Dicen que en el PAN de Coahuila ya está todo planchado en cuanto a la forma en la que se definirá al abanderado de ese partido para contender en junio de 2017 por la Silla Máxima del Palacio Rosa. Nuestros subagentes disfrazados de matracas albiazules nos informan que el jefazo nacional del partido, Ricardo Anaya, ya tiró la línea de que fuera por el método de unción directa del Comité Ejecutivo Nacional la designación del candidato, o al menos eso es lo que le ha dicho a algunos suspirantes. De confirmarse este método tan “democrático”, significaría que Guillermo Anaya y Luis Fernando Salazar, virtuales jerarcas del PAN en Coahuila, tendrían hasta cierto punto las manos amarradas, lo cual pudiera abrir la puerta a otros aspirantes que, aunque tienen las mismas o más posibilidades que los torreonenses, como el alcalde de Saltillo Isidro López, no gozan de los favores de la cúpula panista de la provincia.
Cuentan que la selección dependería de la valoración de cuatro factores: posicionamiento en encuestas al electorado, opiniones en grupos de enfoque, valoración de la militancia y posibilidad de alianza con otros partidos. Una vez revisados estos cuatro puntos, el CEN emitiría un dictamen sobre quién de todos los tiradores y tiradoras debe ser el bueno o buena, dictamen que supuestamente los demás deberán acatar por el bien y unidad del partido que el próximo año enfrentará la madre de todas las batallas por conseguir por primera vez la alternancia en Coahuila. Todo pinta de maravilla, salvo que la historia reciente indica que siempre han quedado resentidos luego de la designación de los candidatos, quienes terminan haciéndole el favor al Tricolor que para aprovechar las fallas de sus contrincantes se pinta solo. Dicen los que saben que la madurez de los panistas estará una vez más a prueba, además de que quien resulte ganón deberá tener mucha mano izquierda para que los desilusionados al menos no le estorben.
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A propósito de panistas calefactos, el que ya anda en plena campaña anticipada es el senador Luis Fernando Salazar, quien en estos lluviosos días ha movilizado una estructura considerable en las calles de colonias de nivel medio y medio bajo de las principales ciudades de la provincia coahuilense. Nuestros subagentes disfrazados de luminarias intermitentes nos informan que han sido vistos varios jóvenes repartiendo volantes con el sonriente rostro del senador y otros haciendo preguntas a los incautos. El asunto que le sirve de pretexto a don Luis para promoverse entre el respetable es la creación del Tribunal Ciudadano por la Justicia en Coahuila que hace algunos días propuso respaldado por su amigo y compañero de bancada, Roberto Gil Zuarth. Según los volantes entregados -en donde, por cierto, aparece el lema más Coahuila menos deuda que recuerda a la del actual gobernador Moreira en sus tiempos de campaña: más mejor-, dicho Tribunal estaría integrado por cinco ciudadanos apartidistas designados por el Congreso local y que cuenten con conocimientos especializados en transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas. Por lo visto, el universo para buscar a estos guardianes del buen ejercicio del servicio público estará bastante acotado. Pero no sólo eso. En caso de que la iniciativa prospere, para algunos críticos y criticones el hecho de que los miembros del Tribunal sean designados por el Congreso local no es garantía de nada, puesto que actualmente dicho organismo no es otra cosa que una oficina de asuntos legislativos del gobierno provincial, ya que está dominada por el PRI y sus satélites y éstos hacen todo lo que les diga el gober don Rubén. Más allá de los asegunes de la propuesta, llama la atención que mientras Salazar, al igual que otros panistas, se anda moviendo para que la gente lo conozca más, el que de plano parece que no quiere ser candidato es Guillermo Anaya, quien muy de vez en cuando aparece y declara algo y, curiosamente, poco habla de las actuales administraciones torreonense y coahuilense. Dicen por ahí que camarón que se duerme...
