Adeudos. Las escuelas públicas dejaron de pagar al Sideapa durante los últimos 12 años. (ARCHIVO)
El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), busca recuperar unos 120 millones de pesos que según el director, Adelmo Ruvalcaba, deben las escuelas públicas por el consumo de agua que dejaron de pagar durante los últimos 12 años.
El titular del organismo operador señaló que ya estableció contacto con las autoridades de la Subsecretaría de Educación en la región Lagunera de Durango, con el fin de obtener su colaboración y se pongan al corriente.
Ruvalcaba señaló que un número no establecido de instituciones educativas de distintos niveles y de carácter público, ha sido omiso en el pago del agua que consumen y de los servicios de drenaje y alcantarillado, por una razón que se desconoce, dado que hasta entonces, sí se les cobraba lo que correspondía.
A diferencia de lo que ocurre en Gómez Palacio, en la ciudad de Durango la Secretaría de Educación ya estableció el compromiso de cubrir estos servicios al organismo operador de aguas, por lo cual es justo demandar el mismo trato en este municipio, dado que como dependencia estatal debe contar con un presupuesto para cubrir tales gastos.
Adelmo Ruvalcaba señaló que se cuenta con una relación de todas las escuelas y de los respectivos consumos de agua, ya que disponen de medidores instalados.
Señaló que recuperar este rezago, sería de gran ayuda para que el organismo operador pueda solventar gastos y adeudos, entre los cuales figura el que aún se tiene con la Comisión Nacional del Agua, por el orden de los 29 millones de pesos y que corresponde a los derechos de extracción y descarga.
Saldar las deudas existentes con Conagua, con sólo una parte de lo que se le adeuda al Sideapa por el suministro de agua y servicios de drenaje a las escuelas públicas de Gómez Palacio, supondría la posibilidad de dejar de tener "trato de menores de edad", por parte de la Federación.
Con ello, se tendría la opción de recibir directamente los recursos de programas como el de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para las Zonas Urbanas (APAZU).
Actualmente estos recursos son administrados a través del Gobierno estatal, lo que supone retrasos, asignación de menores partidas y la imposibilidad de adjudicar directamente las obras a ejecutar.
