Dicen que un fantasma recorre los pasillos de la Presidencia de Torreón... es el fantasma de Pablo Chávez , otrora celoso guardián de las arcas municipales, ingenioso impulsor de la famosa licuadora financiera y dandy de los dineros que nunca aceptaba crítica alguna a la sui géneris manera que tenía de administrar el erario. Y es que en últimas fechas, cuando se dan en el ayuntamiento las discusiones sobre el manejo de las cuentas públicas, da la impresión de estar viviendo un déjà vu. Y es que las ediles panistas, principalmente Gabriela Cassale y Angélica Campos, se han puesto a lanzar dardos emponzoñados al tesorero Enrique Mota respecto a dos puntos centrales: la obesidad creciente de la nómina a pesar de las promesas constantes de ponerla a dieta y la cifra de los pasivos totales que enfrenta el ayuntamiento.
En este último punto, las cosas se han puesto calientes por la diferencia en la lectura de las cifras. Para doña Gaby y doña Angie el dato duro asciende a 1,500 millones de pesillos, algo así como el 75 por ciento del presupuesto; pero don Quique sólo reconoce 500 millones, que tampoco es como para andar presumiendo. El detalle es que las panistas alegan que cómo puede ser posible que el tesorero maneje otras cifras cuando sus propios informes indican que la deuda total (bancaria y no bancaria; a corto, mediano y largo plazo) es más de lo que las autoridades quieren reconocer. Algo simplemente no cuadra. Las malas lenguas dicen que tal parece que los manuales del ex tesorero Chávez fueron desempolvados y puesto a punto para ser reutilizados y que hasta la licuadora fue reparada para poder echar ahí recursos de todo tipo, incluso hasta de las pensiones, tal y como lo hizo la pasada administración. Más que un descuido o mero desconocimiento, lo que dicen es que se trata ya de un modus operandi en toda forma. La gran pregunta es: ¿con qué fines? Como pista, en 2017 habrá elecciones.
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Otro asunto que amenaza con convertirse en un hueso difícil de roer y del que no existen visos de que se vaya a resolver, es el de los policías municipales que hace unas semanas fueron exhibidos por una organización internacional debido a los tratos nada amables que le propinaron a la familia de una mujer acusada de andar haciendo travesuras. Como usted recordará, memorioso lector, el caso está bastante peliagudo porque a los agentes involucrados se les señala por haber provocado el deceso de una persona y serios daños a la dama en cuestión. Lo curioso del asunto es que ni la PGR, ni la Procuraduría Estatal parecían tener conocimiento del hecho y dicen que, apenas, andan investigando. Y aunque la tortura se cometió en la pasada administración, golpea al actual director de Policía, Adelaido Flores, ya que él se encontraba a cargo de la corporación cuando ocurrió. Según nuestros subagentes disfrazados de patrullas, los elementos que fueron suspendidos apenas hace unos días a petición del departamento de Asuntos Internos, encabezado por Benjamín Noyola del Río, siguen cobrando parte de su sueldo y son muy poco molestados por las indagatorias, no vaya a ser que se enojen. Y mientras el caso no tiene para cuándo resolverse, ya que dicen que puede ser en cualquier momento de lo que queda del año, cuentan que se dio la orden en la Dirección de Seguridad Pública de suspender a cuanto agente tuviera alguna queja en su contra, como para taparle el ojo al macho o dar la impresión de que, ahora sí, se van a castigar las travesuras o pasadas de mano de los agentes. Pero lo cierto es que, según dicen, existe trato privilegiado y diferenciado para quienes realizan tareas especiales en el cuerpo de gendarmes, como ser escoltas del jefazo de la Policía. ¿Será?
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Cuentan que muy concurrida estuvo la pachanga con acarreo incluido del alcalde de Monclova, Gerardo García, suspirante a la Silla Máxima de la Provincia. Como lo habían adelantado nuestros subagentes, el convite se llevó a cabo el sábado pasado en una quinta en el bello municipio de Lamadrid, hasta donde se dieron cita connotados, y muchos no tan connotados, panistas de varias regiones de la entidad coahuilense. Entre los cerca de 2,000 asistentes destacaron el senador Luis Fernando Salazar, también calefato; el dirigente estatal blanquiazul, Bernardo González, y los diputados Yolanda Acuña, Armando Pruneda y Jesús de León. No obstante, hubo notables ausencias, como Guillermo Anaya -otro aspirino-, el ex embajador Jorge Zermeño y el alcalde de Saltillo, Isidro López, de quien dicen es el único al que temen en verdad los priistas en la carrera hacia la gubernatura. También llamó la atención la ausencia del alcalde de la vecina Frontera, Amador Moreno, ya que fue el único edil panista de la región al que le pusieron falta. En cuanto al destape del autonombrado “Gallo de Acero”, dicen que fue muy mesurado en su discurso, aunque un sector de los asistentes -seguramente de su equipo- comenzaron a echarle porras y a gritar: “Gerardo para gobernador”, pero como que no prendió mucho el asunto. Sin embargo, dicen los subagentes que todo parece indicar que ya está preparando el terreno para dejar la alcaldía en manos de una persona que le cuide las espaldas. Al respecto, se comenta que cada vez son más frecuentes las reuniones para ponerle nombre al interino que, según dicen, algunos quieren que sea Jesús Pruneda, actual contralor municipal. O sea que, de que don Gerardo va por hueso, va por hueso en una elección que pinta por demás interesante si se toma en cuenta que un tercer Moreira, de nombre Álvaro, busca ser candidato a la alcaldía de la Urbe de Adobe, y el empresario Armando Guadiana por fin cedió a los coqueteos de la Morena del Peje que lo acaba de nombrar delegado de Soberanía Nacional, sea lo eso signifique.
