Corre la especie de que nuestros H. Curulecos Estatales estaban dormidos cuando aprobaron la más reciente reforma electoral, de lo contrario se hubieran dado cuenta de lo que a todas luces representa una aberración. Resulta que dentro del paquete legislativo que les hizo levantar el dedo en automático está la calendarización del proceso electoral. Como se sabe, el próximo año se llevarán a cabo elecciones en la provincia coahuilense para renovar las 38 alcaldías, además de la gubernatura y las diputaciones locales. Para empatar al menos una elección con las federales de 2018, como exige la legislación a nivel nacional, los brillantes legisladores decidieron que fueran los comicios municipales, con lo que esa administración local quedaría de sólo un año.
Pero tal parece que no se dieron cuenta de un pequeño detalle: que quien gane la elección a alcalde en 2017 y pretenda reelegirse en 2018 prácticamente gobernará unos cuantos días en el primer semestre del año, porque el resto lo pasará buscando votos ya que los suspirantes deben dejar el cargo casi de inmediato para los registros y las precampañas, y luego vienen los otros registros y las campañas. ¡Bravo! O sea que quien tenga la intención de contender en 2017 por la minialcaldía para luego reelegirse por tres años, incurrirá en automático en mentiras porque nadie en su sano juicio va a creer que pueda llevar a cabo cualquier cosa en tan poco tiempo. Dicen los que saben que este monumento a las aberraciones legislativas lo único que va a generar es un ambiente de escasa legitimidad con altos riesgos de falta de operatividad. Y como muestra, planteamos un escenario. Si el alcalde de la Perla de La Laguna, Miguel Riquelme, concreta sus aspiraciones de ir por la Silla Máxima del Palacio Rosa tendrá que dejar el cargo en diciembre, con un año pendiente de su administración. Por lo tanto, tendría que entrar un interino que, según los enterados, pudiera ser Xavier Herrera, el gerente de Simas, tan activo en estos meses en redes sociales y presencia mediática. Luego vendría la elección y la toma de protesta del ganador el 1 de enero de 2018. Si éste busca reelegirse, debe dejar el cargo ¡el 5 de enero! Para un nuevo interino. Y si pierde, regresa a su puesto sólo para gobernar medio año y entregar el 1 de enero de 2019 la estafeta al ganador de la elección. O sea que en Torreón pudiéramos tener hasta cinco alcaldes en cuatro años: uno, el actual, en 2016; otro, el interino, en 2017; uno más, el ganador de la minialcaldía, en 2018; otro interino ese mismo año, y, por último, el ganador de la elección de 2018, en 2019. A ver, naciones del tercer mundo: ¡superen eso!
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Y ya que estamos en la grilla electorera, esta semana quedó muy claro el uso que le van a dar nuestros H. Políticos a la famosa “3 de 3”, es decir, al paquete de tres declaraciones obligatorias -fiscal, patrimonial y de intereses-, impulsada por la Sociedad Civil y la Iniciativa Privada nacionales. Y es que desde hace algunos meses los líderes de los principales partidos políticos de la Nación Azteca han venido presumiendo que ya publicaron su “3 de 3” como si con eso nos quisieran demostrar que están muy comprometidos con la transparencia. Esta semana tocó el turno a Andrés Manuel López Obrador, máximo caudillo de Morena, quien reportó un salario de 50,000 pesillos al mes y... nada más. O sea, no casas, no cuentas bancarias, no autos, no empresas. Nada. Un ejemplo abrumador de desprendimiento material que probablemente haría sonrojar al mismísimo Gandhi. Más temprano que tarde, y como era de esperarse, sus homólogos del PRI, Enrique Ochoa, y del PAN, Ricardo Anaya, se lanzaron contra El Peje y, entre broma y broma, dijeron que la declaración del líder morenista era una falacia. Don Quique incluso parafraseó al dirigente izquierdista en su oración preferida diciendo que “esa vida no la tiene ni Obama”. En suma, que no era creíble lo que López Obrador afirmaba ganar y (no) tener. El asunto es que si bien es cierto que el hecho genera dudas sobre si don Andrés está diciendo la verdad o mentirijillas, tampoco se puede tener la certeza de que Ochoa y Anaya estén declarando cosas ciertas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en esas declaraciones ellos pueden decir lo que se les pegue la gana. Y así, como el propio preciso Peña, justificar sus múltiples propiedades diciendo que fueron “donaciones”, argumento tan recurrido en estos días para zafarse de líos legales y mediáticos. Sí, incrédulo lector, tenemos una clase política muy querida. Tanto, que existe mucha gente que les dona hartos bienes muebles e inmuebles o, en su defecto, se los presta, como el “depa rosa” de la Primera Actriz de la Nación. Eso sí, todo de forma “desinteresada” (no se ría, en serio eso dijo el empresario que prestó el “depa” de Miami).
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Tal parece que la complicada situación por la que atraviesa el Hospital General de Torreón ha aumentado considerablemente el nivel de estrés de las autoridades sanitarias estatales. Prueba de ello es que la noche en la que se registró el brote de aguas negras en algunas áreas esta semana, el director del nosocomio, Luis del Moral, sacó a empujones a un integrante de la Incómoda Prensa que estaba haciendo su trabajo de levantar los datos sobre lo ocurrido. Este hecho se suma al malestar que ha generado en la Jurisdicción Sanitaria VI, a cargo de César del Bosque, la labor de denuncia que Javier Quintero, presidente de Donadores Laguna, ha emprendido con el afán de que se mejoren las condiciones en el lugar. De él se dice que “no lo pueden ver ni en pintura”. Habrá que recordarles a las autoridades de Salud una de las máximas del periodismo: el problema no es que la gente se entere, el problema es el problema.
