En medio de la guerra de encuestas que se ha desatado entre algunos de los suspirantes con miras a la renovación de la gubernatura provincial en 2017, han surgido otras que de entrada parecen no estar patrocinadas por los partidos o sus calefactos. Una de ellas comenzó a circular hace apenas unos días y se enfoca en dos aspectos principales: el nivel de conocimiento de los aspirinos, y los puntos a favor y en contra; está aplicada en las cinco ciudades principales del estado, que es donde se ganan las elecciones, y toma en cuenta a ocho personajes políticos que han levantado la mano: los alcaldes de Torreón, Miguel Riquelme, y Saltillo, Isidro López; la senadora Hilda Flores, el senador Luis Fernando Salazar, el exdiputado Guillermo Anaya, el delegado Enrique Martínez Jr., y los diputados Javier Guerrero y Jericó Abramo Masso.
Aunque ni son todos los están ni están todos los que son, los resultados son por demás interesantes. En el apartado de conocimiento del personaje, quien aparece con un promedio mayor es don Memo, seguido del "Búfalo" Riquelme y doña Hilda, quienes están casi empatados. En último lugar aparece Quique Jr., apenas por debajo del llamado "Hooligan" Salazar y el "Corcel Negro" Guerrero. El más fuerte en su lugar de origen es don "Chilo", seguido por el munícipe torreonense. Pero la cosa se pone más caliente cuando se revisan los números de los positivos y negativos. A quienes ven con mejores ojos los ciudadanos que los conocen son, en ese orden, los senadores Salazar y Flores, y son también a quienes menos peros les ponen, por lo que cuentan con el mejor saldo a favor. En la tercera posición está Anaya, quien aparece con menos negativos de los que muchos supondrían. Y en el duelo de alcaldes, el que termina con un mejor saldo es don Chilo, aunque no por mucho. Dicen los que saben que el secreto en la selección de un buen candidato está en una combinación de ambas variables, conocimiento y aceptación, así que vaya sacando usted sus conclusiones, aunque falta ver lo que digan las encuestas más cercanas a la fecha de lanzamiento de la convocatoria de los partidos.
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Dicen que además de la megadeuda, uno de los temas que más rentabilidad electoral tendrá una vez que arranquen las campañas en Coahuila será el de la masacre de Allende. O al menos lo tratarán de usar tirios y troyanos para golpear a sus adversarios. Prueba de ello es que en estos días el tema ha comenzado a ser usado por las autoridades estatales como por algunos de los suspirantes. Por ejemplo, hace unos días en una entrevista el exdiputado panista Guillermo Anaya aseguró que él estuvo en Allende en los tiempos de la matanza y acusó al gobierno provincial de no hacer nada. De inmediato los adversarios del torreonense usaron sus propias palabras para lanzarle dardos emponzoñados bajo la forma de ¿por qué no denunció el hecho él si se había dado cuenta de lo ocurrido? Es decir, ¿por qué hizo mutis? El planteamiento no sale sobrando, aunque la respuesta seguramente tiene que ver con algo que en aquellos días campeaba por toda la provincia: el miedo. Esta semana, el propio gobernador Rubén Moreira sacó el tema para reprochar básicamente lo mismo, pero ahora a la Incómoda Prensa: ¿por qué ahora que en Allende ya reina la paz los medios muestran harta atención sobre la masacre de 2011 y cuando ocurrieron los espeluznantes hechos nada dijeron? Nuevamente, el planteamiento puede resultar pertinente ante la mirada de los observadores agudos. No obstante, los más agudos apuntan a que dicho reclamo es lo más parecido a un balazo en el pie, porque quienes fueron los primeros en guardar silencio para tratar de ocultar lo acontecido fueron los funcionarios estatales, y de los municipales ni hablar, porque esos mejor se escondieron o corrieron por su vida. Y no fue sino hasta que algunas personas comenzaron a estirar el hilo, que el gobierno provincial volteó a ver el asunto allá por 2014, es decir, tres añitos después, nada más. Pero lo que llama la atención es que, ahora sí, cuando se acercan las campañas, todos parecen muy prestos a hablar del caso. De esas cosas que pasan.
