Hartas dudas y sospechas es lo que ha generado la reacción de los muchachos de Adelaido Flores, jefazo de la Policía Municipal de Torreón, durante la trifulca que protagonizó la horda de seguidores del equipo Tigres el sábado pasado en pleno graderío del majestuoso estadio Corona. Nuestros subagentes disfrazados de botes de basura voladores nos reportan que el origen de todo el caos fue que a los gendarmes encargados de formar el cinturón de protección de la porra visitante se les escaparon varios de los enardecidos fanáticos y que al tratar de regresarlos al “corral”, éste terminó por romperse. A partir de entonces, todo fue desorden, puños, patada y coz, ante la mirada de los matutes, quienes optaron por quedarse como el pequeño habitante de la República Popular China, es decir, “nomás milando”.
Lo más intrigante de todo es que en las numerosas explicaciones que ha dado el teniente Flores no ha podido aclarar por qué falló el mentado cinturón de seguridad y por qué no actuaron para contener a la turba tigre que puso como santocristo a varios aficionados laguneros, incluyendo mujeres y menores de edad. Don Adelaido sólo se ha limitado a decir que actuaron conforme al protocolo y que el haber intervenido hubiera resultado contraproducente. Extraño protocolo, pues, el de la Dirección de Seguridad Pública, que cuando detienen a un “sospechoso” transeúnte indefenso le dan sus coscorrones (si no nos creen, pregúntenle al caricaturista Guayo), pero cuando se trata de contener la furia de una pandilla -perdón, barra- casi se sientan en primera fila para sólo observar los moquetazos. Y no se trata de que, como andan diciendo, los muchachos del teniente tuvieran que entrar a agarrar a toletazos a los descontrolados fanáticos, sino de hacer su chamba, es decir, poner orden y proteger a los indefensos, haciendo uso de una estrategia antimotines que, según el manual de cualquier policía que se respete, se concentra en la contención de la violencia, no en la represión. Pero los subagentes aseguran que detrás de la polémica decisión de no impedir los golpes a inocentes y los daños a vehículos estuvo el temor, pero no el de recibir los guamazos de los enfurecidos regios, sino el temor de que a los polis locales se les pasara la mano en la refriega y tanto el jefazo de la corporación, como su patrón el alcalde, fueran exhibidos a nivel nacional como represores. Afortunadamente, más allá de los lesionados y los daños materiales, no pasó una tragedia. Ojalá que a la próxima no dejen a la suerte el resultado.
***
Otro que anda pariendo chayotes para explicar sus decisiones es el celoso guardián de las finanzas municipales, Enrique Mota, al grado de que ha creado nuevos conceptos de administración pública y derecho laboral, mientras que por abajo del agua corren especies que lo ponen en evidencia. El tesorero de Torreón ha entrado en un curioso juego de galimatías para justificar por qué se retuvo el dinero de las aportaciones que el ayuntamiento está obligado a hacer para las pensiones de los trabajadores municipales. Dice que la medida se tomó para “cuantificar el impacto económico” que va a tener la nueva ley de pensiones aprobada para el estado de Coahuila. ¿O sea que, según lo que argumenta, don Enrique necesita tener el dinero en la mano para poder hacer cuentas y no puede hacer proyecciones con base en sencillos ejercicios aritméticos? Seguramente usted también se preguntará esto, extrañado lector. Pero para el funcionario las cosas no son tan fáciles, como hemos podido ver a lo largo de la administración. El problema es que para hacer esas cuentas con “dinero en mano”, muy probablemente el tesorero está violentando un derecho de los trabajadores al privarlos de un recurso que por ley les pertenece y que no es propiedad del ayuntamiento. O ¿acaso cualquier patrón, sea empresa o gobierno, puede dejar de hacer los pagos de cuotas que son su obligación, como las obrero-patronales del IMSS, sin que haya ningún problema? Pero más allá de esto, nuestros subagentes disfrazados de computadoras hackeadas nos reportan que no sólo se les están reteniendo esos recursos a los empleados municipales sino que también la Tesorería ha dejado de pagar los abonos de las deudas que se tienen con tiendas o instituciones crediticias, a las cuales debe destinar parte del sueldo de los trabajadores previo convenio firmado. Algo así como lo de las polémicas cuotas al PRI, pero aquí sí con consentimiento del interesado y autorización de por medio. La consecuencia es que a los empleados ya les han llegado amenazas de embargo si no pagan lo que deben y que se supone no tendrían que adeudar. Los mismos subagentes comentan que todo esto se debe a que las finanzas municipales no están tan robustas como se quiere hacer ver y que, para hacer frente a los múltiples compromisos, don Enrique tuvo que desempolvar la famosa licuadora de su antecesor, Pablo Chávez Rossique, y depositar en ella todo lo que pase por sus manos y de ahí sacar para pagar “lo que va saliendo de pendientes”.
