Oportunas resultaron ser las declaraciones del subprocurador ministerial, Norberto Ontiveros, respecto a las investigaciones que -en teoría- se siguen en esta provincia sobre el truculento caso de la megadeuda de Coahuila. Y es que dichas declaraciones se dan luego de años de silencio guardado por el gobierno estatal en torno al asunto y en medio de las novedades surgidas en el juicio del sicario procesado recientemente en la Corte Oeste de la República de Texas y que salpicaron al gobierno anterior, y la nueva denuncia que los senadores panistas presentaron ante la PGR. En síntesis, Ontiveros dijo que en el caso del exgobernador interino, extesorero estatal y exsecretario de Desarrollo Social, Jorge Torres López, no se encontró rastro alguno de enriquecimiento ilícito porque éste recibió una donación de 3 millones de dólares, con lo cual se justifican sus propiedades e inversiones, creíble, teóricamente, dado que en verdad es “hijo de ‘apá”. En el caso de los presuntos desvíos o robos de recursos del erario coahuilense, el subprocurador dijo que no halló indicios de que se haya dado tal fechoría. O sea, aquí no pasó nada y todo en orden. Pero las cosas no son tan sencillas. Estas exoneraciones de facto levantaron polvo de inmediato entre quienes siguen de cerca los pormenores del caso. A primera vista de ellos salta el hecho de que para la Procuraduría de Justicia de Coahuila los juicios que se siguen en la hermana república del norte simplemente no existen, ya que, de lo contrario, se hubieran integrado al expediente las confiscaciones de millones de dólares en bienes y cuentas que los fiscales del Tío Sam han concretado al extesorero Javier Villarreal, al mismísimo Torres López y, se cree, próximamente a la suegra del Profe Humberto. Además, los fiscales gringos están convencidos de que además de sobornos de cárteles al gobierno provincial en el sexenio pasado, también hubo sustracción de dinero de las arcas estatales. Y, para cerrar la pinza de las intrigas, si para la Procuraduría estatal no hubo desvíos o robos, entonces ¿dónde quedó la bolita de los 18,000 millones de pesillos que se esfumaron de las cuentas públicas de la pasada administración y que forman parte de los 36,000 millones que todavía deben los pobres coahuilenses? Algunos avezados apuntan a que si no dejaron rastro de la salida de ese dinero es que probablemente nunca entró a las arcas, total, si fraude hubo al contratar esos créditos, pues también a la hora de manejarlos.
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Ya huele a campañas en Coahuila. Los partidos tienen casi listas sus municiones. Sus baterías ya apuntan a sus rivales. Y no se descartan algunas sorpresas. El intercambio de acusaciones que protagonizaron esta semana el PRI de Verónica Martínez y el PAN de Bernardo González por los famosos gasolinazos es un adelanto del nivel que van a manejar cuando arranque el proceso. En resumen, ambos partidos entraron en una especie de competencia por ver cuál de los dos es el que ha fregado más al sufrido pueblo con los incrementos en los precios de los combustibles. Luego, en un intento por golpear a Armando Guadiana, flamante delegado de la Morena del Peje y virtual aspirante a la gubernatura por ese partido, el gobierno de Coahuila acaba de resucitar el tema de las corridas de toros cuando prácticamente ya nadie se acuerda de eso porque ya ni hay y siempre hubo muy pocas, dirían los aficionados en peligro de extinción. Personalmente, el gober Rubén le pidió ayer a la Tremenda Corte que resolviera de fondo y de una vez por todas la controversia por tanto amparo que se ha presentado. Dicen las malas lenguas que la idea de mandatario estatal es exhibir a don Armando como un promotor de la violencia y maltratador de animales. Por otro lado, en los pasillos de las oficinas de Acción Nacional se escucha la especie de que se está preparando la estrategia con la que se pretende dinamitar las aspiraciones del alcalde de Torreón y primer delfín del régimen, vinculándolo con el apellido Moreira para presentarlo como heredero del clan. Y ya que hablamos del clan, el Partido Joven, satélite del tricolor, ha lanzado una campaña preventiva anunciando el lanzamiento de un candidato que “ya demostró que sabe gobernar y servir al pueblo de Coahuila”. Como se sabe, el dirigente de dicho partido, Edgar Puente, ha coqueteado desde hace meses con nominar al “Improcesable don Humberto” para una candidatura, ya sea a diputado o, de nuevo, a la alcaldía de Saltillo. Por lo tanto, no se descarta que para la elección 2017 haya no sólo un Moreira, sino dos como candidatos: el ex y su hermano Álvaro. Qué bonita familia y qué bonito el nepotismo.
