Apenas se dio a conocer la noticia de la detención del exalcalde de Allende, Sergio Alonso Lozano, cinco años después de la masacre en aquel municipio que enlutó a decenas de familias, y las especies sospechosistas comenzaron a circular. Lo primero que los críticos y criticones hicieron notar fue el momento tan oportuno en el que se da la aprehensión, es decir, a unos días de haber comenzado el proceso electoral en Coahuila. Luego, un detalle que hizo que varias cejas se levantaran fue la insistencia de la Procuraduría de Justicia de Coahuila y su aparato mediático en señalar que el exmunícipe es panista. Otro detalle que genera suspicacias entre los malpensados es que, curiosamente, hasta ahora no ha sido detenido, ni siquiera mencionado en el caso, ningún funcionario del gobierno estatal anterior, como si el municipio de Allende fuera un territorio aparte en el que sólo las autoridades municipales existieran o tuvieran jurisdicción. Pero hay un aspecto que despierta las mayores dudas.Los subagentes disfrazados de malletes comentan que es de llamar la atención que Lozano fue detenido y consignado por el delito de secuestro agravado, cuando en versiones originales las acusaciones apuntaban a delitos de omisión, por no haber avisado lo que estaba ocurriendo en el municipio o por no actuar para impedirlo. Dicen los que saben que este pequeño detalle pudiera echar abajo el caso contra el exedil por el simple hecho de que será muy difícil para el Ministerio Público comprobar el secuestro, porque este ilícito requiere que haya existido solicitud de pago a cambio de la libertad de los plagiados. Y según la propia versión oficial, lo que ocurrió en marzo de 2011 fue un acto de “venganza” de un grupo criminal contra familiares o conocidos de supuestos traidores y que ese acto contemplaba la desaparición y asesinato, no el secuestro para cobrar un rescate. “Minucias” que pudieran complicar el caso para las autoridades aunque no se descarta que tengan sus ases bajo la manga -entiéndase, pruebas y argumentos no revelados- para evitar el tropezón.
A quien por lo visto le importa una pura y dos con sal que ni siquiera las precampañas hayan iniciado oficialmente o que el INE ya haya procedido contra la propaganda adelantada de Guillermo Anaya y Luis Fernando Salazar, es al alcalde de Saltillo, Isidro López, quien lejos de frenar su proselitismo, lo ha intensificado. Don Chilo no sólo mantiene en varias ciudades de Coahuila sus espectaculares de promoción personal disfrazados de campaña turística o publicidad de revista, sino que ahora su equipo ha contratado una empresa para atosigar a los incautos usuarios de la telefonía fija llamándoles para “informarles” las maravillas que el munícipe de la Urbe de Adobe ha realizado en sus ya casi tres años de gobierno. A lo anterior hay que sumar que el rostro sonriente de López por todas partes en el ciberespacio. Tal vez por ello, para algunos, el senador Salazar decidió solicitar licencia de manera que pueda concentrarse -más- en sus aspiraciones y en vista que los últimos sondeos y encuestas lo colocan por debajo de don Chilo y su padrino don Memo. No obstante, hay versiones que apuntan a que don Luis es quien está preparando la estrategia territorial a seguir por el PAN en la elección estatal de junio de 2017, independientemente de quién quede como candidato a la gubernatura. Hay que recordar que el ahora senador con licencia se ha colgado dos medallas al haber contribuido a que su partido ganara la elección en Querétaro el año pasado y la de Tamaulipas en el presente. Dicen por ahí que trae una fórmula electoral que ha ido puliendo con la cual pretende darle el susto, o algo más, al PRI.
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Cuentan que en donde andan muy previsores es en el ayuntamiento de Torreón, tanto que ya iniciaron con el proceso de “entrega-recepción” en varios departamentos con eso de que habrá ajustes a partir de la licencia que pedirá el alcalde Miguel Riquelme la primera semana de diciembre para ir a perseguir su sueño de ocupar la Silla Máxima del Palacio Rosa de Saltillo. No obstante, dicen los subagentes disfrazados de escritorios que los problemas de flujo de efectivo -que es como el tesorero Enrique Mota edulcora la seria crisis de caja- están pegando duro en todas las áreas al grado de que los maldicientes se preguntan qué va a administrar la persona que llegue a ocupar de forma interina el lugar que dejará don Miguel. La cosa con la falta de dinero se ha puesto tan complicada en el Invernadero Mayor que no sólo la Tesorería Municipal se ha retrasado en prácticamente todos los compromisos financieros que tiene, sino que incluso ya empieza a notarse hasta en los servicios sanitarios. Sí, los subagentes reportan que en los baños de la Presidencia Municipal no hay papel higiénico, por ejemplo, situación que ha generado que algunos trabajadores de plano tengan que llevar sus propios insumos sanitarios. Pero los que se llevan cada sorpresa, puesto que no saben de las medidas de extrema austeridad aplicadas en el edifico, son los contribuyentes que acuden a realizar algún pago o trámite y cuando les entra la urgencia tienen que andar pidiendo auxilio. Para como va la cosa, no le extrañe que de pronto se vuelva a cobrar por el uso del sanitario 5 pesos, como lo llegó a hacer el ave de mil tempestades, Pablo Chávez Rossique, a quien don Enrique cada vez más se parece con un catálogo muy licuadora financiera, retraso en pagos, retenciones indebidas, deudas, crisis financiera, galimatías como declaraciones y lo que se agregue.
