Quien, en víspera de las elecciones de junio, recomendó al presidente Enrique Peña Nieto consagrar en la Constitución el derecho al matrimonio igualitario, a fin de obtener un caudal de votos, de seguro, no sabe dónde meter la cabeza... si aún la tiene entre los hombros.
Lejos de atraer, la idea ahuyentó sufragios e influyó en el revés electoral sufrido por el gobierno y su partido. Pero el asunto no paró ahí, activó en contra de la iniciativa y la figura presidencial a los sectores más conservadores de la cúpula eclesial y, en breve, colocará al jefe del Ejecutivo ante un predicamento.
Cualquier decisión acarreará nuevos costos al mandatario.
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En cuestión de días, dará inicio el período de sesiones del Congreso de la Unión y, sin duda, la iniciativa presidencial resonará de nuevo. Impulsarla o frenarla será un problema... congelarla sin explicación, también.
En la circunstancia, marcada por la creciente desaprobación de la gestión presidencial, la serie de conflictos y problemas que arrastra la administración, y la urgencia de atender los pendientes legislativos, le abren otro frente al gobierno y acrecientan la polarización. Ante ese cuadro, el margen de maniobra del presidente Enrique Peña Nieto es reducido: titubear o errar o eludir la decisión resultaría delicado.
Hasta donde se vislumbra, las opciones del mandatario son fundamentalmente tres: dos encaran el problema; la restante, lo elude. Todas suponen costos.
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Uno. Confirmar el derecho y retirar la iniciativa. Esta opción reivindica el derecho al matrimonio igualitario, pero reconoce la circunstancia y apela a la comprensión de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) para retirar la iniciativa.
Tal decisión exige al jefe del Ejecutivo formular una reflexión profunda de cara a la nación y la asunción del costo ineludible. Con sobrada razón, la comunidad LGBTI se diría engañada, paseada, traicionada y hasta fotografiada en Los Pinos como parte de una estratagema electoral. Vista la solidaridad y el activismo presencial y virtual de esa comunidad, no podría descartarse que ésta emprendiera una campaña dentro y fuera del país contra el presidente de la República.
En la contraparte, el retiro de la iniciativa surtiría un doble efecto: apaciguar al sector conservador de la cúpula eclesial y los movimientos laicos cercanos a ella, así como evitar la polarización en el Legislativo.
Este segundo efecto es importante. Si se confronta y polariza el órgano legislativo, las posibilidades del Ejecutivo para sacar adelante otras iniciativas se complicarían. Y, entre esos otros proyectos legislativos, se encuentran los relacionados con el mando policial mixto, uso terapéutico de la marihuana y el presupuesto de ingresos y egresos que, sin duda, no será un caramelo. Ello sin mencionar los nombramientos del nuevo secretario de la Función Pública, el fiscal anticorrupción y la integración del Comité Ciudadano vinculado al Sistema Nacional Anticorrupción, sancionados por los legisladores.
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Dos. Defender el derecho e impulsar la iniciativa. Esta opción sostiene con firmeza las cuatro acciones comprometidas por el Presidente de la República, el pasado 17 de mayo, ante la comunidad LGBTI. Incluida, desde luego, la consagración del matrimonio igualitario en la Constitución.
Tal postura exige dos precondiciones. Otorgar carácter prioritario a esa reforma y calcular con precisión que la administración cuenta con fuerza, inteligencia y operación política suficiente para sortear y superar la resistencia de la cúpula eclesial que, por lo pronto, ha dado muestras -incluso insultantes- de su manifiesto repudio a la iniciativa presidencial. Ahí está el obispo Jonás Guerrero de Culiacán, preguntando en relación con el mandatario: "¿No será que anda buscando 'gavioto', en vez de 'gaviota'?". O la finísima reflexión en el semanario Desde la fe estableciendo que "el ano del hombre no está diseñado para recibir, sólo para expeler".
Ese cálculo tendría, además, que considerar una cuestión. Crear un dique en torno la postura eclesial para evitar su derrame sobre el enojo de otros sectores sociales, manifiestamente el empresariado, por la gestión gubernamental frente a la corrupción o el magisterio disidente.
La combinación o conjugación de esos malestares resultaría peligrosa para la administración, aunque hablaría de la firmeza presidencial en los compromisos contraídos.
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Tres. Reivindicar el derecho, reconocer la complejidad del tema y armar foros en torno a la iniciativa, o bien, sencillamente congelarla. Esta opción echa mano del socorrido recurso de, a toro pasado, someter a consulta la iniciativa ya comprometida y, por esa vía, confinar su procesamiento a las calendas griegas, encargando al tiempo y el olvido su destino. O, en todo caso, hacer valer el dicho de Vicente Fox: el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, endosando el problema y el costo a los legisladores.
La variable es instruir a la fracción parlamentaria tricolor aplicarse en dormir la iniciativa en las comisiones legislativas hasta su congelamiento.
La confianza y la credibilidad del mandatario ante la comunidad LGBTI rodaría por los suelos y, de seguro, ésta no permanecería de brazos cruzados. Malo, pero aún peor que, al eludir el compromiso contraído, el mandatario dejara a la vista del país su debilidad y fragilidad.
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Viene el período de sesiones del Congreso de la Unión, el mandatario se verá impelido a tomar una decisión y revelar si -como dijo, aquel 17 de mayo- el derecho a ser felices en la diversidad fue la expresión de un principio o una errada estratagema electoral.
Con apoyo de Melissa Muñoz.
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