Nada improbable es que el gobierno y su partido vayan al rastro político a buscar carne de reo... a menos que, de nuevo, la soberbia les gane y rechacen hacer el mandado.
Entienden no sin dificultad que, dentro y fuera del país, la percepción de la corrupción ya no es la del lubricante que aceita el engranaje de una vieja maquinaria, sino la del ácido que corroe el desarrollo y, a la vez, vulnera los aparatos de seguridad y justicia. Sin embargo y a pesar de la promesa de romper los paradigmas, el priismo resiste atacarla a fondo porque, eso sí, no acaban de entender cómo gobernar si no es a partir de tomar y dar dinero.
Es comprensible, el modus operandi se transformó en el modus vivendi y temen que se les vaya la vida (política) si cambian la operación.
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Ir al rastro político y escoger carne de reo no les resulta sencillo.
No tienen claro si bastará llevar a uno que otro de los suyos al matadero para abatir el malestar social y después seguir haciendo lo de siempre o, si ese sacrificio, será sólo el primer eslabón de una cadena que, a la postre, podría arrastrarlos también a ellos. No alcanzan a calibrar qué tanta es el hambre anticorrupción. Por eso estiran la liga, implorando que no vaya a reventarse.
Combatir la corrupción en serio exige romper un paradigma y un pacto no escrito, pero sí establecido en el conjunto de la clase política -incluida, desde luego, la oposición-. Demanda romper el entendimiento entre esa élite, así como con los grupos económicos que, sexenalmente, se ven beneficiados por ese modo de establecer acuerdos.
Uno de los efectos colaterales de la alternancia es que, la incertidumbre de saber quién permanecerá en el poder, ha despertado una voracidad superior a la acostumbrada. Y atacar la corrupción es romper con el pacto de cuidarse la espalda, sin importar el signo del partido político que ocupe Los Pinos. Supone también renunciar a hornear camadas sexenales de políticos millonarios y a fortalecer grupos económicos que, en un corto período, devienen en portentosos emporios.
Entrarle en serio a ese problema implica cambiar una estructura de entendimiento.
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En la coyuntura, además, al gobierno y su partido los aterran varias cuestiones.
Rechazar crear un marco jurídico fuerte contra la corrupción los coloca frente a un apuro marcado por la incongruencia: desconectar el voto electoral recién emitido de la consecuente acción política. Entender el mensaje de las urnas, pero tergiversarlo a la hora de leerlo. Y tal incongruencia, desde luego, los afecta.
Por si ello no bastara, si el grupo en el poder no actúa por sí y rápido, incurrirá en un absurdo: entregará a la oposición panista, envuelta en papel encerado, la carne de reo. La promesa de más de un candidato triunfante de Acción Nacional de meter a la cárcel al gobernante que habrán de suceder, aparte de significarle un apuro al veracruzano Javier Duarte, al chihuahuense César Duarte, al quintanarroense Roberto Borge y al tamaulipeco Egidio Torre, coloca al gobierno federal y su partido ante un problema: nomás falta que el panismo se encargue de meter a la cárcel a los priistas y ellos se queden de brazos cruzados. Un regalo sin par porque, curiosamente, dentro del panismo hay grupos que, en público, repudian la postura priista pero, en privado, trabajan a favor de ella, o sea, en contra de la #3de3.
Aunado a lo anterior, el factor externo. Es evidente que el gobierno estadounidense está vinculando la corrupción con la seguridad nacional. No escapa a su percepción que la corrupción alcanza a las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del vecindario y que, en esa medida, su seguridad nacional se ve vulnerada en tiempos en que el terrorismo utiliza los más variados recursos para infiltrarse. Ya no ven la corrupción como un vicio menor de sus aliados, sino como un peligro mayor a su seguridad. Si ese factor combinado con las manifestaciones de repudio a la corrupción en otros países sostiene su ritmo, el malestar nacional en México se intensificará y podría emprender acciones mucho más radicales que la sola reforma de leyes.
Por último, pero -como se dice- no menos importante. Si el gobierno y su partido no reaccionan cuanto antes y atienden el reclamo ciudadano, difícilmente podrán reposicionarse de cara a la elección de 2018 y, entonces, las posibilidades de su candidato a la Presidencia de la República podrían reducirse a las del testigo que presencia su propia derrota.
Sí entienden el gobierno y su partido el cuadro frente al cual se encuentran, pero no acaban de elaborar una estrategia que atienda el reclamo social sin que los ponga a ellos en riesgo.
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Clave en el curso de los acontecimientos serán los pasos que den, en el plano inmediato y mediato, las organizaciones civiles y empresariales interesadas en validar la iniciativa #3de3.
El proceder de esos grupos ha tenido gran resonancia, pero se inserta en el campo donde el priismo domina. Reformar leyes sin transformar realidades es especialidad tricolor. Creer que basta con plasmar en la ley y en sus términos la iniciativa #3de3, puede no arrojar el resultado esperado.
Si esas organizaciones han resuelto no tolerar más a los corruptos impunes, faltan pasos por dar.
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El gobierno y su partido están de nuevo frente a una disyuntiva. Y, a diferencia de ocasiones anteriores, no se quedaron pasmados: reaccionaron con virulencia en contra del reclamo. Le exigen a la ciudadanía lo que ellos no quieren dar. Ya se advierte, sin embargo, el tradicional titubeo que sella sus acciones: dudan si traer del rastro político carne de reo bastará para acallar el malestar. Ojalá hagan bien el mandado.
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