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En la gustada telenovela llamada “Cadenas para Uber”, parece que las autoridades municipales están convencidas de acabar con toda posibilidad de negocio para este tipo de empresas. Y es que llama poderosamente la atención que el Cabildo aprobara en el paquete de “regulaciones”, además del cobro de permisos, requisitos que no pide a ningún taxista, fe de bautizo y demás, una serie de lugares vedados para que puedan ofrecer el servicio de transporte privado. Tales son la central camionera, aeropuerto y centros comerciales con sitios de taxi. Es decir, decidieron mantener intactos los intereses de quienes controlan el servicio público concesionado. No obstante, el mismo día que el Cabildo autorizó estas medidas para mandarlas al Congreso local, en el Máximo Tribunal del País se daba entrada a la solicitud de acción de inconstitucionalidad presentada por diputados opositores del Congreso de Yucatán contra un decreto que, curiosamente, se parece mucho al que aquí se busca aplicar. Dicen los conocedores que del fallo de la Tremenda Corte dependerá si proceden o no los candados para Uber y todas las empresas de “taxis app” en todo el país, por lo que se le recomienda que esté atento a los próximos capítulos, porque esto seguramente se pondrá bueno.
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De quien se dice que parece estar jugando a las escondidas cada vez con mayor gusto es del director de Obras Públicas de Torreón. Y es que en los últimos días se le ha buscado insistentemente para que responda a dudas que han surgido por obras como el drenaje pluvial y el Paseo Morelos. En torno a la primera, se desconoce por qué don Gerardo no ha dicho ni pío respecto al proyecto de cárcamos pluviales que presentó el Implan que dirige el excrítico Eduardo Holguín, y que es considerablemente más barato al que pretenden aplicar. En cuanto a la segunda, el ingeniero Berlanga tiene pendiente de aclarar temas como el impacto ambiental del Paseo y el impacto económico que tanto han presumido una vez que terminen los trabajos. Y a propósito de los mismos, desde el jueves fueron cerrados al tránsito peatonal y vehicular varios tramos de la avenida Morelos que ya habían sido abiertos al público. Los subagentes disfrazados de bolardos reportan que esto se debió a presuntas fallas que surgieron por las lluvias o por “vicios (ni tan) ocultos”. Pero la especie no se puede confirmar o descartar porque simplemente al jefazo de Obras es muy difícil encontrarlo cuando se trata de hablar de temas peliagudos.
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Prácticamente en lo que va del año, en la administración municipal de Gómez Palacio se puso en boga un deporte en el que, si fuera olímpico, seguramente México sacaría muchas medallas, incluso habría políticos que dejarían en ridículo al mismísimo Michael Phelps. Se trata de la hermosa disciplina de cobrar sin trabajar. Los más destacados son algunos funcionarios que están más desesperados que otros porque el trienio termine. Y es que han sabido aprovechar bastante bien el descontrol que se generó por la salida de algunos directores y jefes de departamento que se fueron en busca de hueso -perdón, a apoyar en las campañas electorales-, y de que otros más ya no se reintegraron a sus funciones y desde entonces son remplazados por los segundos de a bordo, de manera que las direcciones que ocupaban quedaron suprimidas al menos de facto. En medio de estos enroques con piezas improvisadas que deja dudas sobre quién desempeña cuál cargo, nuestros subagentes disfrazados de escritorios desvencijados nos reportan que el encargado de Recursos Humanos, Gerardo Javelly Luján, lleva casi tres meses sin laborar aunque hay quienes aseguran que sigue cobrando su quincena. No sólo eso, sino que aprovechando su cercanía con el alcalde José Campillo -de quien es compadre-, dicen, está haciendo todo lo necesario para que antes de que finalice la administración se le otorgue una incapacidad total y permanente, pese a ser empleado de confianza. De esas prácticas comunes que realizan los funcionarios para no pasar a vivir en el error. Desde entonces, Fernando Tabares es quien está a cargo de la oficina de Recursos Humanos. Otro caso que reportan es el de Édgar Holguín García, encargado de Patrimonio Municipal, quien a pesar del proceso de entrega-recepción que está en marcha, no se ha presentado en la oficina ni a dar los buenos días y todo el trabajo se lo está dejando a las secretarias y personal administrativo de esta área. Hay quienes aseguran no haberlo visto en la oficina desde hace dos meses, claro, salvo los días de pago. Faltaba más.
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Pero en el gobierno estatal de Durango no se han quedado atrás y un ejemplo, dicen, es el del subdirector de Transporte en La Laguna de Durango, Juan Manuel González Alonso, quien prácticamente lleva meses sin ejercer el cargo y todo lo ha estado delegando en un subalterno de apellido Pérez. Esto explicaría el porqué nadie ofrece una respuesta en casos como los de familiares de personas que son atropelladas -y que han llegado a fallecer- por los cafres de los autobuses urbanos, y quienes exigen una intervención de la autoridad para dar con los responsables de estos hechos y que se les castigue, pues ya es una práctica de todos los días que ante los trágicos hechos abandonen la unidad y evadan su responsabilidad. Tampoco hay quien atienda las quejas por mal servicio de taxistas y demás prestadores del servicio de transporte público, mientras las labores de supervisión rutinaria están prácticamente en el abandono. Cuentan que don Juan Manuel cuenta con el padrinazgo del mismísimo gober Jorge Herrera, lo cual explica que se haya mantenido tanto tiempo en el cargo pese a sus pobres resultados porque, finalmente, la Subdirección todo manda a sus superiores que están en Durango.
