Cuentan las malas lenguas que algo extraño está pasando en la Tesorería Municipal de Torreón que así como llegan los proveedores y contratistas a cobrar, así mismo son despachados con las manos vacías, ya sea por el propio Enrique Mota, o por su fiel escudero Sergio Arturo Michel, quien no se destaca por las buenas formas. Nuestros subagentes disfrazados de plantas artificiales de oficina nos informan que la falta de flujo de efectivo está metiendo en aprietos a varias áreas del ayuntamiento que no tienen con qué cumplir sus múltiples compromisos financieros. Por ejemplo, dicen que algunos proveedores de servicios del Paseo Colón están pensando seriamente en dejar de acudir cada domingo a dicha calzada porque desde hace dos meses que no les pagan y que cuando preguntan reciben respuestas como la siguiente: “no hay, si hoy amanecimos con apenas 750 mil pesos en caja”.
Otro caso es el de algunos contratistas que, según los subagentes, son llamados por el director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga, para solicitarles que realicen este trabajo de pavimentación o aquel otro de mantenimiento urbano, pero sin anticipos ni pagos intermedios (¿será por eso que las obras avanzan tan lento a veces?). La oferta de don Gerardo es por demás “curiosa”, por usar un eufemismo, ya que, dicen, la promesa que hace es que una vez que el alcalde Miguel Riquelme “gane la elección”, el dinero fluirá para cubrir los adeudos. Como siempre, hay quien se conforma con eso, pero otros deciden dar la media vuelta sin saber si reír o llorar. Pero el asunto más grave es el relacionado con los seguros de vida de los policías municipales y los seguros de las patrullas de la corporación. Resulta que, a decir de los subagentes, desde junio los vehículos policiales patrullan las calles de la ciudad sin pólizas vigentes debido a que la Tesorería no ha pagado a la aseguradora. En el caso de los seguros de los agentes es desde julio, por lo que en caso de ocurrir un deceso, los deudos quedarían en el desamparo. Dicen que aunque esta situación han tratado de mantenerla como el secreto más preciado en el ayuntamiento, ha empezado a correrse la voz y que, incluso, la Auditoría Superior de la Federación ha tomado nota de ello, ya que, como usted recordará memorioso lector, los seguros se pagan con recursos federales etiquetados. La gran pregunta que surge es: si el dinero ya entró a la Tesorería y está etiquetado, ¿por qué no ha salido? O, si ya salió ¿adónde fue a parar? Ojalá que este enigma se resuelva pronto.
***
Era cuestión de tiempo para que los dardos emponzoñados que abundan en estos días en el caliente ring político mexicano alcanzaran al pastor nacional del PAN, Ricardo Anaya. Como sabrá usted, enterado lector, esta semana el “Joven Maravilla” del blanquiazul fue sometido a un fuerte embate por un asunto relacionado con su familia, la cual reside en extranjía supuestamente en condiciones de lujo inexplicable. Más allá de los dimes y diretes, hay dos rebotes que sobresalen en este tema. Por una parte está el hecho de que para pocos queda duda de que, como le pasó a Juliano el Apóstata, las flechas vienen de las legiones “amigas”, para mayor referencia, de la cohorte poblana. No obstante, los diputados federales del PAN que ya cerraron filas en torno a su general han salido con la versión de que fueron flechas enemigas, específicamente tricolores. Claro que las legiones priistas no dejaron pasar la oportunidad para echarle limón a la herida, sobre todo el general Enrique Ochoa, quien parece tener así un plato frío de venganza dulce luego de los golpes que don Ricardo le colocó en el debate que sostuvieron hace varias semanas en el programa de Carlos Loret de Mola. Dicen que la motivación de Moreno Valle y compañía para zaherir a Anaya sería la de bajarle un poco los ímpetus que trae con miras a la elección presidencial de 2018 y, de paso, recordarle que no sólo su voz cuenta en las decisiones para las elecciones estatales de 2017, en donde aparece Coahuila. Y es aquí donde entra el segundo rebote. Según los subagentes vestidos de matracas azules, entre los panistas provinciales y laguneros ha corrido la especie de que con estos dardos, y el tiempo que tardará en hacer sanar las heridas, el jefe del PAN estará en condiciones menos favorables de apoyar a quien muchos consideran su gallo para la candidatura coahuilense, a saber, el senador Luis Fernando Salazar, aunque algunos dudan de que este apoyo haya sido real, principalmente por el respaldo abierto ofrecido al “Hooligan” por personajes como Roberto Gil Zuarth, quien ha sido uno de los más duros críticos de las aspiraciones del presidente nacional blanquiazul. De cualquier forma, se comenta que el otro Anaya, Guillermo, ha traído una sonrisa en estos días que no ha podido borrar de su rostro. “Ya se vio”, dicen, aunque en estos menesteres más vale no mostrarse tan confiado.
