Dificultad. La presencia de gente armada en zonas pone en riesgo la integridad del personal que atiende los recursos naturales.
Brigadistas contra incendios forestales e inspectores de la Profepa han visto impedido su trabajo a causa de la presencia del crimen organizado en la región serrana de Durango.
Así lo mencionó Daniel Trujano Thomé, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), quien recordó que en el municipio de San Dimas, personas armadas impidieron el paso a brigadistas que acudían a apagar el fuego a una zona boscosa.
En esa ocasión el grupo armado pidió que no siguieran su camino a quienes acudían a apagar el fuego, por lo que tuvieron que retroceder.
La presencia de gente armada en las zonas de difícil acceso, como el "triángulo dorado" si pone en riesgo la integridad del personal vinculada a la atención de los recursos naturales.
Consideró que quienes tienen un mayor riesgo son los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes acuden a desarrollar sus labores sin portar ningún tipo de arma.
Comentó que la propia Delegada de la Profepa en Durango le ha informado que cuando los inspectores acuden a supervisar o a atender alguna denuncia en las áreas de más difícil acceso, les salen al paso grupos armados que les impiden realizar su labor, la cual es totalmente administrativa.
Esto no ocurre con el personal de la Conafor, ya que por lo general cuando se dirigen a la zona serrana, lo hacen para la entrega de apoyo, sin embargo, los brigadistas encargados de combatir los incendios forestales, si han tenido contratiempos con el antes referido.
Es de recordar que recientemente, Guillermo Haro Bélchez, titular de la Profepa en el país, en su visita a Durango, reconoció que en Durango hay zonas en donde no se puede hacer nada contra la tala clandestina, debido a la presencia del crimen organizado.
Por su parte Trujano Thomé indicó que aunque no se tiene cuantificado el impacto de la tala clandestina en Durango, a nivel nacional se tiene que se ha reducido de 600 mil hectáreas a 90 mil hectáreas en un lapso de 10 años, lo que deja ver que el problema va a la baja.