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El que anda también buscando salir siempre en la foto para ser considerado a la hora de los cambios que se avecinan en el ayuntamiento de Torreón o, tal vez, para la elección del año próximo a la minialcaldía de un año es el pastor del PRI local, Shamir Fernández. El también diputado local aparece en prácticamente todos los eventos en donde puede codearse con los patrones y donde puede presumir sus servicios para ser tomado en cuenta. Comentan que Fernández ha ido fortaleciendo su red de jóvenes universitarios que están acaparando todos los espacios que se abren de participación política dentro y fuera de las universidades, como el recién conformado Consejo Municipal Juvenil, en el que existe una abrumadora mayoría de militantes o simpatizantes priistas. Dicen que esta red va a ser la que se enfocará a movilizar al sector de electorado que históricamente es el que menos vota, es decir, el de entre 18 y 29 años. No obstante, don Shamir ha comenzado a recibir dardos envenenados por una faceta que de él pocos conocen. Resulta que fue uno de los beneficiaros de las últimas entregas de fiats notariales por parte del gober Rubén y que, contrario a otros que deciden esperar tiempos menos turbulentos, la activó de inmediato y ya hasta montó una oficina con toda la mano en un sector residencial. El detalle es que la ley del notariado prohíbe que se ejerza la licencia de fedatario mientras se tiene un cargo público, restricción que resulta lógica puesto que el notario es una figura que representa ciertas facultades del titular del Ejecutivo estatal, y un diputado, por ejemplo, se supone que es representante de la ciudadanía. Algo que bien pudiera entrar en ese pantanoso terreno que se llama conflicto de interés.
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Negro es el panorama que pinta para 2017 en Gómez Palacio. Es decir, más negro aún de lo que ya lo dejó la administración de José Miguel Campillo. Y es que no sólo el ayuntamiento de la antigua Santa Rosa se verá muy corto en recursos al contar con apenas 49 millones de pesos del Fondo Metropolitano, sino que también estará amarrado a dar continuidad a las obras que ya están iniciadas y para las cuales se aprobaron recursos en el presupuesto de 2016, sin que algunas de ellas tengan que ver con un beneficio común para los laguneros. Mientras los dineros estarán bastante limitados para financiar nuevos proyectos, obras como el polémico Paseo Independencia tienen recurso asegurado del Fondo Metro por 18 millones de pesos para una segunda y última etapa, pero que aún no llega, aunque tarde o temprano deberá ejercerse porque ya está etiquetado para tal finalidad. No obstante, la utilidad de esta obra -en la que ya se gastaron 15 millones- ha sido puesta en cuestión por propios y extraños que la comparan negativamente con muchas otras prioridades que existen en una ciudad como Gómez Palacio. Por ejemplo, el pavimento que está literalmente destruido, salvo en el bulevar Miguel Alemán que, por lo visto, es la única vía que importa a los presupuestos de aquel lado de río. O el drenaje, que está colapsado al mismo tiempo que los pozos de agua “tronados” por falta de mantenimiento. Respecto a este último punto, los aficionados a la cosa pública local están ansiosos por conocer el resultado de las famosas auditorías que prometió realizar la alcaldesa Leticia Herrera a todas y cada una de las áreas de la administración, porque nadie se explica cómo es que se haya presupuestado dinero para un mantenimiento que nunca se dio, de esas cosas “raras” que ocurren. Sobre el mentado Paseo, los maldicientes consideran que más que responder a una necesidad, obedeció a un capricho de don Pepe, quien no quiso quedarse atrás de Torreón y Lerdo e hizo hasta lo imposible porque Gómez Palacio tuviera su zona peatonal o semipeatonal o como sea que haya quedado. Además del capricho, los subgantes disfrazados de basureros públicos, o sea, de banquetas, comentan que también está detrás el tema de un jugoso enjuague, pues aseguran que el mismo exalcalde fue el proveedor de las palmas que se plantaron en el paseo, cotizándolas a cifras muy alejadas de su valor real, claro hacia arriba. Dicen que algo similar ocurrió con el bulevar Casablanca, construido con fondos metro no para favorecer a los habitantes de ese sector, sino como una forma de generar conectividad a un centro de distribución que se instaló en ese rumbo en terrenos que, por cierto, eran propiedad del exmunícipe y los vendió a la compañía que ahí se instaló, dándole todas las facilidades en tramitología. ¡Qué chulada!