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Aunque el secretario de Salud de Coahuila, Jorge Verástegui, negó que haya sido responsabilidad del Hospital General de Torreón la muerte de siete bebés, con lo cual deberíamos suponer que el servicio en el nosocomio es de primera y no le hace falta nada, tuvo que reconocer que existe un problema con el abasto de medicamentos. Y no sólo en la unidad de la Perla de La Laguna, sino en prácticamente todos los hospitales que dependen del Gobierno estatal. El desabasto llega al 45 por ciento, ya que sólo pueden cubrir en tiempo la demanda del 55 por ciento de los pacientes. No obstante, para don Jorge -que no es médico- este asunto es “normal” y se presenta ahora sí que hasta en las mejores familias. Pero, por ejemplo, en el vecino estado de Durango el abasto ronda el 80 por ciento según los subagentes. ¿Entonces? ¿Qué pasa de este lado del Nazas? Cuentan que todo desbarajuste se debe a un problema de dinero. Sí, dinero, ese que desde que se destapó el escándalo de la megadeuda escasea en la provincia, al menos para inversión pública. Resulta que como la Secretaría no cuenta con recursos suficientes, no puede licitar la compra de todo el medicamento que requiere de un jalón, así que lo va haciendo en retazos, conforme se va vaciando el almacén. Para cuando lanzan la licitación de cierto medicamento, éste ya no hay en existencia, por lo que los pacientes se tienen que aguantar o evitar enfermarse. Pero como las convocatorias resultan muy poco atractivas, es muy común que se declaren desiertas y la ley exige que para que pueda darse una compra directa, es necesario que ocurran tres licitaciones sin concursantes. Para cuando se llega a este punto, obvio, ya pasaron varios meses y las quejas están hasta el tope. ¿En verdad no existe otra forma de hacer las cosas? Deberían empezar por ver cómo le hacen en otros estados. Aunque tal vez la respuesta sea que allá sí hay suficiente billete.
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Dicen que el proceso que el PRI nacional abrió esta semana contra de tres gobernadores y un exgobernador para expulsarlos del partido y cuyas administraciones están acusadas de corrupción, es lo más parecido a un espectáculo circense. Como sabrá, enterado lector, los “procesados” son los Duarte, Javier de Veracruz y César de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo, y Rodrigo Medina, de Nuevo León. Resulta que la nomenclatura tricolor anunció que pedirá las pruebas en contra de los señalados a las comisiones estatales de Justicia del tricolor. Pero, mire lo que son las cosas, esos organismos son encabezados por personas más que fieles a los mandatarios en cuestión. Por ejemplo, en Veracruz, el que está a cargo de la comisión Marco Antonio Aguilar, quien además de diputado es compadre de don Javier, quien lo tuvo un tiempo como secretario del Trabajo. Algo similar ocurre en Quintana Roo, en donde la comisionada, María Hadad, está conectada al equipo de don Roberto; y en Chihuahua, estado en el que Mario de la Torre, un alfil del excandidato priista Enrique Serrano, designado por el dedo de don César, es quien supuestamente debe juntar las “pruebas”. Para rendondear el cuadro, en Nuevo León ni siquiera hay comisión. O sea, pura faramalla, pues. Por otra parte, resulta misterioso para propios y extraños que en ese proceso no se contemple al Profe Humberto, en cuya administración se dieron muchos de los desmanes que hoy se cuestionan en los cuatro estados mencionados. ¿Será que no se atreven a pisar esos terrenos?
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Parece que el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, principal organismo ipeco de la región, está entrando en una fase de mutación. Y esto es porque luego de una curva de aprendizaje de algunas semanas en las que prácticamente se mantuvo distante de los reflectores, su flamante presidente, Juan Antonio Sifuentes, está soltando dardos sobre lo que ocurre en La Laguna de Durango, parte de la comarca que sus antecesores prácticamente habían ignorado porque preferían concentrar todos sus esfuerzos -e intereses- en Torreón. Y es que en los últimos días, el representante empresarial ha lanzado varias críticas al gobernador saliente de Durango, Jorge Herrera Caldera, entre ellas la relacionada con todo lo que queda a deber a los laguneros, al igual que su antecesor, Ismael Hernández Deras. Para Sifuentes resulta irónico que quien llegó al poder gracias al voto de los laguneros no se haya acordado de éstos ni por error. Para maldita la cosa, y he aquí una posible causa del malestar del CLIP, el mandatario ha hecho oídos sordos a las invitaciones que el organismo le ha hecho para que dé a conocer en qué se han aplicado los recursos del Impuesto Sobre Nóminas, que por ley deben retribuirse en obras y servicios para el Parque Industrial Lagunero, donde se ubican las empresas que aportan dichas contribuciones. Basta dar una vueltecita por el PIL para percatarse de que si el dinero fue a parar a alguna parte, no fue ahí. Por otra parte, dicen que para don Juan es muy saludable que la alcaldesa electa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, vaya a poner bajo la lupa la gestión de José Miguel Campillo, aunque dicha revisión más bien servirá para evaluar las acciones, o falta de las mismas, del Gobierno estatal, que es quien parte el queso por estos lares.