Proceso. La Secretaría de la Función Pública inició cuatro procedimientos administrativos contra firmas filiales de Odebrecht.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició cuatro procedimientos administrativos sancionatorios contra dos empresas filiales de la compañía brasileña Odebrecht y dos de sus representantes legales.
Dichos procedimientos, informó la dependencia, son resultado de las auditorías que en diciembre pasado practicó a los contratos que Odebrecht ha firmado en el país, tras darse a conocer en Estados Unidos que la compañía pagó sobornos para obtener contratos en diferentes países, incluido México.
"Como consecuencia de ello, se identificaron probables irregularidades administrativas de acuerdo a lo que establece la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por lo que ayer miércoles se notificó a Odebrecht y sus representantes, quienes en términos de ley tendrán derecho al desahogo de pruebas", indicó en un comunicado.
El contrato en el que se detectaron las irregularidades, señaló la SFP, es uno firmado con Pemex Transformación Industrial para realizar trabajos en la Refinería "Miguel Hidalgo", en Tula.
De acuerdo con Pemex, que en abril pasado dio a conocer los contratos firmados con Odebrecht, en dicha refinería la empresa brasileña está realizando trabajos derivados de dos contratos: uno de acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales, y otro de construcción de accesos y obras externas para el mismo proyecto.
El primero de los contratos es por mil 436.3 millones de pesos, en tanto que el segundo es por mil 811.6 millones de pesos. El pasado 31 de mayo, al discutirse en el INAI un recurso de revisión en el que finalmente se le ordenó a Pemex entregar el contrato del acondicionamiento del sitio más sus anexos y convenios modificatorios, el comisionado Joel Salas indicó que éste tuvo un incremento de más de 60 por ciento.
"El contrato original involucró mil 436 millones de pesos. La primera modificación implicó un incremento por 358 millones 230 mil 313 pesos, es decir, el 26 por ciento del valor inicial del contrato. Y la segunda, uno de 521 millones 53 mil 281 pesos, es decir, un aumento del 38.64 por ciento con respecto al contrato original", detalló en aquella la sesión. En febrero pasado, al dar a conocer la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó los resultados de la la auditoría que le practicó a ese mismo contrato, en el cual formuló dos observaciones.
