La procuradora General de la República, Arely Gómez, se interesó por el caso ante su homóloga española. (ARCHIVO)
Luego de la detención del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira en Madrid, el pasado 15 de enero de 2016, el gobierno mexicano volcó a su embajada en España con una “misión”: salvar al exlíder priista.
Según una investigación del diario El País, el político coahuilense no estuvo solo durante los ocho días que permaneció en prisión, pues el gobierno de Enrique Peña Nieto inmediatamente intentó conocer hasta el más mínimo detalle de su captura, además de atender a su familia durante ese tiempo y por supuesto, sacarlo de la cárcel.
Funcionarios de la embajada de México en Madrid recibieron órdenes de que se volcaran con el caso el mismo día que se dio a conocer que fue detenido en el aeropuerto de Madrid por una investigación de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, organización criminal y cohecho.
Asimsmo, se pidió la búsqueda de prestigiosos abogados españoles para que se hicieran cargo de su defensa, además de la atención a su esposa, Vanessa Guerrero y de sus hijas, que durante ese lapso se hospedaron en el hotel Vincci Soho, ubicado a escasos 100 metros de la legación diplomática en pleno corazón de Madrid. Cabe señalar que ese establecimiento mantiene un convenio con la embajada y allí alojan a las autoridades mexicanas que visitan el país.
La misma tarde y noche de la detención, los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzaron a sonar, ya que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la embajada les preguntaban por qué se había detenido al exmandatario coahuilense y qué indicios o cargos había en su contra, sin embargo, el mutismo de los agentes españoles fue total. “Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”, afirmó una fuente a El País.
Pese a la estrecha relación entre la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, en la embajada creyeron que los agentes españoles les revelarían los motivos de la “caída” de Moreira, pero no lograron su objetivo. El silencio de las autoridades causó malestar en la legación diplomática ya que en esta ocasión las autoridades españolas tampoco les habían avisado de la detención como hacen habitualmente.
El interés por la situación del hermano del actual gobernador de Coahuila no terminó ahí, pues el lunes 18 de ese mes, el cónsul de México en Madrid se trasladó hasta la prisión de Soto del Real para visitar al reo, algo que hace con frecuencia con presos nacionales, pero fuentes penitenciarias aseguran que éstas no se producen “con tanta celeridad”.
Al mismo tiempo, un funcionario del consulado llamado Víctor llamó en varias ocasiones al despacho del abogado Manuel Ollé, el letrado español que asistió al expresidente nacional del PRI, para interesarse por el caso y conocer aspectos de la instrucción.
Más tarde, un chofer a los mandos de la Vannette Mercedes plateada de la embajada, se trasladó a la terminal aérea madrileña para recoger a Ulricht Richter, quien se hizo cargo del caso. “Toda la embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos”, asegura una fuente.
El Gobierno federal buscaba saber qué indicios criminales había contra el exgobernador y funcionarios de la Sección Consular redactaron un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores en el que amparándose en el artículo 36 de la Convención de Viena, preguntaron al juez Santiago Pedraz, aspectos relevantes de la investigación, demandando información oficial sobre los delitos por los cuales se le investigaba a Moreira; el tiempo que duraría el secreto de sumario; el resultado de la audiencia celebrada el día 22; si fue decretada la prisión preventiva o la libertad bajo fianza y el tiempo que puede durar la instrucción del caso.
La respuesta del juez fue estrictamente protocolaria, sin facilitar ningún dato de la causa declarada secreta.
La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el día antes de quedar en libertad, cuando la procuradora General de la República, Arely Gómez González, llamó por teléfono a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado para interesarse por el caso y conocer la posición de las autoridades.
“Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, indicó un portavoz de la Fiscalía.
Moreira salió de prisión el 22 de enero y el 3 de febrero, tras recibir su pasaporte, abandonó el país con su esposa y regresó a México. “Se ha marchado sin su teléfono y su iPad que todavía estaban en poder de la Policía. Parece que tenía mucha prisa”, comentó una fuente al diario.
DICEN QUE SÓLO QUISIERON PROTEGER SU ATENCIÓN CONSULAR
El País cuestionó a la embajada al respecto y sólo se limitaron a remitir un comunicado de prensa que se hizo público después de su detención, en el que destaca que “la representación mexicana en España velará porque el caso del señor Moreira Valdés se apegue al debido proceso y con respeto a los derechos humanos, al tiempo le brindará asistencia consular en caso de que le sea solicitada, como ocurre en el caso de cualquier ciudadano mexicano sujeto a requerimientos judiciales en el exterior”.
Añadió que la Sección Consular de la Embajada actúa con apego a lo que establece la Convención de Viena sobre relaciones consulares, en su artículo 36, párrafo C que indica que “los funcionarios consulares tienen el derecho de asistir y visitar a sus connacionales que se hallen arrestados o en prisión preventiva, a conversar con ellos e incluso a coadyuvar en su defensa ante los tribunales a fin de garantizar el debido proceso”.
