Cuentan que Enrique Mota, tesorero municipal de Torreón, está metido en serios aprietos y que cada vez le resulta más difícil batear las críticas que se le lanzan desde distintos frentes porque simplemente la excusas no son infinitas. Esta semana, Fitch Ratings emitió su comunicado de prensa en el que establece cómo ve las finanzas del ayuntamiento. La calificadora hizo notar de forma muy técnica lo que los agudos observadores y nuestros subagentes han venido percibiendo desde hace varios meses: que el municipio no tiene dinero debido al aumento del gasto corriente, a transferencias no etiquetadas y a la inversión. En pocas palabras, que el ayuntamiento ha gastado de más.
En respuesta, don Enrique intentó descalificar la calificación -valga, ahora sí, la “rebuznancia”- diciendo que estaba “incompleta” y que no era “precisa” ya que “mezcla valores de dos ejercicios fiscales”. Más allá de que sean válidos estos argumentos lo que llama la atención es que el guardián de las arcas torreonenses tuvo la oportunidad suficiente de hacer sus observaciones a la calificadora ya que ésta, antes de que se haga público el resultado, envía a todos los revisados su reporte con el objetivo de que se aclare lo que se tenga que aclarar. Por lo que sus comentarios a toro pasado más bien parecen cuerdas de donde colgarse para no caer tan profundo. Pero de las causas por las que el ayuntamiento carece de suficiente liquidez, una es la que llama más la atención y es la que tiene que ver con el engordamiento de la nómina municipal. Nuestros subagentes disfrazados de escritorios desvencijados nos reportan que no sólo se trata de la nómina pública, la cual ya de por sí es bastante chonchita, sobre todo por el manejo poco ortodoxo que se da a la llamada “marea roja”, en donde dicen que siempre hay más gente de la que en verdad trabaja. Dicen que existe una especie de nómina oculta en la cual aparecen nombres de familiares y amigos de funcionarios públicos que lo único que hacen es cobrar, y mencionan casos de allegados del propio tesorero e incluso del propio flamante alcalde interino, Jorge Luis Morán. Aunque eso de que cobran sin desquitar el dinero no es exclusivo de la nómina oculta, ya que los maldicientes comentan que el nuevo secretario del Ayuntamiento, José Máynez, cobraba hasta la semana pasada como secretario técnico en la nómina pública aunque nadie lo vio por la Presidencia Municipal y su oficina siempre estuvo cerrada.
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Todo indica que que está preparando ya la desbandada en el Cabildo de Torreón y que ante el ejemplo puesto por el alcalde con licencia Miguel Riquelme que suspira por ser gobernador, otros quieren saltar también como chapulines en pos de una jugosa curul en el Congreso local. Dicen los subagentes disfrazados de ventanas que los que están más que puestos para perseguir nuevos derroteros son, del PRI, la síndica de mayoría, Cristina Gómez y los regidores Luly Quintero y Mario Valdés. Poe parte del PAN, los apuntados son Sergio Lara, Ángela Campos y Vero Soto. Además, suena también Mayela González, de Movimiento Ciudadano. Cuentan que antes de que se vayan de vacaciones se convocará a una sesión de Cabildo, la última del año, para aprobar las solicitudes de licencia, con lo que se abriría un boquete en el órgano colegiado municipal que tendrá que ser tapado con suplentes que, dicen los que saben, tendrán que ser sacados de debajo de las piedras porque está muy flaca la caballada. De la síndica de Vigilancia, Gabriela Casale, se comenta que pudiera sumarse también a la lista sólo en caso de que Luis Fernando Salazar resultara el ungido por el CEN panista para contender por la gubernatura.
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Y ya que hablamos del famoso “Hooligan” Salazar, ayer corrió la especie de que había abandonado visiblemente molesto la mesa política que se llevó a cabo en Saltillo con la participación del secretario general del PAN, Damián Zepeda, y los otros cinco suspirantes a la candidatura: Guillermo Anaya, Isidro López, Silvia Garza, Marcelo Torres y Gerardo García. Incluso se dijo que el senador con licencia salió de la reunión antes de revisar y firmar los acuerdos discutidos, cosa que despertó comentarios de asombro entre algunos enterados. No obstante, subagentes disfrazados de asientos de autos del equipo de campaña de Salazar dijeron que la salida de éste de la reunión se debió a que tenía programada una comida con empresarios y que ya les había informado a los integrantes de la mesa que tendría que ausentarse. También dicen que se despidió de todos y que solicitó que le mandaran los acuerdos para revisarlos y firmarlos en cuanto pudieran. El hecho, que por lo visto se prestó a “malos entendidos”, casuales o intencionados, fue utilizado por integrantes del equipo de don Memo para correr la especie de que algo había ocurrido en el cónclave que disgustó a don Luis, lo cual deja ver en quién tienen la mira puesta los anayistas a la hora de considerar cuál es el rival a vencer. Otras malas lenguas dicen que estos rumores son la muestra de que en el círculo cercano de Anaya hay preocupación porque las cosas no marchan tan bien como pensaban. ¿Será?
