Las deficiencias en las investigaciones que a lo largo de tres años ha realizado la Procuraduría General de la República (PGR) han mantenido en la impunidad la masacre de Tlatlaya, acusaron integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Gabriela Carreón y Araceli Olivo, abogadas de la sobreviviente Clara Gómez, señalaron que la PGR no ha indagado las declaraciones que rindió Sandro Díaz Rodríguez, el comandante que firmó la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, quien aseguró que había más documentos similares.
Según las defensoras, en octubre pasado Díaz Rodríguez le dijo al Ministerio Público federal que esa orden era un "machote" que él únicamente había firmado, e incluso aseguró que por esa misma razón fue exonerado en el fuero militar dentro de la causa 285/2015, en la cual ofreció como prueba tres órdenes similares más.
Pese a ello, señalaron, la PGR no ha requerido acceso a ese expediente militar, por lo que no se ha investigado la cadena de mando en torno a la mencionada orden.
La dependencia federal tampoco tiene completo el expediente militar 338/2014, en el que fueron juzgados los soldados que realizaron el operativo el 30 de junio de 2014.
Mediante un amparo, las abogadas pudieron tener acceso parcial a este último expediente, que contiene las fotografías que los soldados tomaron de los cuerpos de los abatidos.
Al cotejarlas con las imágenes que tiene en su poder la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señalaron, se puede corroborar que 19 de los 22 cadáveres fueron manipulados.
"Tenemos conocimiento, por lo que está en el expediente, que la PGR solicitó ciertas documentales, ciertas declaraciones de los elementos militares y documentos muy particulares, en ningún momento pidió todo el expediente, tampoco pidió las fotografías", criticó Araceli Olivo.
Por esos hechos, el 15 de junio interpusieron una demanda de amparo contra el procurador Raúl Cervantes y la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, en la que les reclaman falta de debida diligencia.
Para las abogadas, esas fallas no son por negligencia, sino que simplemente hay una falta de actuación ante el ofrecimiento de pruebas claras por parte de la coadyuvancia.
"El actuar de la PGR, las omisiones, permiten que las personas salgan en libertad.
"Justo por no realizar una investigación debida y adecuada es que elementos militares están en libertad a pesar de que nosotros estamos en capacidad de ofrecer pruebas con las que se puede hacer una investigación adecuada", aseguró Gabriela Carreón.
Recordaron que ocho militares fueron juzgados: cinco por ejercicio indebido de funciones, alteración de los vestigios del hecho delictivo y abuso de autoridad, y tres por homicidio.
Y aunque todos se encuentran en libertad, apuntaron, la PGR tiene la oportunidad de reforzar sus acusaciones y consignar nuevamente a los elementos.