***
Tal parece que a varios agentes de la llamada Fuerza Coahuila les han pasado de noche los enjundiosos discursos del secretario de Gobierno, Víctor Zamora, cuando se refiere a que el respeto a los Derechos Humanos es la prioridad en dicha corporación. Y es que, con todo y las prioridades, se siguen registrando hechos de tratos nada amables y pasadas de mano de los gendarmes estatales que ya ni siquiera sueltan al final el clásico “usted disculpe”. Nuestros subagentes disfrazados de luminarias led intermitentes nos reportan el botón de muestra que se presentó hace algunos días por las calles de la Perla de La Laguna. En esta ocasión el desafortunado fue un taxista que llevó a un pasajero al lugar indicado y cuando éste pagó y abandonó la unidad todo parecía normal. Pero una patrulla de la Fuerza Coahuila siguió y dio alcance al taxista varias cuadras después. Para no hacer el cuento largo, el chofer fue detenido bajo la excusa de que su pasajero traía sustancias enervantes y que éste lo señaló como cómplice. Ante la falta de pruebas, dicen, los agentes recurrieron al clásico sembrado, con lo cual tuvieron el pretexto para enviar al detenido a la fría ergástula. Cuentan que no fue sino hasta luego de una intensa y caliente “negociación” que el taxista recuperó su libertad, no sin antes haber dejado la consabida cuota que se paga por las “equivocaciones”. Pero eso no fue todo. A la hora de recuperar la unidad, grande fue la sorpresa del concesionario que encontró prácticamente desmantelado el carro y sin poder tener a quién reclamarle porque, obvio, nadie se hizo responsable. De esas cosas raras que pasan en este bello país.
***
Ahora brincamos el lecho del Padre Nazas para darnos cuenta de que la reciente intervención de la Recaudación de Rentas de Gómez Palacio puso fin a una de las tantas situaciones extrañas que ocurrían y ocurren en la Vicefiscalía de la Región Laguna Durango, con todo y que ya hay alternancia. Resulta que cuando un automovilista pierde o sufre el robo de las placas de circulación, para la reposición en Recaucación de Rentas les solicitan, entre otros requisitos, un acta de comparecencia de robo o extravío de placas, documento que expide la Vicefiscalía. Pero da la casualidad que el cobro por dicho “servicio” era de hasta 500 pesillos por documento y, además, le daban vigencia de apenas 10 días, de tal manera que si transcurría ese tiempo sin poder realizar el trámite ante Recaudación, tenían que volver por otro documento... y otros 500 pesos a pagar, cuando se supone que debe ser gratuito. Por suerte esa anomalía recién se subsanó gracias a que personal de la Recaudación de Rentas intervino ante las quejas que presentaban los contribuyentes, pero aún hay varios prietitos en el arroz, o mejor dicho prietotes, en los que algunos servidores públicos procedentes de Durango meten las manos para su beneficio. Ojalá que ya pongan atención que lo que pasa por acá.
***
Todo indica que el próximo año será de vacas muy flacas para Durango. En el discurso del gober Aispuro se hace cada vez más evidente que la situación financiera que le heredó el herrerato le dejará muy poco margen para maniobrar. El tema principal y que más preocupa a varios de los integrantes del nuevo gabinete es el amarre que las dos administraciones anteriores hicieron de los famosos proyectos de inversión público-privada, conocidos como “pipps”. Bajo este esquema, las empresas que realizan obras públicas al gobierno financian los montos por su cuenta para después cobrar durante varios años, incluso lustros, y a veces cantidades superiores a condiciones digamos normales. El problema es que, independientemente de la calidad del servicio o la obra, el gobierno estatal debe pagar ya que si no cumple, el dinero saldrá de las participaciones directo a las bolsas de los empresarios asociados. O sea, no hay saque. Los priistas dicen que esto no es deuda, porque no se trata de compromisos bancarios. Y tal vez tengan razón. No es deuda, es algo mucho peor. Más allá de esto, esperemos que la “crisis” no se vuelva en la excusa del gobierno de la alternancia para volver a dejar a La Laguna en el abandono, porque al final, a los ciudadanos no les importa si la manga del muerto se cayó.