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A propósito de ruidos y confusiones, esta semana quienes han acaparado los reflectores del círculo rojo son el diputado federal Javier Guerrero y el exgobernador Humberto Moreira. El primero por lo que ya se veía venir, es decir, su ruptura con el partido que tantas satisfacciones le había dado hasta que el bloque moreirista, que tiene el control de la estructura priista provincial, le cerró las posibilidades de convertirse en candidato a la gubernatura. Dicen los que saben que el tono de rompimiento usado por el sampetrino es con la intención de posicionarse como el líder del priismo antimoreirista, aunque él haya estado vinculado en el pasado, aunque pasajeramente, como funcionario público al régimen que hoy tanto cuestiona por dejarlo fuera de la jugada. En ese sentido, han comenzado a lanzarse apuestas sobre si su candidatura independiente le quitaría más votos al PRI o al PAN. Al respecto, los más avezados espectadores de la cosa pública estatal dicen que lo natural es que Guerrero jale para sí el voto de los priistas renegados, aunque otros vez probable que, de quedar Guillermo Anaya como candidato del PAN, el diputado federal pudiera también atraer el voto de los panistas que están resentidos con el anayismo que ha mantenido desde hace una década el control del principal partido opositor en Coahuila. Cuentan que incluso bajo esta óptica habría que leer el acercamiento casi inmediato que tuvo don Memo con don Javier, a quien felicitó por su valentía y honestidad y con quien dijo que buscaría fortalecer el frente antimoreirista. Lo cierto es que está por verse si Guerrero se va a sumar a la cruzada de la alternancia, lo cual dependerá seguramente de si los panistas logran seducirlo con posiciones para él y para su gente. Curiosamente, luego de la renuncia del llamado “Corcel Negro” corrió la especie de que el CEN del PRI había decidido dejar fuera al Profe Humberto de cualquier candidatura y que, en respuesta, éste habría decidido seguir los pasos de Guerrero. Incluso hasta comenzó a circular ayer una carta supuestamente escrita por el “Improcesable” en donde no sólo anuncia su salida sino que arremete como nunca contra la administración de su hermano Rubén y el control que éste tiene sobre el partido en Coahuila. Hasta anoche, no se había confirmado la autoría de la supuesta misiva, aunque obviamente eso no fue obstáculo para que en redes sociales circulara como bólido.
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Dicen que una amarga Navidad por adelantado les dieron a los ahora extrabajadores de la administración estatal de Durango. Y es que, según cuentan, el gober Aispuro ha despedido a mil 700 empleados de septiembre a la fecha adscritos a Durango Capital, La Laguna y Pueblo Nuevo, y de todas las dependencias. Claro que cada gobierno tiene el derecho de armar sus equipos con gente nueva, cosa que ha ocurrido incluso con administraciones emanadas del mismo partido. El problema es que, dicen, a esos empleados no los liquidaron que porque no hay dinero, excusa que por lo visto se está convirtiendo en la preferida del actual gobierno estatal “sin colores”. Pero muchos de los agraviados creen que se trata de una vil y pura revancha política, pues casualmente, aseguran, tampoco están llegando las participaciones ni otros recursos a los municipios que están en manos de autoridades priistas. El asunto es que para liquidar a estos trabajadores de la administración estatal conforme a derecho se requieren 33 millones de pesillos, dinero que la administración de Aispuro ya recibió o está por recibir luego del préstamo que tanto anunció hace algunas semanas. Dicen que hasta el momento sólo el 20 por ciento de los exempleados han sido liquidados y de esos muy pocos completamente ya que han suscrito convenios de pago a tres meses de plazos. Lo peor, dicen los subagentes disfrazados de ayudantes de Santa, es que a muchos no les han cumplido con lo establecido en el convenio por lo que aseguran ya se preparan acciones como promoción de embargos. ¿Será?