***
Aún no termina de arrancar bien el Nuevo Sistema de Justicia Penal y comienzan a circular ya truculentas historias sobre el viejo modelo que sigue vigente para los casos rezagados antes de que entraran en vigor los cambios. Nuestros subagentes disfrazados de barrotes oxidados nos informan que uno de los encargados de darle salida a los expedientes atrasados, el juez cuarto de primera instancia, de apellido Limón, se está portando, digamos, demasiado amable con algunos de los procesados y sentenciados para que queden en libertad bajo criterios por demás dudosos. Cuentan que dicho togado actúa en connivencia con funcionarios del penal estatal de Torreón, a cargo del exgate Francisco Estrada Picena, para darle una buena maquillada al historial de los presuntos delincuentes y mostrarlos como si fueran unas blancas palomas que están listos para reincorporarse de manera provechosa a la sociedad. Lo grave del asunto es que, según dicen, los liberados son personas sentenciadas por homicidios, secuestros y violaciones, la mayoría de ellos representados por un letrado que, aseguran, cuenta con ingentes recursos para aceitar la maquinaria judicial y penitenciaria y obtener así lo que tanto anhelan sus clientes. ¿Estará enterada la nueva jefaza del Tribunal de Justicia, Miriam Cárdenas? ¿Tendrá conocimiento de estas travesuras el secretario de Gobierno, Víctor Zamora? No le cambie de canal.
***
En otro capítulo de la novela de Gómez Palacio, resulta que aunque no de palabra, pero sí en los hechos, el presidente saliente de esta ciudad, José Campillo, rompió con el candidato de la gubernatura de Durango por el PRI, Esteban Villegas. Nuestros subagentes aseguran que debido a que don Pepe tiene un desorden financiero en la administración -y uno que otro negocito con testaferro por ahí- prefiere quedar bien con la candidata a sucederlo, Leticia Herrera. No duda que la aspirante priista, si llega a presidir por segunda vez el ayuntamiento, sacará a relucir los trapos sucios, fincará responsabilidades legales y hasta se negará a firmar la famosa acta de entrega-recepción. Para mostrar fidelidad a la senadora con licencia, el todavía presidente no sólo colocó en la Dirección de Gobernación (llámese el Cisen de petatuix de la Presidencia Municipal) a Ángel Francisco Rey Guevara, exsecretario del Ayuntamiento en la administración de Octaviano Rendón y alfil de los Herrera de La Laguna, para que pueda hacer y deshacer a sus anchas, con la encomienda de ser los ojos y oídos para el grupo citado, sino que también ya existe la orden, dada por el propio Campillo, de no “prestar” a nadie del personal administrativo y de base de la Presidencia Municipal (todos priistas) para apoyar a la estructura del tricolor, que anda sudando la gota gorda en la campaña de don Esteban. De esta situación ya se dio cuenta el candidato priista y dicen que le han llegado rumores de que mientras él trata de ganarse el voto en La Laguna, Campillo se anda relajando en algunos centros de esparcimiento nocturno en Torreón muy quitado de la pena. Así como están las cosas no sorprendería que en Gómez Palacio los funcionarios municipales repitieran lo ocurrido en la capital de Durango durante las pasadas elecciones a la gubernatura, donde los funcionarios de la presidencia capitalina no votaron por el candidato preferido y hoy gobernador Jorge Herrera Caldera sino por el “Güero” Rosas Aispuro. Pero mientras se llega el día de la elección, doña Lety ayer dio una muestra de “apoyo y unidad” del partido para callar a los malintencionados. Se lanzó contra José Rosas Aispuro, candidato del PAN Amarillo, al acusarlo de traidor. Si bien la aspirante del tricolor aseguró que no fue presionada por nadie para dar tales declaraciones, hay quienes dicen que le “hicieron manita de puerco” para compensar los desaires que le ha hecho su gente al delfín Esteban Villegas. ¿Será?