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Al parecer varios funcionarios del gobierno coahuilense se están preparando para las próximas olimpiadas. De forma más específica, para la carrera de 110 metros con obstáculos. Y es que según nuestros subagentes de la capirucha estatal es precisamente esa carrera la que emprenden varios de dichos servidores públicos al término de los actos oficiales programados para evitar ser cuestionados por la Incómoda Prensa. Tal es el caso del secretario de Gobierno, Víctor Zamora, quien ayer salió disparado al ver que se le acercaban varios periodistas e incluso, dicen, haciendo sillas a un lado y abriéndose paso en medio de la gente. Cuentan que la cosa ha llegado a tal grado que entre los integrantes de los medios críticos y criticones se han puesto de acuerdo para distribuirse en los recintos de tal forma que puedan "cazar" a los funcionarios antes de que salgan por pies sin contestar las preguntas que todos los días surgen por el ejercicio del gobierno. De seguir con este entrenamiento, no dudamos que hasta puedan conseguir una medalla de oro en la disciplina mencionada, aunque no en disponibilidad ni transparencia.
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El que le ha subido dos rayitas a su ánimo pendenciero es el alcalde de Monclova, Gerardo García. Resulta que estos días el famoso "Gallo de Acero" se ha enfrascado en fuerte pleito -otro- con los diputados Melchor Sánchez, del PRI, y César Flores, del PAN -o sea, fuego amigo-, al acusarlos a los dos de vandalizar obras llevadas a cabo por la administración municipal. Sí, leyó bien, vandalizar. Y es que el ayuntamiento está en pleno proceso de cambio de luminarias, de tecnología de vapor de sodio a led, pero al parecer se han presentado varias fallas en las lámparas nuevas. Los primeros en señalar estos desperfectos son los diputados que, aunque son de partidos antagónicos, aquí parecen muy hermanados. La reacción del "Gallo" fue decir que si las lámparas fallan es porque ambos legisladores las descomponen adrede para hacer quedar mal a la autoridad. La respuesta de Flores fue que el señalamiento era absurdo y que la causa de los desperfectos era simple: la mala calidad de las luminarias. Pero más allá de esto, lo que empieza a notarse entre la ciudadanía monclovense es un ánimo que deja ver que estos tres personajes están llevando sus diferencias demasiado lejos. De los legisladores se comenta que pocos saben qué es lo que hacen además de estar peleando, porque hasta ahora no se les conoce iniciativa que hayan impulsado en la cámara o propuesta que hayan hecho para mejorar las condiciones del vida de los habitantes de la Región Centro. Del munícipe se comenta que en vez de estar cayendo en cuanta provocación le hacen, mejor se concentre en concretar las obras y estar al pendiente de los servicios, que para eso se le paga.
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No han terminado de acomodarse en la silla los integrantes del nuevo ayuntamiento de Lerdo, encabezado por María Luisa González Achem, y ya comenzaron a surgir los primeros problemillas y sospechas que tienen que ver con el servicio de parquímetros que ha resultado polémico desde el principio. Resulta que el 31 de agosto, cuando terminó la administración municipal de Luis de Villa, se venció, al menos en teoría, el contrato con la empresa concesionaria de estacionómetros llamada Jajomar. Para entonces la empresa debía al municipio, desde enero, un promedio de 50 mil pesos al mes. Pero al más puro estilo del "debo no niego; pago no tengo; la empresa no cubrió su adeudo y los estacionómetros siguen funcionando, reportando pingües ganancias a la concesionaria, y todos como si nada. Dicen los que saben que doña María Luisa debió rescindir el contrato o renovarlo bajo condiciones de mayor provecho para Lerdo, porque actualmente la empresa se queda con el 70 por ciento de las ganancias. Negociazo, pues. Pero no es todo. La alcaldesa nombró como nuevo director de Tránsito a quien justo era el gerente en Lerdo de la empresa. Lo que dicen los subagentes de la Ciudad Jardín es que la franquicia de esta empresa nacional en Lerdo es supuestamente del exalcalde Roberto Carmona, pero que éste fue muy cuidadoso para que su nombre no saliera a relucir en el trámite. Lo que resulta más extraño y refuerza la hipótesis sospechosista de que aquí hay gato encerrado, es que el municipio bien podría comprar a la empresa los 26 aparatos múltiples instalados y obtener todas las ganancias para acciones de beneficio social, pero -dicen- no lo hacen pese a que la empresa no les paga y al parecer la Presidencia tampoco tiene mucho interés en cobrarles.