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Por si un problema le faltaba a la administración de José Miguel Campillo en Gómez Palacio, se comenta que el hecho de que el Congreso de Durango no haya autorizado el contrato de concesión del agua tratada que genera la Planta Oriente, ni siquiera recibido el documento aprobado por el Cabildo, podría derivar en un nuevo daño a las arcas municipales que deberá ser revisado y sancionado de ser necesario. Y es que como se informó en días pasados, el Congreso local no ha tenido conocimiento de dicho contrato puesto que a la actual administración se le “olvidó” enviarlo para su revisión y aprobación, a pesar de que los legisladores debieron aprobarlo antes de que el municipio comenzara a destinar el agua tratada al agricultor José Luis Padilla, con quien se firmó el contrato de 30 añitos. Es decir, desde hace más de tres años un particular recibe el agua tratada sin la debida autorización (de esas cosas que pasan en este país). Aunque en la pasada gestión, que encabezó la ahora diputada federal Rocío Rebollo, se hizo llegar un expediente a la Legislatura, éste fue devuelto porque estaba incompleto y de ahí que en la actual administración se pidió a los regidores su aprobación para ratificar dicho contrato, con el rechazo de algunos por considerar que no tenían la suficiente información y tampoco conocían las condiciones en que éste fue celebrado. O sea, todo mal. Dicen los que saben que la cadena de responsabilidades iniciaría desde el Sideapa, encargado de operar la planta de tratamiento; y seguiría con el ayuntamiento, por no haber enviado en su momento el contrato al Congreso del Estado y a la Entidad de Auditoría Superior del Estado, la cual debió fiscalizar el origen de los ingresos producto de dicha concesión. En su momento, regidores de oposición cuestionaron la ratificación del contrato y meses después, cuando solicitaban información sobre el estado en que se encontraba el mismo, la autoridad municipal les aseguraba que ya había sido aprobado y hasta publicado en el Periódico Oficial del Estado, lo que como vemos terminó en viles mentirijillas. “Ya que se acabe esto”, dicen en el ayuntamiento ante tanto problema.
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El que anda, dicen, que se pela por ganarse la simpatía y favor de la alcaldesa electa de Lerdo, María Luisa González Achem, con el fin de ocupar en el futuro inmediato el puesto de tesorero municipal, es el presidente del PRI y ex dirigente de la CNOP en la Ciudad Jardín, Homero Martínez Cabrera, quien ocupa actualmente la cuarta regiduría del Cabildo liderado por el todavía alcalde Luis de Villa. Dicen que don Homero ha estado charlando con doña María Luisa para chantajearla -perdón, convencerla- de que este cargo es lo mínimo con lo que pueden pagarle luego de colgarse la medalla del triunfo electoral en las urnas, medalla que por cierto también se colgó en Gómez Palacio el presidente del mismo instituto político y actual diputado local Juan Ávalos cuando ninguno de los dos gustosos coordinó las campañas del PRI en la región. Dicen. En fin, cuentan que algunos integrantes del nuevo Cabildo que iniciará labores en septiembre opina que doña María Luisa debe tener mucho cuidado respecto a quién coloca como responsable de las finanzas municipales pues se trata de una dependencia clave para la administración. Es de recordar que el alcalde saliente Luis de Villa, a quien la ciudadanía ha censurado en ocasiones por alguna que otra ocurrencia de sus directores, buscó blindar las arcas nombrando a María Cecilia Amatón como tesorera, labor que a decir de muchos no hizo mal. Posteriormente le siguió en el cargo Ricardo Olivares, quien pese a sus orígenes panistas fue favorecido por De Villa para ocupar el puesto en base a sus cartas de recomendación. Algunos políticos de la vieja guardia de Lerdo se preguntan cuál es la experiencia, preparación o recomendación que pudieran justificar la designación de Martínez Cabrera en un cargo de tal relevancia como la Tesorería Municipal. Hasta ahora Achem ha sido cuidadosa en no soltar prenda respecto a quiénes ocuparán las direcciones de su Administración aunque se ha cansado de decir que serán los mejores perfiles. A ver si es cierto.