Se defiende. El fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, aclaró que no es un asunto de falta de 'sensibilidad'.
El fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, aclaró que no es un asunto de falta de "sensibilidad" el no aceptar videos y audios como pruebas de la presunta violación de una menor a manos de cuatro jóvenes del puerto de Veracruz.
"No descalifico la validez de estos videos y audios porque sea un insensible, sino porque soy fiscal y debo opinar conforme a derecho", dejó en claro en torno al caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015 fue atacada sexualmente por los jóvenes, que en las redes sociales son llamados "Los Porkys de Costa de Oro". El padre de la menor presentó videos donde los cuatro presuntos atacantes piden perdón a la joven y audios donde los padres de los implicados también hablan del caso.
El funcionario explicó -a manera de ejemplo- que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia en el caso de Florence Cassez, acusada de secuestro, en la cual determinó que eran "ilegales" los videos o audios obtenidos fuera de la investigación y los magistrados determinaron liberarla, a pesar de que había pruebas que la incriminaban.
Debido a que se integraron a la investigación ministerial videos obtenidos fuera de la propia causa penal, los magistrados determinaron liberar a la francesa, a pesar que había pruebas que la incriminaban en los plagios.
"Salió de prisión por determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las pruebas consistentes en videos filmadas al margen de una investigación son ilícitas", recordó.
Destacó que en el caso de Daphne, actores políticos, sociales e incluso los involucrados lo acusan de una demora en la investigación y cuestionan por qué si existen confesiones grabadas en video no se ha procedido legalmente.
"Dicen que está todo prácticamente 'facilito' para que estas personas estén encarceladas, pero la muy dolorosa versión que da el padre es totalmente opuesta a lo que declaran los jóvenes", reveló.
"La presión mediática nunca debe estar para el fiscal por encima de la presión constitucional que es la que me obliga (a no utilizarlos) y lo que hacemos es velar porque la culminación a la que lleguen sea sólida", enfatizó.