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En donde cada vez están teniendo más problemas para justificar la creciente obesidad de la nómina es en la Tesorería Municipal que encabeza Enrique Mota. Prácticamente desde que arrancó la actual administración se ha venido prometiendo que el gasto por servicios personales se va a recortar, pero hasta el momento ha sido lo contrario. Y ante los dardos emponzoñados que los regidores panistas han lanzado, las respuestas del Guardián de las Arcas han sido varias: que han tenido que contratar más policías municipales, que con los nuevos espacios públicos ha sido necesario destinar más gente a su cuidado, que si la ayuda escolar, que si la marea roja. El problema es que, a decir de críticos y criticones que han estado asesorando a la bancada blanquiazul, ninguna de esas excusas sirve. Por ejemplo, en el caso de los policías municipales, dicen que han sido tantos los que han despedido que con las nuevas contrataciones prácticamente han quedado a tablas. En cuanto a los nuevos espacios públicos, comentan que sólo se dice que para allá está yendo más personal, pero no se dice cuántos. Respecto a la ayuda escolar, aseguran que no puede ser argumento ya que es una prestación que año con año se da y que, por lo tanto, debe estar debidamente programada. Y de la marea roja, se apunta que ciertamente es el renglón en donde más aumento se ha dado, pero que el manejo la nómina de esta agrupación es, digamos, poco diáfano y que se presta para servir de pantalla para otras áreas municipales. Los subagentes señalan que hasta el momento nadie le ha puesto la lupa al DIF Municipal, en donde, según comentan, el gasto de nómina se ha venido incrementando sustancialmente también sin justificación aparente. Por todo esto, cuentan que los ediles de oposición están preparando una serie de dardos a lanzar próximamente. A ver con qué responde ahora don Quique, a quien cada vez las cuentas le cuadran menos.
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Del otro lado del Nazas cuentan que algunos de los empresarios laguneros que a través de la figura del panista Augusto Ávalos en algún momento apoyaron con recursos económicos y en especie la campaña del gobernador electo de Durango, José Rosas Aispuro, se enfrentan ahora a una situación harto difícil. Los subagentes reportan que, como ocurre en la mayoría de estos casos, los apoyos no llegaron al destino indicado, y en consecuencia los empresarios no tienen forma de pedir que sean tomados en cuenta para ocupar posiciones dentro de la estructura de gobierno. Dicen que el problema es que don Augusto, próximo diputado plurinominal, hizo perdidizos algunos de los apoyos que originalmente serían destinados a la campaña de Aispuro. Y una de las víctimas de esta situación es nadie más y nadie menos que el actual alcalde de Saltillo, Isidro López, quien apoyó con recursos y algunos vehículos que nunca se entregaron y no sirvieron para hacer proselitismo. Otros casos similares ocurrieron con empresarios locales y exalcaldes de varios municipios, quienes también confiaron en el excandidato a la diputación local por el X Distrito y eterno aspirante a la presidencia municipal de Gómez Palacio y se quedaron como el perro de las dos tortas. Cuentan los que saben que lo peor de todo es que este tipo de manejos en campañas políticas se ha convertido en un modus vivendi de éste y otros personajes, por lo que así lo que menos importa son los resultados. Ahí está que en La Laguna, otra vez, el PAN no ganó nada.
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Un panista que, dicen, pretende hacerle “manita de puerco” al gobernador electo es el dirigente estatal del partido, Juan Quiñones, quien busca a toda costa convertirse en senador por Durango y en aras de conseguirlo, le está metiendo presión desde distintos perfiles. A pesar de que Quiñones no sólo tuvo una nula participación en la campaña, sino que además le generó condiciones adversas al “Güero” Rosas, dice tener su fuerza en el manejo del padrón de militantes, pese a que ya existe una denuncia en su contra ante el Registro Nacional de Miembros del PAN por haber incurrido en la afiliación a granel, una práctica que está sancionada por los estatutos internos. No obstante, se oye que don Juan se está apoyando en personajes como Uvaldo Nájera, exdirigente en Gómez Palacio, para ser tomado en cuenta. A ver si le sale.
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Los subagentes disfrazados de naranjos de la Presidencia Municipal de Lerdo dicen que la alcaldesa electa María Luisa González Achem iniciará su administración el próximo primero de septiembre con un ligero aroma a nepotismo. Resulta que en las planillas que ya circulan en redes sociales se menciona a María Luisa González López, su sobrina e hija del exalcalde Luis Fernando González Achem, como directora del DIF de Lerdo. Se habla también de que pondrá además a su otro sobrino César Martínez como secretario particular y que, por supuesto, mantendrá en la nómina a otras dos de sus sobrinas que laboran actualmente en la administración saliente de Luis de Villa en las direcciones municipales de Servicios Públicos y Comunicación Social. Esto sin contar lo que se acumule de familiares que ya encontraron en la nómina municipal una jugosa bolsa de trabajo, pues aseguran que el hijo de la alcaldesa, Shamir Rivera, ya pidió licencia en su centro de trabajo actual que es el CBTIS 4 (donde ella fue directora) pues posiblemente también alcanzará un hueso en la administración de mamá. ¿Será?
