'Ahoga' a Europa el turismo

Los habitantes de Barcelona avisan desde hace años que se ahogan por el turismo, hasta el punto de situar en todas las encuestas el exceso de visitantes como su mayor preocupación. Ese cansancio ha explotado, y durante este verano se han identificado varios ataques contra instalaciones turísticas.

Los autores son un pequeño grupo de extrema izquierda independentista llamado Arran. La semana pasada inutilizaron un autobús y bicicletas de uso turístico. En Mallorca irrumpieron en un restaurante con bengalas y lanzando confetis contra los comensales. Esto se suma a las innumerables pintas que en toda la costa mediterránea manchan los muros con mensajes como "Tourists go home" ("turistas, márchense a casa").

Antes de llegar a este punto de tensión, los vecinos de ciudades como Ibiza han pasado años manifestándose contra la sobrexplotación turística, responsable de que los alquileres sean tan caros que no puedan pagarlos ni los médicos ni los profesores, que prefieren no trabajar allí. La propia alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, llegó al poder en 2015 con un programa para limitar el turismo.

Ha congelado las licencias para construir hoteles e intenta restringir los pisos turísticos, igual que Madrid y Valencia. "No queremos que la ciudad se convierta en una tienda de souvenirs", ha declarado Colau, al tiempo que condenaba los ataques contra infraestructuras turísticas.

El asunto ha derivado a una guerra ideológica entre la izquierda y la derecha, con el presidente Mariano Rajoy pidiendo "cuidar y mimar a los turistas", motor económico del país. El turismo aporta 11% del PIB y emplea a 2 millones de personas. Este año se esperan 80 millones de visitas (20 millones más que en 2007), resultado de la recuperación de los países emisores de turistas (Reino Unido y Alemania) y la crisis de otros receptores (no sólo Medio Oriente con las primaveras árabes: el terrorismo ha hecho perder a París 8.2% de alojamientos hoteleros).

 EL DRAMA EN OTRAS CIUDADES

Más países de Europa viven el turismo como una bendición económica y un drama para sus habitantes. Es el caso de Italia, donde emplea a 11% de la población, pero amenaza con destruir las propias ciudades que atraen a los visitantes.

Su ministro de Cultura, Dario Franceschini, ha propuesto limitar el número de turistas para "proteger" los monumentos, especialmente de Roma y Venecia.

Con 50 mil habitantes, Venecia recibe al año 30 millones de visitas. La Unesco estudia incluir la ciudad en la lista del patrimonio mundial en peligro, y las autoridades han comenzado a restringir el acceso al centro cuando llegan cruceros por los canales. Incluso han abierto una especie de "corredor humanitario" para que los venecianos puedan moverse en momentos de máxima afluencia.

 EN OTRAS CIUDADES

Otras ciudades intentan limitar los excesos con prohibiciones. Las multas por sentarse, mojar los pies o tirar objetos a las fuentes de Roma son de 240 euros. Milán prohíbe el acceso a algunas zonas con botellas de plástico, latas y palos para tomar selfies. El alcalde de Florencia, Dario Nardella, ordenó esta primavera mojar las escaleras de las iglesias a la hora del almuerzo para que no se sienten en ellas los viajeros. "No son restaurantes, son lugares religiosos y culturales que se deben honrar", declaró a Il Post.

Ámsterdam, con 17 millones de turistas anuales también se confiesa desbordada y quiere cambiar el tipo de visitante, que llega atraído por la fama de su barrio rojo (el de las prostitutas y los coffeshops de marihuana). La capital holandesa no desea más gente de fiesta por el Centro de la ciudad que enturbie el descanso de los vecinos. Por eso ha endurecido las licencias de bares y coffeshops. "No queremos más gente en Ámsterdam", ha dicho el Ministerio de Turismo, que intenta que los visitantes se repartan por otros barrios y ciudades.

Resultados encuesta Barcelona

Una encuesta del Ayuntamiento barcelonés de julio pasado colocaba el turismo como el principal problema de la ciudad, por encima del desempleo, algo sin precedentes.

Los ataques a intereses turísticos apenas tendrán consecuencias económicas en el sector a corto plazo, según opinan algunos expertos, pero pueden ser una llamada de atención sobre si el modelo actual tiene futuro.

Los habitantes de siempre llegan a sentirse "extranjeros" en sus propias ciudades, cansados de las grandes aglomeraciones de viajeros, frecuentemente europeos, y de los alborotos que causan a cualquier hora en viviendas y en la calle.

En algunos casos, el desenfreno llega hasta la muerte, como ocurre con jóvenes drogados o bebidos que practican "balconing" en los hoteles (lanzarse a la piscina desde la terraza de la habitación), y también en fiestas callejeras nocturnas, que acaban en peleas en lugares como Magaluf (Baleares) y Salou (provincia catalana de Tarragona).

De esta manera, se ha ido acuñando un nuevo concepto turístico no oficial de "sol, playa y... borrachera".

Nuevas leyes por turismo en masas

El turismo, sobre todo el de sol y playa, es el principal sector económico de España, un "salvavidas" en tiempos de crisis, pero la masificación de visitantes que satura el centro de grandes ciudades y Clocalidades costeras ha abierto el debate sobre si este modelo es sostenible.

Las protestas contra el fenómeno se radicalizaron en los últimos días, cuando un grupo juvenil anticapitalista asaltó un autocar turístico en Barcelona, capital de la región de Cataluña (noreste), y difundió un video con pancartas, bengalas y lanzamiento de confeti contra los clientes de un restaurante en Palma, capital del archipiélago mediterráneo de Baleares.

Vecinos, organizaciones sociales y algunos partidos ya venían quejándose pacíficamente de la presión turística creciente en determinadas regiones y ciudades, como San Sebastián, en el norte de España.

Se sienten alarmados por la degradación de barrios y centros históricos y la proliferación por doquier de negocios que quieren sacar provecho rápidamente, como los apartamentos turísticos ilegales.

Para frenarlos, una ley de Baleares impone desde ayer multas de entre 20.000 y 40.000 euros a los propietarios de pisos que los alquilen a turistas.

En el caso de las inmobiliarias, intermediarios turísticos o plataformas digitales que los publiciten, como AirBNB o HomeAway, pueden llegar a 400.000 euros.

Consciente de la importancia del turismo para España, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió ayer del riesgo de maltratar a los visitantes que llegan al país.

"Me parece que lo que no se puede hacer es tratar a patadas al turista, que deja muchísimos ingresos y que permite que muchos españoles puedan trabajar", dijo.