovecha cualquier reflector para arremeter contra las anteriores administraciones priistas, entre ellas, la del propio Melchor Sánchez. García ha señalado que dichos ayuntamientos frenaron obras para no asumir costos políticos, que no reportaban los ingresos reales por impuesto predial y, en suma, que fueron muy irresponsables. Pero, contrario a lo que pudiera pensarse, a quien beneficia esta pugna que se trae el alcalde con don Melchor no es al PRI, sino a los otros suspirantes blanquiazules, como el exdiputado Guillermo Anaya, de quien no extrañaría que de pronto publicara un mensaje con la leyenda: “gracias por favor recibido”.
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Versa el dicho -parafraseado- que a río revuelto, ganancia de... políticos. Y este bien se puede aplicar al virtual candidato a la gubernatura de Durango, José Rosas Aispuro, por el PAN y al delegado del CEN blanquiazul en dicha entidad, Marcelo Torres, ahora que se han metido de lleno a la búsqueda -un poco desesperada, tal vez- de adeptos y votos con miras a la elección de junio próximo. Resulta que el “Güero” arrancó oficialmente sus actos proselitistas este año flanqueado de un personaje, digamos, sui géneris, del ámbito público regional. Se trata de José Guadalupe Barrios, dirigente de la Onappafa, organización que bajo los sobados argumentos de la “protección del patrimonio familiar” y la “justicia social”, defiende a las decenas de miles de propietarios de autos “chuecos” que circulan por las calles de la zona metropolitana de La Laguna. Y es que la gente de Rosas ha llegado a un acuerdo con don José para que éste ofrezca su apoyo público al suspirante y, obviamente, algunos miles de votos a cambio de pugnar por que sean “regularizados” de la noche a la mañana los vehículos de procedencia extranjera que se encuentran de forma ilegal en el país, cosa que se traduce en que este gremio siga conservando sus privilegios de no pagar impuestos, mientras las autoridades estatales hincan el diente a los incautos que conducen autos legales y nacionales. Lo que son las cosas, antes el PRI era el que se beneficiaba políticamente de mantener intactos los intereses de los “pafos”, y ahora es el PAN el que busca los réditos electorales. Lo más curioso es que la Onappafa busque obtener más beneficios de los que ya de por sí tiene en el Chiapas del Norte, puesto que, como es de todos sabido, en este estado el gobierno de Jorge Herrera Caldera se ha caracterizado por no molestar a los propietarios de estos vehículos ilegales ni por error. Extraños asuntos los de la política.
