Confrotados. Soldados de la Guardia Nacional impiden el paso de un grupo de diputados que protestan en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.
"Nicolás Maduro dio un golpe de estado con todas sus letras. Es dictadura, que se prendan las alarmas en todo el mundo".
Así lo aseguró Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional (AN). Acto seguido, rompió y arrojó al suelo una copia de la sentencia número 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la cual el oficialismo despojó de sus competencias al órgano que el político preside.
Este documento ordena que la Sala Constitucional del TSJ asuma el rol de la AN o Parlamento para garantizar el "Estado de derecho", después de que el máximo tribunal acusara de desacato al órgano legislativo por, entre otras acciones, incorporar a tres de los cuatro diputados del Estado de Amazonas (sur de Venezuela) cuya investidura había sido impugnada por el chavismo.
A las puertas del Palacio Legislativo de Caracas, Borges acusó al presidente bolivariano de provocar la sentencia el "Fujimorazo del siglo 21", recordando el autogolpe de quien fuera mandatario de Perú, Alberto Fujimori, o incluso "Madurazo", en su versión más criolla.
Venezuela vive así horas críticas, ya que la revolución bolivariana consiguió consumar la toma del Parlamento tras casi 15 meses de asedio constante. Y es que la decisión del TSJ de facto proclama la disolución de la AN usurpando sus funciones y competencias.
Borges mostró su repudio contra un veredicto que llega cuando ni siquiera han transcurrido 48 horas de uno anterior que entregaba superpoderes a Nicolás Maduro.
El Parlamento, elegido en diciembre de 2015 por 14 millones de venezolanos, desde ayer está dirigido por siete magistrados chavistas nombrados a dedo, entre los que se encuentra el jefe de la Sala Constitucional, un exdiputado oficialista, y el presidente, un viejo camarada de Nicolás Maduro, condenado en su día por dos homicidios.
Borges proclamó la rebeldía de la Asamblea, el desconocimiento de la sentencia, llamó a la protesta del pueblo en la calle y también reclamó a las Fuerzas Armadas para que "no sigan calladas frente a la ruptura del orden constitucional".
El opositor encarcelado Leopoldo López (a través de su cuenta de Twitter, manejada por su familia) y el gobernador Henrique Capriles, desde Bogotá, coincidieron en calificar como golpe de estado lo ocurrido en el país.
"Vivimos momentos definitorios para Venezuela y toda América: debemos elegir si estamos a favor de la democracia o de la dictadura", escribió López.
Perú, Argentina, México, Colombia y Brasil se unieron de inmediato a la denuncia internacional, a la que se sumaron Luis Almagro, secretario general de la OEA, y el Parlamento Europeo.
Almagro, quien mantiene un pulso político con la revolución, calificó de autogolpe lo ocurrido en Caracas y reclamó la convocatoria urgente del Consejo Permanente de la OEA.
Perú retira a su embajador
El Gobierno de Perú anunció el retiro definitivo de su embajador en Venezuela, tras la decisión del Tribunal Supremo venezolano de asumir las competencias del Legislativo de ese país. "Frente a la gravedad de estos hechos, el Gobierno de Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su embajador en la República Bolivariana de Venezuela", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano en un comunicado.
La nota oficial agregó, por su parte, que la decisión del Tribunal Supremo venezolano es una "arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela".
En tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a Perú de intervenir en asuntos venezolanos al retirar a su embajador en Caracas. "Venezuela rechaza categóricamente el comunicado injerencista del gobierno de Perú sobre asuntos de la jurisdicción interna venezolana", escribió en Twitter.
Repudio unánime
Los Gobiernos de América expresaron su preocupación por la "ruptura del orden democrático" en Venezuela, tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir las funciones del Parlamento lo que algunos han calificado de "golpe de Estado". El secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó la decisión del Supremo de "autogolpe de Estado" y recordó que es "urgente" la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática".
EU pidió "al gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos".
Brasil repudió la sentencia que suspende "arbitrariamente" la inmunidad de los parlamentarios venezolanos, mientras que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, llamó a "recomponer el orden democrático".
El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró que a su país le preocupa "de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano" y subrayó que deben ser los venezolanos, los que resuelvan el conflicto. (EFE)
